Al final de un extenso reportaje que le realizó en el día de ayer la periodista Sonia Breccia en su programa Primera Voz de 1410 AM Libre (ver nota siguiente), el presidente Tabaré Vázquez volvió a reiterar su decisión de mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado porque en 1989 su […]
Al final de un extenso reportaje que le realizó en el día de ayer la periodista Sonia Breccia en su programa Primera Voz de 1410 AM Libre (ver nota siguiente), el presidente Tabaré Vázquez volvió a reiterar su decisión de mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado porque en 1989 su derogación fue rechazada mediante un plebiscito.
Textualmente, Vazquez dijo: «El defender la consulta popular implica defender también el resultado de esa consulta, no implica defender el resultado cuando es favorable a nuestra posición y no defenderlo cuando no es favorable a nuestra posición, implica defender en todo momento lo que es la opinión de la gente. En este caso el pueblo se expidió por mantener la Ley de Caducidad».
A primera vista, el argumento tiene un cierto aire de contundencia, pero su debilidad se revela apenas se profundiza en su análisis. Y es precisamente la afirmación «hay que defender en todo momento lo que es la opinión de la gente» el principal argumento para anularla, pues hoy día todas (dije «todas») las encuestas de opinión indican que la mayoría de los uruguayos desearía que la Ley de Caducidad no existiera. Los que decidieron no derogar la Ley de Caducidad fueron los uruguayos que votaron en 1989, los uruguayos de hoy opinan distinto.
Claro que no sería serio legislar en base a encuestas de opinión realizadas por empresas privadas, pero nada impide la realización de un plebiscito, vinculante o no vinculante, mediante el que «la gente» deje constancia expresa de su opinión sobre la Ley de Caducidad. Si así se hiciera y se confirmara la tendencia que indican las encuestas, para «defender en todo momento lo que es la opinión de la gente» el presidente estaría moralmente obligado a impulsar su anulación.
El hecho de que hace 17 años un plebiscito haya rechazado su derogación, no convierte a la de Caducidad en una «super ley». Como todas y cada una de las leyes de un Estado de Derecho, puede ser modificada, derogada o anulada en cualquier momento. «Vox populi, Vox Dei», dice la alocución latina. Pues bien, que se escuche nuevamente la voz de pueblo y se defienda su opinión.
Pero a la aberración jurídica que constituye una norma que decretó que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ha de sumársele la otra gran aberración de haber propugnado su derogación mediante un plebiscito. Fueron «aquellas aguas» (y no otras) las que trajeron «estos lodos»; si el movimiento popular uruguayo no hubiera cometido el tremendo error de plebsicitar la derogación de la Ley de Caducidad, aquí podría estar sucediendo lo mismo que acontece en Argentina.
Tal como en la otra orilla del Plata fueron anuladas las leyes de Obediencia Debida y los Indultos alfonsinistas y menemistas, el gobierno progresista no tendría hoy ninguna «excusa moral» para mantener esta ley que contradice toda la legislación internacional y nos convierte en una nación «paria» en lo que atañe a los Derechos Humanos. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es la base misma de un Estado de Derecho. En la democracia tutelada de 1986 los cómplices civiles de los terroristas de Estado y hasta algunos de sus perseguidos (notoriamente, Wilson Ferreira Aldunate), atentaron contra la constitución y el Estado al votar la Ley de Caducidad.
Pero además, el plebiscito de 1989 se realizó en medio de un clima de terror y censura, bajo la amenaza de que si la Ley era derogada, los mlitares volverían por sus fueros. Los cómplices de la dictadura, encabezados por el presidente Julio María Sanguinetti, alimentaron esos miedos en grado superlativo. Lo que era una votación por el mantenimiento o la derogación de una ley, terminó siendo un elección entre seguir viviendo en democracia o volver a la dictadura. En esos términos pusieron las cosas los defensores de la Ley, y fue en ese entendido que muchos votaron por su mantenimiento.
Señor Presidente, si usted realmente quiere «defender en todo momento lo que es la opinión de la gente»: pregúntele y luego obre en consecuencia. «La opinión de la gente» no es algo inmutable sino dinámico (no por otra razón está usted donde está). Hoy, 22 de junio de 2006, «la gente» opina distinto que en 1989, entre otras razones porque ahora todos conocen las bestialidades que cometieron en nombre de la Patria los militares y los policías a los que ampara la Ley de Caducidad, y porque nadie teme que los militares den un golpe de Estado para conservar su impunidad. Y si -como afirma el senador y jurista José Korzeniak (ver nota 5)- esta ley sólo puede anularse por plebiscito, pues que se vote. Para «defender en todo momento lo que es la opinión de la gente», hay que preguntársela, no imaginársela. _________________________________________________________
2) EL PRESIDENTE VÁZQUEZ Y LA LEY DE CADUCIDAD (II) «DEFENDER EN TODO MOMENTO LO QUE ES LA OPINIÓN DE LA GENTE»
MONTEVIDEO/URUGUAY/22.06.06/COMCOSUR AL DÍA – En la mañana de ayer, en su programa Primera Voz de 1410 AM Libre, la periodista Sonia Breccia realizó una larga entrevista al presidente Tabaré Vázquez. Al final de los 90 minutos de reportaje, el Presidente reiteró la oposición de su gobierno a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y anunció que acababa de excluir de entre sus beneficiarios a los mandos militares de la época.
De estas y otras declaraciones del presidente Vázquez, se desprende su convencimiento de que los terroristas de Estado pueden efectivamente ser juzgados por sus crímenes a pesar de la Ley de Caducidad. La entrevista completa se puede leer en www.1410amlibre.com/hnnoticiaj1.cgi?3977,7,0,0, a continuación se transcribe el fragmento de referencia.
