«En Órbita», programa de análisis internacional que YVKE emite en vivo todos los martes de 19h a 20h, entrevistó el pasado 7 de julio al abogado español y experto en Derecho Internacional Humanitario Enrique Santiago Romero. El capitán Fernando Joya Améndola, más conocido como Billy Joya, es tristemente célebre en la historia de Honduras y […]
«En Órbita», programa de análisis internacional que YVKE emite en vivo todos los martes de 19h a 20h, entrevistó el pasado 7 de julio al abogado español y experto en Derecho Internacional Humanitario Enrique Santiago Romero.
El capitán Fernando Joya Améndola, más conocido como Billy Joya, es tristemente célebre en la historia de Honduras y ha vuelto a ser noticia este mes, cuando el gobierno golpista de Roberto Micheletti lo nombró nada menos que ministro asesor. ¿Podría resumirnos quién es Billy Joya y cómo fue su paso por España?
Billy Joya es un oficial del ejército hondureño sobre el cual pesan serios cargos. Fue responsable de torturas, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, toda vez que fue él quien, junto al jefe de la CIA John Negroponte, diseñaron un grupo terrorista, incrustado en las estructuras del Estado, denominado Batallón 316 del ejército hondureño que, entre otras cosas, fue el que organizó todas las tareas de apoyo a la contra nicaragüense desde Honduras, además de ocuparse de tareas de represión de la disidencia hondureña, especialmente sectores estudiantiles y movimientos sociales.
Este señor operaba al margen de cualquier legalidad, con el aval del ejército hondureño y de la CIA norteamericana, deteniendo gente ilegalmente, torturándoles, pasando información y cometiendo asesinatos: se le acusa también de varias desapariciones y varios asesinatos.
Cuando comenzaron a raíz de una denuncia puesta por familiares de quien en ese momento ocupaba la Fiscalía General de Honduras por torturas a varios jóvenes estudiantes, familiares de esta persona, este señor huyó de la justicia y acabó escondiéndose en España, donde fue acogido por una congregación religiosa ultraderechista, que no solamente lo tuvo escondido, sino que estuvo dándole todo tipo de apoyo económico para que pudiera mantenerse al margen de la ley y huyendo de la orden de busca y captura internacional que tenía. Cuando por fin fue localizado por la policía española, a raíz de una solicitud de petición de extradición a Honduras, en nombre de las víctimas, de las personas torturadas, distintas organizaciones de derechos humanos e Izquierda Unida nos personamos con la finalidad de garantizar precisamente que a este hombre no se le extraditara a Honduras, porque nos temíamos que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió: que la extradición a Honduras fue sinónimo de impunidad. Solicitamos que se le juzgara en España por esos delitos de lesa humanidad, por torturas, en aplicación de los principios de jurisdicción universal, y cumpliera aquí la condena. Desgraciadamente, esto no fue así: fue sometido a un procedimiento de extradición a Honduras, donde nunca rindió cuentas ante la justicia por los graves crímenes que había cometido. Las autoridades hondureñas facilitaron su absoluta impunidad.
¿Cuál fue su reacción al conocer que Billy Joya había sido nombrado ministro, y qué dice este nombramiento del carácter del gobierno de facto de Honduras?
Aún no hemos salido de nuestro asombro, al comprobar cómo un asesino, un responsable de crímenes de lesa humanidad, un terrorista es introducido en un Gobierno con el rango de ministro. Esto da la medida del gobierno de facto que actualmente hay en Honduras. Un gobierno que, por supuesto, es golpista, que no respeta la legalidad nacional hondureña ni internacional, que es un gobierno autoritario y con resabios fascistas. Si personajes de esta calaña son los que van a formar parte de ese gobierno hondureño, por lo menos deberíamos esperar que cualquier duda que haya en la comunidad internacional sobre la ilegitimidad de ese golpe de Estado, desaparezca.
Es evidente que en Honduras estamos asistiendo en toda su crudeza a comprobar el papel de las oligarquías dominantes en América Latina, las que causaron, las que provocaron y las que facilitaron el desarrollo de la doctrina de Seguridad Nacional, que tiñó de sangre, de muertos y desaparecidos la práctica totalidad de los países del continente, y cuando pensamos que esta época histórica había pasado al baúl de la historia, nos encontramos que pretende ser resucitada por estos golpistas.
No deja de ser sospechoso que esto haya podido ocurrir en un país donde las fuerzas norteamericanas, especialmente el Comando Sur y todas las agencias de inteligencia norteamericanas tienen una de sus principales bases. Hay una clara connivencia, o por lo menos, permisividad del gobierno y los organismos de inteligencia de los Estados Unidos en su campaña sistemática de desestabilización.
