¿Cuáles son las opciones abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a la creciente ola de criminalidad que azota la región? No descartamos al hacer esta pregunta la creciente penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Quiénes son los actores sociales que pueden enfrentar este flagelo con valor y decisión? Los gobernantes no pueden esconderse detrás […]
¿Cuáles son las opciones abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a la creciente ola de criminalidad que azota la región? No descartamos al hacer esta pregunta la creciente penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Quiénes son los actores sociales que pueden enfrentar este flagelo con valor y decisión? Los gobernantes no pueden esconderse detrás de cifras manipuladas o echarle la culpa a grupos sociales inventados por las agencias internacionales.
El incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el resultado de un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la región latinoamericana. La desindustrializacion ha tenido un impacto que va mucho más allá de los números y de las cifras económicas. La masa de trabajadores disciplinada tiende a desaparecer y ser reemplazada por el trabajador informal o precario. El trabajador informal es el ideal en la concepción equivocada del empresario que busca un «colaborador» para cumplir con tareas en el marco del concepto de «just in time» o justo a tiempo.
Este trabajador no tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le permita organizarse como trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia.
No sólo se debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también se desintegra la familia y todos los valores asociados a esa institución. La desintegración de la familia hace estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria de jefes de familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus valores primarios en ese marco.
Las instituciones comunitarias tienden a desparecer. Las escuelas son abandonadas por las familias desintegradas y los maestros que quedan tienden a frustrarse al no encontrar una referencia de apoyo en la comunidad. La escuela es invadida por elementos extracomunitarios asociados a la delincuencia, incluso al crimen organizado. Los jóvenes son reclutados por estas organizaciones con amplias redes. La corrupción, la «protección» y la trata de personas constituyen los primeros escalones. Después son introducidos a las tareas de distribución de drogas ilícitas y al control territorial de los mercados.
La desintegración de los centros de trabajo y de las organizaciones laborales son los primeros pasos en el camino hacia la formación de delincuentes. No hay que olvidar que a mediados del siglo XX (en el caso de Panamá), la desintegración de la comunidad campesina y la desaparición de ese tipo de organización familiar, fue reconstruida – tras un trauma – por la familia obrera en las formaciones urbanas.
En la actualidad, sin embargo, la familia obrera no está siendo reemplazada. Es lo que algunos ideólogos llaman la sociedad post industrial o pos moderna, sin valores y destinada a reproducirse sin referentes o valores.
La debacle o recesión económica del sistema capitalista a escala mundial ha creado un vacío que urge llenar con nuevas propuestas de organización social que le permitan a los pueblos del mundo reconstruir sus sociedades libres del crimen. El «boom» económico panameño – pasajero – debe servir para enfrentar la recesión que se avecina. Sin embargo, los gobiernos se resisten a planificar para el futuro.
Además, en muchos foros se insiste en levantar falsas expectativas en torno al problema del crimen organizado, planteando que no son problemas o que se deben a estructuras dañadas que pueden ser reparadas. En otras palabras, son problemas que pueden resolverse mediante ajustes parciales en las políticas sociales. Estos son los famosos programas focalizados que distribuyen prebendas en el marco de políticas clientelistas destinados al fracaso.
No se percatan que el crimen organizado es el resultado de políticas que se aplican en forma coherente al más alto nivel. Constituyen un conjunto de leyes que hacen inviables las actividades económicas productivas: industria y agricultura. Que impide que los niños y adolescentes puedan completar su educación. Son políticas que destruyen sistemáticamente a las comunidades del país. ¿Por qué la legislación privilegia y promueve los negocios relacionados con los juegos del azar, la trata de blancas y el blanqueo de dinero? ¿Por qué se legisla para legalizar y supuestamente justificar la expropiación de las tierras de campesinos, indígenas y pescadores?
¿Qué justifica que se crean batallones militares especiales para reprimir a las comunidades que defienden sus tierras y que son acusadas de ser aliadas de fuerzas políticas insurrectas?
La seguridad nacional responde a una ecuación sencilla que no puede ser manipulada. En la base de la sociedad tiene que existir una población constituida por trabajadores – hombres y mujeres – productivos en cuya instancia familiar se forma la generación de relevo, que garantiza la estabilidad de la sociedad a largo plazo. Las políticas al más alto nivel tienen que resguardar esa constitución básica mediante planes y una legislación consecuente.
En la actualidad, sólo existen planes para que ciertos sectores de la sociedad puedan invertir capitales (de dudoso origen) en negocios rentables. No existen planes para invertir los enormes ingresos del gobierno en actividades productivas, como la industria y el agro. Esta contradicción que se presenta en todos los países de la región explica la profundización cada vez más peligrosa de la criminalización de las relaciones sociales a todos los niveles de la sociedad.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blog
Fuente: www.alainet.org/active/55088