Sonia Breccia – Un capítulo en el cual esta administración ha tenido logros que no discuten ni tirios ni troyanos es el de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el terrorismo de Estado y la identificación de ciertos responsables y ciertas situaciones. Otros seres aún no han podido ser encontrados y hablo de María Claudia. Se acaba de lanzar una campaña desde Paysandú por la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El doctor Oscar López Goldaracena reconoció este hecho en su administración como sin precedentes y marcó también que no significaría aceptar esta anulación con sus consecuencias, negar lo que se ha prometido o comprometido durante la campaña electoral. La respuesta de López Goldaracena fue que encontrar restos, identificarlos, que las Fuerzas Armadas hayan reconocido que fueron parte de la represión, la existencia de vuelos, esto es nuevo, que el pleno de las FFAA acepte que ha habido coordinación cambia todo en este momento, para esta sociedad y exigiría emular las culturas que aceptan la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos esenciales.
Tabaré Vázquez – Vayamos por partes en un tema tan delicado y sensible para la población. Los logros están a la vista y yo no los voy a analizar en este momento. Algo de los mismos hemos hablado en este programa. La fuerza política a la que pertenezco, me siento honradísimo de pertenecer y cada vez más honrado y convencido del proyecto de la fuerza política. La izquierda en Uruguay trabajó fuertemente para derogar la Ley de Caducidad, de la Pretensión Punitiva del Estado, yo integré el Ejecutivo de esa comisión que buscaba derogar a través del voto verde esa ley, fui responsable del sector finanzas de dicho movimiento y luché con todas las fuerzas que podía tener en aquel momento, con mi mayor convencimiento y con lo que podía aportar para que la ley fuera derogada. Logramos un hecho muy importante que fue llegar al plebiscito para consultar, se logró la consulta popular, por muy poco pero perdimos la consulta y la ley quedó vigente, en funcionamiento.
En segundo lugar siempre la izquierda ha dicho y valorado la consulta popular como un mecanismo de profundizar la democracia. Valoramos la democracia representantiva sin dudas, pero hemos creído y creemos en el mecanismo de consulta popular de la democracia directa para reforzar, para profundizar, para ensanchar, para alargar la democracia en nuestro país, para darle bases sólidas. El defender la consulta popular implica defender también el resultado de esa consulta no implica defender el resultado cuando es favorable a nuestra posición y no defenderlo cuando no es favorable a nuestra posición, implica defender en todo momento lo que es la opinión de la gente. En este caso el pueblo se expidió por mantener la Ley de Caducidad.
En el último congreso del Frente Amplio de diciembre de 2003, este tema se discutió en profundidad y fue la discusión central sobre todo el último día del congreso, ahí hubo dos posiciones, una que pretendía llevar adelante la derogación de la ley y la otra que establecía que si llegábamos al gobierno teníamos que actuar dentro del marco de esta ley y hacer cumplir el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que a nuestro entender, hasta ese momento no se había cumplido. Es decir, el artículo 4 dice que se debe investigar el destino de los ciudadanos detenidos desaparecidos, se discutió largamente y hubo dos ponencias al respecto, una del queridísimo compañero Hugo Cores defendiendo la primera posición y otra del queridísimo compañero Fernández Huidobro defendiendo la segunda posición.
El resultado fue que una amplísima mayoría, creo que fue sólo con tres abstenciones, el resto votó a favor de la segunda posición. Esto fue incluido en nuestro programa de gobierno y esto fue lo que dijimos a lo largo y ancho del país en nuestra campaña electoral y esto es lo que estamos llevando adelante en el ejercicio de gobierno, cumpliendo con lo que la fuerza política había establecido en un congreso y lo había establecido de la manera que acabamos de relatar.
Este fue el marco que presentamos a los comandantes en jefe de las FFAA cuando en el período de transición me reuní con ellos y les dije ‘señores nosotros vamos a cumplir con este mandato soberano, esta resolución de la fuerza política y hay que investigar sobre el destino de los ciudadanos detenidos y desaparecidos, tenemos que dar respuesta y vamos a cumplir con la ley en su totalidad’, que implicó que además estableciéramos el tiempo en que se aplica la ley, porque hasta que nosotros llegamos se aplicaba generosamente.
Dijimos la ley se aplica desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985, todo lo que está antes del 27 de junio de 1973 no está comprendido dentro de la ley y los posteriores tampoco, caso Berríos. Segundo, dijimos los civiles no están comprendidos dentro de esta ley, porque la ley lo dice claramente, los policías o militares en actividad que cumpliendo las órdenes de su mando, de sus superiores, hayan cometido tal delito no están comprendidos dentro de la ley.
En tercer lugar dijimos, y ahora ha venido la consulta del Poder Judicial que vamos a evacuar en el día de hoy, los mandos tampoco están comprendidos en esta ley desde nuestro punto de vista. Dijimos además que habían ciertos crímenes que no iban a estar comprendidos, necesariamente no están comprendidos los que se cometieron fuera del país, caso Zelmar Michelini – Gutiérrez Ruiz, y otros ciudadanos que están en la misma condición. Otro caso aberrante es el de la nuera del poeta Gelman, que fue un crimen asqueante, vergonzante, raptar a una mujer que está embarazada para que curse su embarazo, tenga su hijo, sacarle al hijo, tenerlo un tiempo para que lo alimente, lo amamante, y después cuando le sacan al hijo matarla cobardemente, esto es asqueante y no puede estar comprendido en ninguna Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Vamos a seguir investigando y todo el tiempo que sea necesario para tratar de ver si encontramos más restos de ciudadanos desaparecidos o si se produjo algún fenómeno como la conocida »Operación Zanahoria» de desenterramiento de ciudadanos, de cremar sus restos, tirar las cenizas en algún lugar aún no especificado. Para esto tenemos que investigar y abrirle el paso a la Justicia. Verdad y justicia, la Justicia dirá cuando se debe aplicar o no la ley y en ese sentido estamos trabajando.
