El sábado 19 de abril, el diario «El Heraldo» publicó una breve reseña en relación a la posición asumida por la Fiscalía de la Defensa de la Constitución, sobre los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, en relación a la Ley ZEDE. El Ministerio Público según el diario pro gubernamental, argumentó que no […]
El sábado 19 de abril, el diario «El Heraldo» publicó una breve reseña en relación a la posición asumida por la Fiscalía de la Defensa de la Constitución, sobre los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, en relación a la Ley ZEDE. El Ministerio Público según el diario pro gubernamental, argumentó que no existe violación alguna a las garantías constitucionales.
El pasado 25 de febrero, la OFRANEH acompañada de otras organizaciones indígenas y del movimiento popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación a los decretos No 236-2012, ratificado por el decreto 9-2013, mediante los cuales se reformó la Constitución de la República y se crearon las Zonas de empleo y Desarrollo (ZEDE).
El Recurso señaló también la inconstitucionalidad del decreto 120-2013, relacionado con la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo. Según el escrito interpuesto, las reformas a los artículos 294, 303, y 329, afectan la soberanía nacional y forma de gobierno, además de declaraciones y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.
Las ciudades modelo y el golpe a la Corte de lo Constitucional
Posterior al golpe de estado del año 2009, se inició en Honduras la entrega del territorio a inversionistas extranjeros. En la ciudad de Trujillo fue demolida la comunidad Garifuna de Río Negro por el inversionista canadiense Randy Jurgenson, el que apoyado por la Municipalidad y utilizando la amenaza de expropiación forzosa, obligaron a buena parte de los garífunas a vender las tierras de Río Negro a precio de gallo muerto.
En el año 2010 la administración Lobo promovió una serie de reformas constitucionales destinadas a subastar franjas del territorio nacional, con el propósito de crear mini estados cuasi independientes manejados por inversionistas extranjeros. A los 100 años de la invasión de Honduras del magnate Sam Zemurray y de Manuel Bonilla fundador del Partido Nacional, el Congreso de Honduras aprobó la creación de las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo.
En febrero del 2012 la Fiscalía de lo Constitucional emitió un dictamen declarando inconstitucional las RED. El 18 de octubre el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional las ciudades modelo; y para el 12 diciembre del mismo año, el Congreso Nacional presidido por el actual mandarín Juan Hernández, defenestró a la Corte Constitucional, finiquitando la independencia de poderes en Honduras. En el año 2013, la nueva administración gubernamental aprobó las ZEDE, que en su esencia son las mismas Ciudades Modelo. A pesar del maquillaje colocado por el Congreso Nacional a la nueva versión de la Ley RED, los meollos e inconsistencias jurídicas fueron preservados.
Tercerización de la justicia y disolución de la soberanía nacional La tercerización de justicia de las Ciudades Modelo a cortes extranjeras, condición impulsada por los ideólogos del proyecto neocolonial, se ha convertido en una de los supuestos atractivos para captar la inversión extranjera.
Desde Paul Romer a Mark Klugmann vienen preconizando la entrega del manejo del sistema de justicia a las Corte de la isla Mauricio y Londres como los lugares idóneos para lograr superar el ineficaz sistema de justicia local, y así de esta forma lograr atraer inversionistas, los que supuestamente desconfían totalmente del sistema jurídico nacional.
La existencia de cientos de zonas económicas especiales en el planeta, creadas muchas de ellas en la última década, implica una enorme competencia para las «Ciudades Modelo» de Honduras. Desde el bajo nivel educativo, hasta la imparable espiral de violencia, determina de antemano un fracaso de las ciudades modelo. De ahí que la tercerización del aparato judicial se convierta en un supuesto señuelo para disipar para atraer la inversión y disipar la mala imagen del país a nivel internacional.
Las ZEDE aparentemente están dirigidas a captar la creación de Centros Financiero «offshore» (paraísos fiscales) . En el Art. 2 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), los centros financieros nacionales encabeza los posibles objetivos a desarrollar. Mark Klugmann en un artículo publicado en el Cayman Financial Review, cita los ejemplos de Singapur, Hong Kong, Cayman y Bahamas como lugares donde se ha dada la tercerización de la justicia. Casualmente los cuatro lugares fueron señalados en el pasado como paraísos fiscales por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y actualmente se encuentran en un proceso de acoplarse a las exigencias del Foro Global sobre Impuestos.
La ausencia de independencia del Poder judicial y el agotamiento de los recursos internos.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Relación a Honduras (2013,) es enfático en la problemática de la independencia judicial, situación agravada con los golpes al Ejecutivo y Poder Judicial del año 2009 y 2012, además del abordaje estilo pirata del Ministerio Publico desde el Congreso Nacional; anomalías que han dado lugar a una ausencia del debido proceso y a convertir el agotamiento de los recursos internos en un interminable laberinto burocrático.
El dictamen de la Fiscalía a favor de las Ciudades Modelo no es una sorpresa. Era de esperar ante la destrucción premeditada del estado de derecho, y los enormes intereses económicos del clan actualmente en el poder. «Los nacionalistas» vislumbran la subasta de Honduras como un lucrativo negocio, desestimando el concepto de soberanía, sepultada en los delirios económicos de los libertarios de ultraderecha.
La actitud asumida por la Fiscalía de la Defensa de la Constitución, corrobora el colapso de la independencia de poderes. Mientras tanto, el saqueo del territorio garífuna persiste con la complicidad del Ministerio Público donde se mantienen congeladas buena parte de las denuncias presentadas sobre violaciones a los derechos territoriales de nuestro pueblo.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH (http://ofraneh.wordpress.com/)
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