“El país se encuentra en una posición sólida para enfrentar la actual coyuntura global, gracias a su inversión pública y a una disciplina fiscal responsable” (Rodrigo Valdez, director del Hemisferio Occidental del FMI)
En la oposición política hay confusión acerca del apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Xiomara Castro, siendo un gobierno declarado de izquierda y abanderado del socialismo democrático. Este organismo, ha apoyada a lo largo de la historia latinoamericana, la vigencia de gobiernos que se han declarado en contra de las políticas económicas que promueven y recomiendan, suscribiendo acuerdos que, en la práctica, avalan dichas políticas en forma conjunta.
Si los gobiernos aceptan las recetas de control de la inflación reduciendo el déficit fiscal y los agregados monetarios, control del gasto público y privatización de empresas, liberalización financiera, cambiaria y comercial, como una condición necesaria para aumentar el PIB, el FMI no tiene por qué rechazar la solicitud de recursos presentada. Es más, acompañan a los gobiernos en la estructuración de los programas de préstamo y hacen consultas directas a miembros del sector privado y sociedad civil.
Los problemas con el FMI se presentan cuando los países no pueden honrar el servicio de la deuda, aumentan en forma desmedida el gasto corriente y el endeudamiento, se presentan rezagos en el ajuste de la tasa de política monetaria y tasa de cambio, hay más endeudamiento sin control y son evidentes casos de corrupción y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Aunque al FMI no le toca juzgar los actos de corrupción de los gobiernos, las quejas son que han apoyado gobiernos corruptos si tienen resultados satisfactorios en el cumplimiento de las metas y medidas en materia económica, como ejemplo control de la inflación, tasa de crecimiento del PIB positiva, devaluación cambiaria y pago oportuno del servicio de la deuda externa.
Contrario a los gobiernos de Manual Zelaya y Porfirio Lobo, al gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-enero 2021) se le puede caracterizar de buen alumno del FMI al cumplir con las metas de los convenios de préstamo y las medidas de política económica aceptadas. No obstante, la oposición política y prensa los tipifican como gobiernos coludidos con la corrupción y narcotráfico, existiendo poca referencia de funcionarios del FMI a estos males endémicos de la economía y sociedad hondureña.
En la segunda visita al país de la Misión Técnica del Organismo, entre el 7 y 18 de octubre de 2024, destacó la alusión a la capacidad de la economía hondureña frente a los cambios de políticas económicas de países y los choques externos de materias primas, comercio externo y cambio climático. Las recomendaciones estuvieron puestas en la consolidación de la disciplina fiscal, reforzamiento del gasto social para protección de los grupos más vulnerables, ajuste en la tasa de encaje legal, tasa de política monetaria y tipo de cambio, lo que, entre otras cosas, ayuda a disminuir las presiones inflacionarias, evita rezagos cambiarios y pérdida de competitividad y presión sobre uso de las reservas monetarias para otros fines.
Pero, también se agregaron dos (2) cuellos de botella de arrastre no solucionados en el Gobierno (s) del JOH, y donde el FMI tiene parte de culpa al proponer sin más la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y no ejercer mayor presión sobre el uso de los recursos, en su mayoría consumidos por la corrupción. No obstante el esfuerzo de las autoridades de la ENEE por reducir las pérdidas después de su recate nacional, los técnicos del FMI destacaron el acuerdo por “reducir los atrasos de pago de la ENEE mediante emisiones de bonos domésticos y mejorar la coordinación entre los entes gubernamentales relevantes para abordar los desafíos de la ENEE. Estas medidas también son esenciales para atraer la inversión necesaria para ampliar la capacidad de generación y garantizar un suministro adecuado de energía. Paralelamente, se comprometieron a continuar otras reformas estructurales, como la integración de las tres unidades de distribución de la ENEE y la actualización de su contabilidad financiera a las normas internacionales.”[1]
En el caso de la lucha contra la corrupción, el FMI valoró positivamente las acciones del Gobierno para darle pleno funcionamiento al Observatorio Nacional de Transparencia y Anticorrupción, una posible aprobación de Ley de Beneficios Fiscales y registro de empresas, adoptado plenamente la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH),con un involucramiento efectivo de organizaciones de sociedad civil sin descalificación previa.
En la tercera visita al país para la revisión de los acuerdos en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y el Servicio Ampliado del FMI, entre el 31 de marzo y 11 de abril de 2025, se destacó de nuevo la resiliencia de la economía frente a los “shock” externos y cumplimiento de objetivos/ metas programadas en los convenidos, como el crecimiento del PIB, la tasa de inflación en un rango aceptable y aumento de las reservas internacionales que era una de las principales preocupaciones en años anteriores ( uso de reservas para enfrentar presiones por aumento de demanda de divisas). Este aumento de reservas se debió a mayor endeudamiento (bono soberano y crédito de la banca internacional), sumado al aumento-temporal-de los precios del café y remesas familiares, unos 9,743 millones de dólares en 2024.