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3) «QUE URUGUAY NO SEA LA ISLA DE LA IMPUNIDAD» LANZARON EN PAYSANDÚ LA CAMPAÑA PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD Patricia Montero (La República)
La propuesta democrática, basada en la lucha de familiares y sobrevivientes de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar, tuvo ayer su primer llamado al debate, cuyo objetivo central es presentar a la población los antecedentes y consecuencias del terrorismo de Estado, discutiendo las alternativas de justicia que existen a partir de la nulidad de la Ley de Caducidad. Desde la central obrera se entiende que si bien este gobierno ha avanzado mucho en DDHH, aún es insuficiente. La frase es «Que Uruguay no sea la isla de la impunidad»; el objetivo: anular la Ley de Caducidad; el reclamo: «exigimos que las Fuerza Armadas reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a todo el pueblo uruguayo». En medio de reencuentros y emotivos abrazos, se lanzó ayer en Paysandú la campaña nacional para que la ciudadanía decida la anulación de la Ley de Caducidad.
Con una amplia convocatoria en el Centro Universitario de esta ciudad, el PIT-CNT junto a las organizaciones sociales nucleadas en la Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos, entre ellas Serpaj y Fucvam, aseguraron que es imprescindible anular la Ley de Caducidad para recobrar el valor ético de la justicia y avanzar hacia una sociedad más sana. «Pedimos la anulación de la Ley de Caducidad, por ser contraria al derecho internacional de DDHH. Su anulación es indispensable para jerarquizar el valor esencial de justicia sobre el cual debe consolidarse la democracia y asentarse la cultura de los DDHH», aseguraron.
UNA LEY VIOLATORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL «Aquí comienza una etapa que va a ser muy dura», dijo Marcelo Gianotti en representación del plenario departamental del PIT-CNT, quien además valoró el hecho de que la campaña de sensibilización se haga desde el Interior hacia Montevideo y el resto del país. «Paysandú es un departamento donde hubo una importante cantidad de presos políticos, secuestros y perseguidos. Sin embargo siempre estuvo a la cabeza de las respuestas a las consultas populares y participativas», expresaba en la edición de ayer José Oxley, integrante de la mesa departamental. «Pensamos que vamos a llegar al objetivo que nos propusimos que es anular la Ley de Caducidad», dijo.
Ana Morós, en representación de la Plataforma Uruguaya de Derechos Humanos en su discurso de ayer recordó que el PIT-CNT a fin del pasado año asumió el compromiso de iniciar la campaña con el fin de anular esta cuestionada ley que fuera aprobada el 22 de diciembre de 1986. «Durante 20 años, la aplicación de dicha ley permitió que cuatro gobiernos consagraran la impunidad con relación a la violación de los DDHH durante la dictadura cívico militar. Según organismos internacionales y prestigiosos juristas nacionales, la Ley de Caducidad es violatoria a las normas de derecho internacional», advirtió.
«Estas normas condenan los crímenes contra la humanidad y dictaminan el castigo a los responsable de los mismos», agregó. Estas normas que prohíben y condenan los crímenes contra la humanidad y juzgan a los responsables, en Uruguay no se aplican, por lo que «se plantea la nulidad de la ley, no su derogación», aclaró Morós. «La nulidad implica declarar la inexistencia de la norma, es decir, hacer de cuenta que ésta nunca existió», agregó. «El argumento recurrente de los que pretenden mantener la ley y con ella la impunidad, es que esta ley fue confirmada por referéndum popular».
Al respecto, Morós hizo hincapié en las palabras de Oscar López, candidato uruguayo a integrar la corte interamericana, quien concluyó: «Si por votación popular reformáramos la constitución y en ella estableciéramos la esclavitud, ¿estaríamos sancionando una norma sustancialmente valida? No, sería nula por ir contra normas de principios de los DDHH».»Uruguay tendría que ser coherente en tal sentido», dijo Morós. «Exigimos que las Fuerza Armadas reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a todo el pueblo uruguayo», agregó al tiempo que exhortó a todas las organizaciones y representantes sociales a sumarse a esta campaña y comenzar un camino democrático que a nadie debería preocupar.
ES IMPRESCINDIBLE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD Por su parte el secretario ejecutivo del PIT-CNT, Luis Puig, anunció ante los presentes el saludo de Isadora de Chaves Sosa y en él simbolizó una síntesis de 30 años de lucha, denuncias y resistencia a la resignación. «Nos quisieron convencer de que en Uruguay nunca iba a haber justicia y este camino comienza a abrirse y hoy nos proponemos profundizarlo. Porque hace 30 años familiares y sobrevivientes levantaron su voz para decir que acá se ejercía el terrorismo de Estado», dijo Puig.
«Ese tema está laudado, decía el doctor Sanguinetti. Pero lo que estamos haciendo hoy no es sólo laudar sobre la historia reciente de nuestro país, estamos tratando de construir para el futuro los mecanismos democráticos que aseguren que las nuevas generaciones no van a vivir nunca más bajo el terrorismo de Estado que asesinó, torturó e hizo desaparecer miles de latinoamericanos», recordó Puig. El gremialista, en su mensaje, contestó a aquellos sectores que afirman que existen otras prioridades en el país que atender antes que la anulación de la Ley de Caducidad. «Terminar con la impunidad es imprescindible», dijo.