En Honduras lo que no han podido perdonar las oligarquías dominantes es algo tan sencillo como que un presidente pretenda escuchar la opinión del pueblo. Incluso una opinión que, por la fórmula de la consulta, ni siquiera era vinculante. Es decir, algo que es la esencia de la democracia, poder escuchar constantemente la opinión de los ciudadanos, en Honduras para estos fascistas se convierte poco menos que en un crimen de lesa majestad, que legitima cualquier vulneración del orden constitucional establecido.
Mucho nos tememos que si las autoridades golpistas se nutren de individuos como Billy Joya, lo que hasta ahora ha sido una incipiente represión de las clases populares y de los ciudadanos en general en Honduras, va a convertirse en una maquinaria de exterminio, de tortura y de eliminación sistemática de opositores, porque esa es la profesión del señor Billy Joya, y en eso es un verdadero experto.
En su opinión, ¿ha hechos el gobierno español lo suficiente para aislar y condenar el golpe de Estado en Honduras?
A los demócratas españoles nos gustaría que la posición del gobierno español hubiera sido más contundente desde el primer momento. Obviamente, a estas alturas, el gobierno español se ha pronunciado claramente en contra del golpe. No ocurrió así durante las primeras horas del pasado domingo, hace ocho días, cuando desde nuestro punto de vista el gobierno español estuvo demasiado a la zaga de las opiniones y posiciones que iba situando la Organización de Estados Americanos (OEA). Por otra parte, creemos que en la operativa del golpe pueden haber jugado un papel, al menos de facilitación, determinadas empresas españolas que tenían, de facto, el control de las comunicaciones, del espacio radioeléctrico y de la energía eléctrica en Honduras, que fue uno de los elementos que utilizaron los golpistas para bloquear la contestación al golpe en los primeros momentos.
Creemos que el Gobierno español haría bien en aclarar cuál ha sido el papel jugado por empresas españolas como Unión Fenosa o Telefónica MoviStar, por ejemplo. En todo caso, ahora mismo el gobierno español está siguiendo, como no puede ser de otra forma, los posicionamientos de la OEA que están siendo absolutamente contundentes. Esperamos que sigan así de contundentes, y desde luego, que el tiempo no juegue a favor de los golpistas hondureños y que nadie caiga en la tentación de reconocer un gobierno hondureño absolutamente elegítimo, como es el actual Gobierno de facto golpista.
Como abogado de larga trayectoria en la defensa del derecho de asilo, ¿qué opina que personajes como Gonzalo Sánchez de Lozada, Pedro Carmona Estanga o Manuel Rosales, prófugos de la justicia en sus países por violar los derechos humanos y la Constitución, o por robar, estén siendo amparados por terceros países bajo la figura del asilo político?
En estos supuestos hay una clara conculcación de los principios básicos de la Convención de Ginebra, que expresamente excluye cualquier tipo de asilo, ya sea por delitos comunes o lo que la Convención denomina «cláusulas de exclusión», que son delitos de lesa humanidad, delitos perpetrados contra la población civil, delitos de tortura, de violencia generalizada, etc, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Sánchez de Lozada, o lo que ha ocurrido en Venezuela con Rosales, que está sindicado de delitos comunes y además graves, de auténticos desfalcos económicos. Es evidente que siguen existiendo reductos donde se ampara a los políticos y a los gobernantes autoritarios, donde se ampara a las oligarquías, y estos reductos no dudan en utilizar cualquier resquicio pseudo-legal que haya a su disposición, como puede ser en apariencia la legislación de asilo.
Desgraciadamente, la legislación de asilo luego se aplica de una forma mucho más restrictiva en la inmensa mayoría de los casos a personas que huyen de serias violaciones de sus derechos fundamentales y que apenas pueden ni siquiera tener ocasión de probar esas violaciones que han sufrido antes de que los estados de acogida les rechacen sus peticiones.
Llama poderosamente la atención cómo en estos casos de criminales, de delincuentes políticos de alto standing ver cómo hay todavía demasiados gobiernos dispuestos a conculcar las normas internacionales para otorgar una protección que, en la práctica, se convierte en impunidad ante la comisión de graves crímenes. Esperemos que esta tendencia cese y que el asilo continúe para lo que fue creado, que es para proteger a las personas que sufren violaciones en sus derechos fundamentales y no a aquellos que han ocasionado esas violaciones de derechos fundamentales a sus semejantes.