Las preocupaciones y los énfasis de las medidas de políticas y demás acciones deberán estar puestas en la prudencia en el uso de fondos públicos en un año de elecciones, procurando no afectar el gasto de inversión y social, sumado al mejoramiento de los criterios y acciones de focalización de subsidios para favorecer mayormente grupos vulnerables como los inmigrantes deportados de EEUU, un compromiso público de gobierno al darle plena vigencia al programa hermano, hermana vuelve a casa.
Se recomienda también anclar la inflación y sostener el nivel de reservas internacionales, lo que supone mayor control del gasto público, ajuste de agregados monetarios y flexibilidad cambiaria con menor intervención del Banco Central.
De nuevo, los problemas de rezago que se han convertido en costumbre ameritan también un tratamiento especial. Por un lado, se necesita reducir los atrasos en los pagos de la ENEE, perdidas y, en general, mejorar su posición financiera a futuro. Por el otro, aprobar la ENTAH y fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del narcotráfico.
En ausencia de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) que, al criterio del exfiscal Edmundo Orellana no vendrá ni este ni el próximo año, y a falta de apoyo del Poder Legislativo para aprobar la Estrategia contra la Corrupción avalada por FMI, conviene sobre la base de un decreto ejecutivo y las competencias del Ministerio creado, conformar estrategias locales de transparencia y anticorrupción a nivel de mancomunidades y municipalidades, aprobadas por los Consejos de Desarrollo Municipal y actores empresariales y de sociedad civil.
En esta visita fue poco visible el llamamiento de los técnicos del FMI para que los diputados aprueben la Ley de Justicia Tributaria, y permita al país de una vez regular las exoneraciones fiscales al capital y evitar un mayor sacrificio fiscal que supera el 7.4% de PIB. El Fondo da a entender que es una lucha perdida por la correlación de fuerzas en contra que se manifiesta en el Congreso Nacional, aun cuando ciertos dirigentes empresariales se muestran a favor de su aprobación. Tanto Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de la Republica por el Partido Liberal, y Nasry Asfura del Partido Nacional están en contra, por lo que de llegar a la Presidencia la Ley será papel mojado.
Un balance de boletín de la gestión macroeconómica de la presidenta Xiomara Castro, muestra que los objetivos de estabilización económica propios de los programas avalados por el FMI se han cumplido. La tasa de crecimiento del PIB, PIB per cápita y de la inflación fueron positivos en 2024 (3.9%, 1.8% y 3.89% respectivamente), igual el porcentaje del Déficit del Sector Publico no Financiero (2.9%) que se considera manejable.
Aunque se cuestionan, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas ( INE) muestran una reducción en la tasa de desempleo a 5.2% en 2024 y de la pobreza ( 62,9%), y la pobreza extrema ( 40.1), que todavía son niveles muy altos para una economía con rezagos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel de los países de la región centroamericana. Honduras es el país con menor IDH en la región centroamericana, superando incluso a Nicaragua.
Hay, sin embargo, factores de inestabilidad. La acentuación del déficit comercial en las cuentas externas a 8,593.5 millones de dólares en 2024, el aumento de la deuda, caída de la ayuda bilateral, presiones mayores sobre la tasa de cambio que aumente costos internos y generen especulación de precios y moneda en un año político, y los menores montos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 993.9 millones de dólares en 2024 ( una parte importante de estos flujos son reinversión de utilidades), que afectan los empleos en sectores de la industria intermedia y prendas de vestir, como su sostenibilidad en el tiempo.
El Gobierno ha eliminado los fideicomisos (conocido en el mundo de importadores de equipos y materiales, los tramitadores de contratos y órdenes de compra, como la “tranza” mayor), y creado una nueva institucionalidad en materia de combate de la corrupción, pero necesita de sus instrumentos operativos para funcionar. En un año político, un creciente factor de inestabilidad es la corrupción, por lo que debe evitarse y resolverse rápidamente los casos denunciados y llevarse a los responsables a los tribunales.
Hay que actuar rápido en estos casos. Si la población no mira resultados favorables y acciones efectivas por el Ministerio Publico, y los corruptos siguen en la impunidad, aumentará el desencanto con la gestión del Gobierno. En el caso de la estafa continuada de “Koriun” Inversiones que involucra a más de 35,000 personas autodenominadas socios de la empresa, este Ministerio debe ser fortalecido con personal técnico de alto nivel (incluyendo expertos externos) para investigar a fondo, procediéndose al cierre y liquidación de la empresa (puede funcionar la figura de Comisión Liquidadora), identificándose a los culpables no visibles en la cúpula de la pirámide, los afectados y recursos comprometidos.
El alargue en la solución de este caso de estafa continuada, puede tener daños insospechables para la economía y sociedad hondureña en su conjunto, superiores a los costos de la espera de las personas afectadas por no entregarles el dinero invertido, en tanto no ajusta el recuperado y se tendrá que promulgar una ley para que el Estado de Honduras asuma las deudas y pague el resto (al conocerse la procedencia de los fondos depositados y montos).
Nota:
[1] Ver FMI, Comunicado de prensa N. 24/384 del 18 de octubre de 2024
Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.