En tal sentido recordó el caso de Sara Méndez, quien planteó la posibilidad de denunciar en un spot televisivo que su hijo Simón había sido secuestrado, mientras que desde el gobierno de la época se anunció que era una mentira cuyo objetivo era incidir en un resultado electoral. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entre los representantes se encontraba el doctor Pablo Chargoñia, abogado patrocinante de varias causas de familiares de muertos y desaparecidos durante la dictadura militar. El profesional aseguró a La República que los Estados están obligados a perseguir los crímenes de la dictadura.
«El Estado uruguayo está en falta y violando las normas de conducta internacional en materia de DDHH. Las violó en el 86 y las sigue violando hoy cuando la Ley no es declarada nula e inexistente», aseguró. «Muchos militares que arrancaron palabras mediante torturas hoy tienen altos cargos públicos, alguno queda por ahí en alguna misión en el extranjero que avergüenza al país, pero el PIT-CNT reconoce que hemos avanzado en materia de verdad y búsqueda en el último período, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando, porque no se le puede poner límites a la justicia», dijo Luis Puig.
«LA PILTRAFA DEL GOYO ALVAREZ» «La viva imagen del deterioro y la piltrafa que es hoy Gregorio Alvarez siembra de alguna manera el destino de los terroristas de Estado en el mundo cuando la justicia actúa. Resulta que este señor que era dueño de vidas y haciendas hoy ya no recuerda, no recuerda lo que era la OCOA, los mecanismos de represión», sentenció Puig. Para el representante de la central obrera, si en Uruguay hay impunidad va a haber extradición, incluso en los países que han recobrado el valor ético de la justicia. Recordó que en Argentina también existían leyes de impunidad: la de «punto final» y la de «obediencia debida» votadas en su momento por el Congreso argentino pero posteriormente anuladas, cuando hubo una toma de conciencia, en el entendido de que no es posible vivir en un país bajo las formas de la impunidad.
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4) VICTOR VAILLANT «ESTA MALA LEY NUNCA DEBIÓ HABER NACIDO» (La República)
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Víctor Vaillant dijo que observa «con simpatía» la campaña para anular la Ley de Caducidad, iniciada ayer por el PIT-CNT y las organizaciones nucleadas en la denominada Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos. El legislador dijo a La República que «ésta fue una ley mal nacida y no tengo dudas en afirmar que ha sido inconstitucional». «Durante muchos años impidió que se juzgara a muchos de quienes cometieron atroces delitos de lesa humanidad, pero no sólo podemos responsabilizar a la ley, sino también a la aplicación que hicieron los gobiernos anteriores», opinó.
«La posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno estableciera por su propio criterio quiénes eran los acusados que estaban comprendidos o no, hizo que los gobiernos anteriores le dieran a la ley el alcance más amplio posible». «Por ese motivo, la totalidad de los acusados por violaciones a los derechos humanos y por la desaparición de personas quedaron amparados bajo el manto protector de la impunidad», sostuvo.
Para el líder del Movimiento Claveles Rojos, «la llegada del Frente Amplio al gobierno permitió el inicio de distintos procesos, en el marco de la aplicación de la misma ley. Eso demuestra claramente que en la impunidad también incidió la aplicación que hicieron los poderes ejecutivos anteriores». Vaillant fue uno de los legisladores que en su momento votó en contra de la ley en el Parlamento y posteriormente realizó una activa campaña en favor del voto verde para su derogación.
«Yo quisiera que nunca hubiera existido esta mala ley, pero no puedo dejar de ver con simpatía la campaña por su anulación. Tal vez no exista hoy la misma urgencia en cuanto a los tiempos, porque actualmente hay un Poder Ejecutivo que la aplica con otra óptica, lo que ha permitido el inicio de distintos procesos judiciales».
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5) JOSÉ KORZENIAK ALCANCE Y CONSECUENCIAS DE LA ANULACIÓN DE LEY DE CADUCIDAD (La República)
Se abren nuevos frentes jurídicos de discusión: la prescripción o no del delito. ¿Derogación o anulación de la Ley de Caducidad?; ¿los mecanismos constitucionales para llegar a ello?; ¿los delitos prescriben, es retroactivo?; ¿cuáles son las consecuencias jurídicas?; una nueva ley ¿incide en leyes que involucraron a los tupamaros?, son algunas de las preguntas que la sociedad uruguaya se formula. Para evacuar las interrogantes, La República consultó al constitucionalista grado 5 de la Universidad de la República el senador socialista José Korzeniak, quien puso el acento en los aspectos jurídicos por encima de los políticos.
Respecto a si se trata de una derogación o anulación, Korzeniak realizó varias puntualizaciones. En primer lugar, afirmó que «si no es a través de un plebiscito no existe jurídicamente ni la posibilidad de anular ni de derogar», y basó su fundamento en el artículo 82 de la Constitución. En segundo lugar, indicó que la derogación implica que la ley «se deroga de ahora en adelante» mientras que la anulación «declara que la norma no existió desde el primer momento», algo similar a lo que se promovió en Argentina.
Según Korzeniak, «en Uruguay ni la Constitución ni el Código Civil hablan de anulación». Sostuvo que quienes manejan dicho concepto aluden a la idea que «equivaldría a una derogación con efecto retroactivo a la fecha en que se dictó la ley». Por tanto, la diferencia estriba «en el momento en que se opera la dejada sin efecto». En tanto, políticamente dejó en claro que el Congreso del Frente Amplio por mayoría de 2/3 resolvió encauzar la línea de esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos en el marco de la vigente Ley de Caducidad, y en especial en el artículo que refiere a la investigación de los desaparecidos.
