El programa de la Unión Europea conocido como Acuerdo Voluntario de Asociación o AVA, el que forma parte Plan de Acción de la Unión Europea para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés), efectúo su quinta ronda de negociaciones a finales del mes de abril en la ciudad […]
El programa de la Unión Europea conocido como Acuerdo Voluntario de Asociación o AVA, el que forma parte Plan de Acción de la Unión Europea para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés), efectúo su quinta ronda de negociaciones a finales del mes de abril en la ciudad de Tegucigalapa.
El objetivo del AVA-FLEGT es supuestamente asegurar la legalidad de la madera que es obtenida y posteriormente comercializada en el país. En el caso de Honduras los AVA-FLEGT se encuentran atado al programa de Reducción de Emisiones causadas Deforestación del Bosque y Degradación (REDD por sus siglas en inglés). Según la Unión europea (UE) «los REDD+ puede apoyar a FLEGT al proporcionar un incentivo para la conservación, el uso sostenible y la restauración de bosques. REDD+ puede también impulsar: La mejoría de la gobernanza del uso de la tierra; La clarificación de la tenencia de la tierra; La mejora de la capacidad técnica y crear salvaguardas sociales y ambientales en el sector forestal; y, La disposición de fuentes de financiación adicionales».
Sin embargo los proyectos REDD en diversas partes del muerdo han causado severas violaciones a los derechos humanos, llegando a suscitar desalojos de pueblos indígenas como viene aconteciendo en Kenia con el pueblo Sengwer habitantes ancestrales de las montañas Embobut. Ademas abundan ejemplos de situaciones que van en detrimento de los indígenas, como sucede entre otros los casos del Proyecto de Carbono Forestal Surui (BRASIL), el Programa Socio Bosque (Ecuador), los REDD en el territorio Bribri (Costa Rica), el Proyecto de Carbono Forestal Scolel’Te en Chiapas (Mexico).
En Honduras, existe un perpetua violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, los que padecemos un constante asedio por parte de políticos, militares y empresarios, además del crimen organizado que controla bastas zonas del país.
Una de las mayores debilidades es la Ley de Propiedad vigente, la cual en su Capitulo III, artículo 100, permite la eliminación de la propiedad comunitaria, dando lugar a la destrucción de los títulos comunitarios existentes. El programa de Administración de Tierras (PATH) del Banco Mundial ademas de ser el creador de la cuestionada ley de Propiedad, emite los títulos que se vienen otorgando una enorme fanfarria a los pueblos indígenas. Cabe señalar que tanto el PATH como el Instituto de la Propiedad (IP), se han involucrados en cientos de anomalías, las que han conllevado a la militarización de las oficinas del IP en varias ciudades de Honduras. Incluso circula información sobre el posible hacheo de la base de datos del IP, efectuada por funcionarios adscritos tanto de la administración Lobo como la del actual presidente.
Para la OFRANEH es un imperativo que se logre crear las condiciones de un estado de ley en el país, el que a partir del golpe de estado del año 2009, zozobró en detrimento de la mayoría del pueblo hondureño. La aprobación de un sinnúmero de leyes y decretos inconsulto colocan en riesgo al sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas. Nuestra organización en el año 2006, acudió al Panel de inspección del Banco Mundial, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. El Panel de Inspección señaló que efectivamente el estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT.
Tanto el Programa REDD como el AVA-FLEGT quizás puedan tener como resultado probables violaciones a los derechos humanos, dada las condiciones de república bananera existentes en Honduras, y la ausencia de un verdadero estado de derecho. An te las circunstancias por las que atraviesa el país, es muy probable que se convierta en mecanismos de despojo los programas auspicios por la UE, el Banco Mundial y Naciones Unidas.
El reciente asesinato de Berta Cáceres es una prueba irrefutable de la trágica situación por la que atravesamos los pueblos indígenas, a excepción de aquellos «líderes» que se vienen plegando a al dictadura civil implantada en el país. Ciertamente el estado de Honduras especialmente a partir del golpe de estado, ha venido imponiendo proyectos en los que distorsiona la consulta previa, auspicia la división y pretende convertir simples procesos de socialización en consultas. Uno de los casos más vergonzoso fue la entrega la plataforma marítima de la MIskitia a la compañía Bristish Gas.
Para la OFRANEH la actitud asumida por el Ministerio del Ambiente de distorsionar la consulta previa y suplantar las organizaciones de base existentes con oneges de cartón, forma parte de un proceso de despojo territorial destinado a explotar nuestros bienes comunes. La visión mercantilista insertada en el Programa REDD, tiende a suscitar divisiones dentro de las comunidades, las que han cuidado históricamente del bosque y el mar.
El pasado 30 de marzo, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional a través del diputado Rafael Alegría, un anteproyecto de la Ley Consulta Previa Libre e Informada, y así de esta forma apegarse a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz versus el Estado de Honduras.
Cabe señalar que recientemente se conformó el Comité de Salvaguardas de los REDD, sin la presencia de los pueblos indígenas, siendo esta situación un pésimo augurio sobre el futuro de los proyecto AVA FEGT REDD.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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