En ese sentido, Korzeniak también reconoció que pesó en su postura de afiliarse a la vigencia de la Ley de Caducidad y la investigación del capítulo de los desaparecidos «el no ingresar en una dificultad adicional» sobre el debate que originaría las consecuencias de la derogación o la anulación porque «en el Derecho Penal, entre dos leyes, rige la ley más benigna para el reo». Admitió que es cierto que en el ámbito internacional, el Derecho Humano Internacional está comenzando a prevalecer por encima del Derecho tradicional, pero, puntualizó que, «por ejemplo, la diferencia que tenemos con Argentina sobre lo que significó la ley de anulación es que en dicho país nunca existió un plebiscito».
A su entender, tanto políticamente como jurídicamente «se trata de ser coherentes porque no se puede variar la intangibilidad de un plebiscito cuando se gana o cuando se pierde». Para Korzeniak, «si hay anulación quiere decir que la ley nunca existió, y se perdería la impunidad de quienes cometieron determinados delitos». Sin embargo, afirma que se abren nuevos frentes jurídicos de discusión: la prescripción o no del delito. Al ser consultado sobre si una eventual derogación o anulación incide en los procesos judiciales o amnistías ante dirigentes tupamaros, Korzeniak dijo que «de ninguna manera pues se trata de dos leyes que no tienen nada que ver». Puntualizó que «los dirigentes tupamaros y de otros sectores que estuvieron involucrados en hechos de sangre no fueron amnistiados, la Justicia civil después de 1985 ratificó la condena, y toda esa discusión se trata de mera propaganda política».
LOS MECANISMOS PREVISTOS PARA MODIFICAR LA NORMA En lo atinente a los mecanismos previstos para «derogar o anular» una ley, Korzeniak explicó que existen cinco posibilidades, y todas ellas desembocan en una consulta popular. A través del artículo 79 de la Constitución (ver nota aparte), dos de ellas recolectando el 25% de las firmas habilitadas del padrón electoral: una por la cual se interpone el recurso contra la ley en discusión, en este caso, la Ley de Caducidad.
Precisó que en ese caso no se puede proceder a este recurso porque debe efectuarse en el plazo de un año de promulgada la norma. Fue lo que sucedió con el mecanismo que luego terminó con el plebiscito por la Ley de Caducidad en 1989. También dentro del artículo 79, y luego de recolectarse el 25% de las firmas requeridas, lo que se impulsa es «una nueva ley». Aclaró que en Uruguay nunca se procedió a este instrumento, que incluso no está reglamentado.
Las otras posibilidades están contempladas en el artículo 331 de la Constitución de la República y refieren a la oportunidad de una reforma constitucional, sometiendo cambios electorales, y un artículo que proponga la derogación de esta ley. Se requiere por ejemplo, una ley constitucional con el apoyo de 2/3 de legisladores, o la conformación de la Convención Constitucional Constituyente. Según sea la iniciativa se definirá una fecha por parte del Poder Ejecutivo o se dirimirá junto a las elecciones nacionales.
Según el senador socialista José Korzeniak «el fondo del tema, lamentablemente, es que la ciudadanía ratificó la Ley de Caducidad». Pero fue contundente al reivindicar la actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en el actual marco legal de la Ley de Caducidad. «Hoy el poder civil está dentro de los cuarteles, la Universidad de la República estudia restos óseos, ex militares son convocados a los Juzgados, hay un fluido diálogo entre las diferentes autoridades, quedó en claro que los delitos económicos no estaban contemplados dentro de la Ley de Caducidad», evaluó el parlamentario encuentrista.
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6) LUIS PUIG EL CAMINO PARA ERRADICAR EL PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD Gabriela Cuenca (Carta Popular)
El PIT-CNT comenzó la campaña nacional para anular la Ley de Impunidad, donde se plantea abrir un debate democrático para construir una sociedad sana, sobre la verdad y la justicia y evitar que Uruguay siga siendo un paraíso de impunidad, según señaló Luis Puig integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT- CNT, entrevistado por Carta popular.
-¿Cual es el objetivo de la campaña? -De alguna manera el hecho de la campaña en sí para nosotros es abrir un debate democrático sobre uno de los temas centrales del país. Nosotros decimos: anular la Ley de Impunidad, concretar el tema de la verdad y la justicia. No estamos hablando exclusivamente de laudar un tema hacia el pasado, estamos hablando de marcar un reaseguro democrático para que las nuevas generaciones de uruguayos no se vean expuestos nuevamente a soportar un terrorismo de Estado. Sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento de nuestra historia y sin que se exceptúe a los criminales y a los instigadores de los crímenes que sucedieron durante la dictadura, crímenes aberrantes, no hay posibilidades de asegurar un futuro democrático en el país.
-La impunidad -En cuanto al tema de la Impunidad concretamente, no fue únicamente la salida auto impuesta por los militares. Acá hubo participación de los gobiernos posteriores a la dictadura que fueron construyendo la impunidad de los crímenes realizados por el terrorismo de Estado, y de alguna manera la negación de esos crímenes durante años forma parte de las consecuencias de la impunidad. Ya a mediados de la década del ’70 se empiezan a denunciar los crímenes, los secuestros, las torturas, las desapariciones, los asesinatos, los traslados clandestinos y todo eso fue negado por la dictadura. Pero fue negado también, por ejemplo, por quien fuera articulador en nuestro país de la política de impunidad que fue el ex presidente Sanguinetti, en una operación psicopolítica, (…) convencieron a la población de que cualquier intento de remover la ley de Impunidad iba a traer consecuencias en un nuevo golpe de Estado, cuando en definitiva Uruguay tiene firmados convenios internacionales con la comunidad internacional que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Los delitos no prescriben, se siguen cometiendo hoy. El delito de desaparición forzada es un delito de carácter permanente que puede y debe ser juzgado hoy, que no admite prescripciones.
Lo que nosotros nos estamos planteando a partir del 19, es abrir un debate democrático en el conjunto de la población, para analizar estos temas, para desmistificar las falsas contradicciones que algunos quieren implantar, incluso desde tiendas de la izquierda, diciendo que cómo nos vamos a ocupar de estos temas cuando hay gente que se muere de hambre en el país. Precisamente hay gente que se muere de hambre en este país porque existió el terrorismo de Estado que no fue la aventura de un grupo de militares fascistas, sino que fue una estrategia de clase para imponer un modelo económico, social y político en nuestro país que lograron imponerlo a sangre y fuego, y que después fue continuado por los gobiernos que sucedieron a la dictadura. Por tanto para nosotros este planteamiento tiene mucho que ver con el futuro.
-Por otro lado, está el objetivo de sacar las dudas en la población. Ahora aparece un nuevo elemento que es derogar la ley, ¿qué diferencia hay entre anularla y derogarla? -Sí, nosotros hemos descartado el aspecto de derogación. La derogación no tendría aspectos hacia el pasado, y en realidad para nosotros es fundamental que la ley sea declarada nula e inexistente o sea que de todos aquellos crímenes que fueron cobijados en la Ley de Impunidad, se puedan abrir las causas. Porque entre otras cosas desde el año 1992 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son organismos dependientes de la OEA, y Naciones Unidas vienen planteando que esta ley es contraria al derecho humanitario internacional, y por tanto Uruguay debe adecuar la legislación interna a los convenios internacionales que tienen fuerza de ley. La Ley 16.724 en Uruguay reconoce la Convención de San José de Costa Rica, Convención de Derechos humanos y por tanto tiene un valor de ley comprobado por el Parlamento. La ley de impunidad es contraria a ese derecho y debe ser declarada nula e inexistente (…).
-¿Qué herramientas se prevén desde el PIT- CNT para que sea posible la anulación de la ley ? -En primer lugar, nosotros nos planteamos la apertura de un debate democrático a nivel de todo el país, donde se discutan los alcances que ha tenido la impunidad en el país por la necesidad de avanzar en verdad y justicia, analizar, recordar la memoria histórica y a su vez plantearle al Parlamento nacional, que como afirman destacados juristas en este país, por mayoría simple puede anular esa ley. Si esto no ocurriera así, habrá que pensar en mecanismos de democracia directa como la ley de iniciativa popular, la reforma constitucional o veremos que. Nosotros creemos que en la medida que haya una expresión masiva del pueblo uruguayo por la anulación de la ley, el Parlamento debería anularla. Primero, porque esta ley no tiene un carácter distinto, segundo porque el Parlamento no puede seguir avalando la impunidad en este país, y tercero porque nos parece que es necesario que Uruguay recobre el valor ético de la justicia que está impedida por esta ley.
– La opinión sobre los opositores a la anulación. -Hay algunas argumentaciones que nos sorprenden, argumentaciones desde la derecha de conocidos cómplices de la dictadura, gente del Partido Colorado que sabemos sus posiciones fascistas archiconocidas. Pero nos desconciertan posiciones en el seno de la izquierda, que dicen que nos comprometimos a no anular esta ley, a respetarla, y hubo gente que nos votó por esto. La verdad que para mí es novedoso que se diga que hubo gente que votó a la fuerza que hoy gobierna para mantener la impunidad. Me parece que es hasta ofensivo para la fuerza que hoy gobierna…Por lo tanto creemos que se abre un debate importante en el país, que va a estar signando la democratización de la sociedad, que es necesario en muchos planos, para terminar con la impunidad, para terminar con la exclusión y marginación social, que es otro aspecto de la democracia que hoy está cuestionado.
-En base a la existencia de algunos integrantes del gobierno que están en contra de anular la ley, ¿puede llegar a ser negativo para esta campaña y la lucha en contra de la ley? -Yo creo que confunde sobre todo, ver a dirigentes históricos de la izquierda en posiciones, desde mi punto de vista, totalmente equivocadas. Creo que confunde, pero creo también que en la medida en que se desarrolle este debate que el PIT- CNT está planteando, hay condiciones para clarificar. Porque estamos planteando la anulación de la ley que en todo caso no es contradictorio sino complementario con los otros aspectos de democratizar la sociedad. Sin duda creo que esas posiciones equivocadas se van a ir revirtiendo en la medida que avance la conciencia de la gente y la necesidad de anular la ley.
-Aparte del PIT- CNT ¿Quién más se une a esta campaña? -Bueno, FUCVAM está claramente a favor de la anulación de la ley y participando, SERPAJ, SERSOC, Amnistía Internacional- si bien Amnistía no puede participar en la situaciones internas de cada país-, Comisión de Familiares de Asesinados por Motivos Políticos, Atabaque, etc. Hay una cantidad importante de organizaciones que integran la Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos. Yo creo que se van ir sumando. Nosotros mantuvimos reuniones con la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio planteando esta situación, y creemos que también se abre un debate en el seno de esa fuerza política, porque nos da la impresión de que los planteos de algunos dirigentes no tienen correlato con lo que piensa la gente.
– ¿Qué expectativas generales hay? ¿Cómo se ve la receptividad en la sociedad? -Creemos que hay una receptividad importante al tema, que es necesario conocerlo más a fondo, y por eso estamos haciendo un esfuerzo, conjuntamente con las organizaciones sociales y políticas, para dar elementos de carácter jurídico, para lo cual estamos contando con varios abogados que patrocinan causas por derechos humanos, que asesoran organizaciones de derechos humanos. Para desarrollar los fundamentos políticos y jurídicos de porqué es necesaria la anulación de la ley. Dando fundamentos históricos, planteando en definitiva que los compromisos que Uruguay tiene en materia internacional ameritan y hacen necesario y hasta imprescindible la anulación de la ley.
Creemos que hay buena expectativa en que esto se va a difundir rápidamente. La idea nuestra es recorrer todo el país. Una campaña que queremos descentralizar desde el principio. No la vamos a dirigir desde Montevideo como Comisión de derechos humanos, sino que en cada lugar se van a estar creando comisiones de derechos humanos, así como las estamos creando dentro del movimiento sindical. Creemos que hay buenas expectativas, también por lo que está pasando en Argentina, los pedidos de extradición , lo que ha pasado en Chile. Lo que son las propias normas de las instituciones humanitarias internacionales ayudan en ese sentido.
MONTEVIDEO/URUGUAY/22.06.06/COMCOSUR AL DÍA _________________________________________________________
7) LÓPEZ GOLDARACENA «EL DEBATE ES ENTRE LA VERDAD Y LA VERGÜENZA» Mordejai Horovitz y Celia Rudaeff (Siete sobre Siete)
En momentos en que la anulación de la ley de Caducidad aparece entre los primeros y más sensibles de la agenda pública, el Dr. Oscar López Goldaracena defiende la tesis de que, más allá de «temperaturas políticas», el debate en torno a la vigencia o no de la norma que consagra la impunidad compete a la sociedad toda porque en la resolución del mismo se juega la convivencia futura.
-Desde la Presidencia se informa que esa fuerza política no va a propiciar ni la derogación ni la anulación de la «Ley de Caducidad» (LC). ¿Qué puede decir al respecto? -El proyecto de ley interpretativa que se presentó en el Senado tendía a ajustar la normativa a lo que realmente decía el texto de la LC, implicaba un avance en el tema cíe la lucha contra la impunidad. Sin embargo, en su momento;- manifestamos que puesta en debate, la mejor opción no era interpretarla, sino anularla, dejarla sin efecto, declararla inexistente, de forma tal que los crímenes de lesa humanidad se pudieran juzgar. Hoy, el Parlamento, la bancada oficialista, ha consensuado de acuerdo a los trascendidos de prensa, que no considerará la anulación de la Ley… Independientemente que lo considere o no, hay algo que es ineludible: ya fue planteado el tema de la nulidad, por lo tanto la sociedad civil tiene que reflexionar con mucha madurez, serenidad, sobre si en el Uruguay vamos a juzgar o no los crímenes de lesa humanidad.
Esto implica un debate político y jurídico, un debate ético, sobre si la sociedad uruguaya actual quiere o no quiere amparar a criminales de lesa humanidad. Debatir con mucha madurez un tema de valores. ¿Mantenemos la ley de caducidad o la anulamos? ¿Qué justifica la demora? El hecho que el gobierno o el Parlamento no «propicie» su anulación o derogación, no saca del debate lo que ya fue planteado a y por la sociedad, de discutir la posibilidad de la anulación de dicha ley. Si es conveniente para asentar valores de convivencia. Es un debate que se tiene que dar independientemente de que el Parlamento considere o no el proyecto de interpretación para la posterior anulación. Sostenemos que se ha avanzado muchísimo en materia de averiguación de la verdad, y es cierto, se hizo en un año lo que no se hizo en 30 años, lo que está demostrando a las generaciones actuales las atrocidades de la dictadura. Se debe proseguir en esa actitud, lo que no quiere decir que no se discuta si se va a juzgar a los crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante.
-¿De la forma que se está planteando el tema se hace posible de todas formas juzgar a alguno de los responsables? -La LC es un obstáculo para el juzgamiento pleno de los crímenes de lesa humanidad, la mejor opción jurídica, política y fundamentalmente ética, es removerla del ordenamiento jurídico para poder juzgar esos delitos de lesa humanidad.
-¿Cuáles serían los elementos jurídicos justificantes de una demora en el aplazamiento de una anulación inmediata? -Yo creo que los trascendidos de prensa están relacionados más con una cuestión política, y no con una cuestión jurídica propiamente dicha. Por otra parte eso deja una puerta abierta al debate, para la discusión de la anulación, que en definitiva es lo que yo prefiero, prefiero discutir la anulación y no la interpretación.
-¿Y cuáles han sido los pasos que se han dado al respecto en el Parlamento, en el gobierno? -En relación con el tenia de la nulidad, han existido declaraciones expresas de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales (ONG) fundamentalmente del Servicio de Paz y Justicia SERPAJ que recoge nuestras ideas y nuestros fundamentos jurídicos para anular la ley. No existe un proyecto específico de anulación presentado al Parlamento. A mi me parece correcto que se debata a nivel de la sociedad civil para que se comience a tomar conciencia de la importancia de una opción fundamental y concreta, de carácter ético-político y jurídico. Cuando se comience a discutir sobre la interpretación de la LC, muchos juristas y ONG, seguramente verán mucho más lógico debatir su anulación. El 20 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y hubiera sido importante que en el marco de esa convocatoria se incorporar la consigna de la anulación de la LC y su definitiva remoción de nuestro sistema jurídico.
-Y con respecto a los organismos internacionales, como es el caso de la ONU, ¿han emitido alguna presión para exigir que se cumpla con la normativa de los compromisos de derecho internacional firmados por Uruguay que van en contra de la LC? -A nivel del sistema internacional de Derechos Humanos el último informe del 2/9/92, de la Comisión internacional de DDHH, exige que Uruguay en relación a casos de desapariciones forzadas, proceda al juzgamiento de los responsables. A nivel del Comité de Naciones Unidas, en el año 83, relacionado con el caso de Elena Quinteros, dispuso la necesidad de «castigar a toda persona culpable de su desaparición y malos tratos», entienden que: «Las leyes que implican una amnistía o ¡pie impiden el juzgamiento de responsables de desapariciones, torturas, homicidios políticos, son leyes que violar el derecho internacional de los DDHH». Existen numerosos casos a nivel de la Comisión Internacional de los DDHH, por citar uno, el caso Barrios Altos en Perú, que está relacionado en nuestro informe, publicado en forma anual de SERPA), y señalan que esas leyes deben ser removidas de los ordenamientos jurídicos.
-Hablamos de una anulación para poder ingresar verdaderamente al campo de la justicia. ¿Cuál sería la diferencia con la derogación? -Anular una ley implica declarar que esa ley es inexistente. No se puede anular cualquier ley; se puede anular solamente aquella ley cine sea nula por naturaleza. Una ley que viola principios esenciales de los DDHH, nace nula, se mantiene nula v va a ser nula por siempre. Aunque formalmente esté vigente, (atando una ley adolece de un vicio intrínseco, sustancial, grave, en algunos casos, esa ley es nula. Aquí nos deberíamos remontar al informe o a lo que habíamos hablado en otras oportunidades sobre la norma jus-cogens, o el derecho de gentes, en materia de crímenes de lesa humanidad. Existen disposiciones del Derecho de gentes, del Derecho internacional que está en el vértice del ordenamiento jurídico internacional, estableciendo que es nula toda disposición que impida el castigo a los criminales de delitos de lesa humanidad. Partiendo de esa tesis si existe una norma del derecho Internacional, de jus-cogens, que obliga a castigar a los crímenes de lesa humanidad cualquier ley o cualquier tratado que vaya contra ese principio es nulo.
-Nunca está de más esclarecer la diferencia entre derogar y anular ¿podría explicarlo una vez más? -Cuando se deroga una ley, la ley va no existe más para el Futuro, pero mantiene sus efectos para la época en que estuvo vigente. Al anular una ley, se considera que nunca surtió electo, y no se podrá invocar la cosa juzgada ni el tema de la prescripción porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.
-SERPAJ se moviliza al igual que otras organizaciones que intervienen en el tema de la anulación ¿Cuáles serían los próximos pasos en dichas actividades? -Lo que se va a realizar es un llamado a la conciencia. El tema tiene que estar presente en la discusión permanente, en el debate, en la reflexión. Por ejemplo el 19 de junio, se lanza en Paysandú una campaña que tiene por objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de anular la ley de caducidad. Ya que debemos jerarquizar el valor de la justicia como elemento fundamental para concluir una cultura de DDHH. Esa campaña la lanzan varias organizaciones de DDHH y sociales. Esas organizaciones son entre otras, SERPAJ, PIT-CNT, FUCVAM, lo que se llama la Plataforma de DDHH. Donde se encuentran la Asociación de Familiares de Asesinados durante la Dictadura, y Amnistía Internacional.
No es una campaña de recolección de firmas, es importante aclararlo, es una campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad imperiosa e impostergable de la anulación de la Ley de Caducidad. A nivel político, la reflexión debe estar en los Comités de Base del FA, debe estar en los grupos de los partidos, en los militantes. A nivel de la sociedad, en todos los ámbitos debe procesarse una discusión sobre que Uruguay queremos. ¿Vamos a amparar crímenes de lesa humanidad o no los vamos a amparar? Esa discusión ya ha sido lanzada por las ONG. La próxima será ayudar y continuar con la reflexión: la sociedad debe determinar los pasos a seguir, el Parlamento determinará si se presenta o no, un proyecto de anulación. Y no descartamos, porque no es descartable, que la Constitución prevé mecanismos para la iniciativa popular, por el cual, los ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley al Parlamento, juntando las firmas que exige.
Eso obliga al parlamento a considerar el proyecto. Pienso que hoy no se debe descartar ninguna vía, pero lo primero es lo primero. Reflexionemos sobre el tema que estuvo escondido durante mucho tiempo… En el 2005 aparecieron restos humanos que prueban el enterramiento de personas asesinadas por la dictadura, se comienza a palpar las violaciones de los DDHH en la dictadura. Sobre esto, esta generación tiene que tomar una decisión, juzga o no, ampara a los criminales o no.
-Supongamos de manera pesimista que no se llegue a la anulación. ¿Cuáles serían las connotaciones a nivel nacional e internacional? -En ese caso, Uruguay seguirá incumpliendo normativas internacionales que exigen que estos delitos sean castigados. Pero lo que sería más grave y más doloroso y que me daría vergüenza, es que quedara una sociedad consolidada en base a estas atrocidades, que dichas atrocidades quedaran en el silencio, que nadie escuchara el grito de los torturados, de los muertos y desaparecidos.
Pienso que nos merecemos un modelo de convivencia, de sociedad asentada en materia jurídica, social, económica y -lo que es fundamental- en materia ética, de una manera acorde con los DDHH internacionales. No olvidemos que este tipo de violaciones a los DDHH, torturas, desapariciones forzadas, homicidios políticos, fueron perpetrados por quienes estaban obligados a cuidarlos. Una sociedad que no reflexione o que ampare o que perdone este tipo de conducta, desde el punto de viste jurídico y ético, es una sociedad en la que realmente me daría vergüenza vivir… nos debería dar vergüenza a todos.