El Salvador está volviendo a sus peores tiempos. Esto se debe, en parte, a que lo gobiernan criminales del peor tipo: funcionarios en venta, sin seso y sin palabra, difusores de esa mal llamada “cultura de masas”, empresarios, sicarios y narcodependientes corruptos y ladrones, amigos de los poderosos, narcotraficantes y terroristas de Estado, violadores de derechos humanos, manipuladores, negadores del pasado. Para variar, respaldados por una masa informe de gente desesperada.
La encrucijada de las y los pocos salvadoreños conscientes se ve ahora colmada por un atentado reciente contra el protagonista de los Acuerdos de Paz de 1992, y ahora, el más vilipendiado partido y el único instituto político de izquierda que queda en El Salvador, aun capacitado para competir en las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021. A continuación, una breve crónica de los sucesos del 31 de enero de 2021, y el detalle de la instigación al crimen y la impunidad por parte del actual presidente de la República.
Domingo 31 de enero de 2021, entre 6:20 p.m. y 6:50 p.m. En plena campaña electoral, militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) vuelven de un mitin en caravana, y atraviesan el poniente del centro de San Salvador, entre la 11 Avenida Norte y la 1ª Calle Poniente hacia la sede del partido político conocida como “229”, cuando son interceptados por un sedán color azul, desde donde supuestos fanáticos de fútbol les disparan, dejando como saldo dos heridos y dos víctimas mortales. Estas últimos, son los excombatientes del conflicto armado de 1980, Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada. Habían sobrevivido la guerra de los ochenta, pero nada los preparaba para morir asesinados por el odio en democracia.
7:32 p.m. Media hora después, el presidente salvadoreño tuitea afirmando que se trata de un autoatentado por parte del FMLN: “Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron”. Error: privilegiado, corrupto, desesperado y muy bajo es el presidente de la república, sus funcionarios y seguidores. El mensaje irradia el mismo veneno que viene escupiendo desde su campaña presidencial de dos años previos a 2019, desde su expulsión del partido en cuestión. Pero ahí no termina su retahíla de necedades.
7:43 p.m. Escribe hipócritamente, en la misma postura de culpar al mismo FMLN del atentado: “Es increíble el poco valor que le dan a la vida humana. El bien más preciado que tenemos en este mundo. Este gobierno ha luchado por defender la vida, pero parece que hay quienes quieren aferrarse al pasado de muerte. Nuestro pueblo ya no quiere sufrir”. Al contrario, ni el presidente ni su gobierno han luchado por defender la vida. Tan solo la mañana del 31 de enero, el vicepresidente salvadoreño había aprovechado una reunión con veteranos de guerra para afirmar como seguidor del presidente un nuevo mensaje que precedía el hecho sangriento de la noche: “Recordemos que esta nueva guerra con nuevos actores ya empezó y la empezamos ganando el 3 de febrero de 2019 y la seguiremos ganando el próximo 28 de febrero”.
7:52 p.m. El presidente asegura que la Policía Nacional Civil ya está investigando y que caerá sobre los responsables todo “el peso de la ley” (las leyes que el presidente desprecia). Este mensaje intenta amortiguar la contraproducente recepción de sus comentarios anteriores.
10:10 p.m. Publica que uno de los criminales es agente de Protección a Personalidades Importantes (PPI) en el Ministerio de Salud, sumando un nuevo factor, el de sus funcionarios ideologizados ejecutando la mala obra de sus tuits represivos: “El atacante al parecer es un PPI asignado al MINSAL, que venía del partido en el Cuscatlán. Está también siendo operado de gravedad por heridas de bala. Todos los responsables pagarán por sus actos”. Se trataría de un elemento de confianza en el actual gobierno (con la pleitesía de la Policía Nacional Civil a su supremo líder, se hace difícil una investigación seria del delito); aparentemente este tercer sujeto fue herido en lo que para el pelele parece no un ataque, sino un tiroteo donde hubo fuego cruzado que provocó una víctima entre los agresores. Todo lo cual parece un enredo narrativo del mediocre presidente, quien no se veía a esa hora tan dispuesto a sostener su inicial y belicosa forma de referirse a los militantes. El último tuit acusando a uno de sus seguidores PPI, es casi una autoacusación.
10:33 p.m. Añade: “La @PNCSV también ha capturado a dos militantes del FMLN sospechosos de disparar contra el PPI que está siendo operado por heridas de bala en el abdomen. Todos los responsables pagarán por sus actos, sean quienes sean.” Con este comentario, no solo se anticipa a datos no proporcionados por Fiscalía, sino que revictimiza y criminaliza a los militantes heridos y fallecidos en el hecho. Adelantar información sin confirmar, sin ser director de la Policía Nacional Civil o fiscal, es una irresponsabilidad ya usual por parte del primer funcionario público.
12:48 a.m. Operativo policial en las afueras del Hospital Rosales en la capital, que dura hasta mediodía, para detener a uno de los militantes heridos del FMLN.
Transcurridas varias horas del crimen, se sabe que los tres atacantes son empleados de seguridad en el Ministerio de Salud, dos de ellos policías PPI, según lo confirma el Ministro de Salud, Francis Alabí. Esto hace pensar que hay detrás del doble homicidio algo más que un simple incidente de tres locos que disparan estimulados porla victoria de su equipo en una final de fútbol. También sabemos que el supuesto vehículo sedán azul en que se transportaban, fue hallado en un parqueo del MINSAL, y retirado inmediatamente por la PNC sin que se haya completado un auténtico peritaje; que varios funcionarios, entre ellos un ministro, se pronunciaron en Twitter para apoyar la tesis del supuesto autoatentado; que el FMLN ha recibido condolencias y solidaridad por parte de varios organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como de otros gobiernos; que el Tribunal Supremo Electoral, después de desoír la petición de uno de sus magistrados de solicitar cuanto antes la llegada de observadores internacionales para prevenir nuevas acciones violentas, antes del evento electoral del 28 de febrero, por fin han formalizado esta petición.
No debemos acostumbrarnos a la intimidación que empezó con la bravuconada del presidente, quien abusando de su cargo ordenó hace casi un año, el 9 de febrero de 2020, la incursión militar a la Asamblea Legislativa. A 27 días de celebrarse elecciones legislativas, en El Salvador el pasado vuelve en una espiral de violencia política. Esto no es noticia nueva, claro; en los 1990 y en los 2000, intelectuales, escritores, poetas y docentes que advirtieron la debacle, pero a quienes nadie, como a nuevas Casandras, inclinó oídos. Esta vez la represión política no solo es policial y militar; los nuevos instrumentos de represión son ahora fanáticos y pandillas. Véase los hallazgos macabros y ataques armados cada vez más numerosos desde las dos últimas semanas de enero 2021, incluyendo el ataque por pandillas contra un equipo de Médicos Sin Fronteras la mañana del 31 de enero.
El pueblo sigue entregando poder a animales rabiosos -con el perdón de nuestro reino animal- que no se detendrán media vez los han desatado; dirigidos por élites que planificaron este grave retroceso, y azuzados por el sociópata de Casa Presidencial. El presidente no puede decir que su gobierno fomenta otra cosa que odio. Sobre él recae gran parte de lo que ha ocurrido desde que asumió como el principal delincuente de El Salvador, pues siendo el primer obligado a defender el Estado de Derecho, ha optado por ser un terrorista que preside un gobierno violador de derechos humanos, incluyendo su instigación constante que resultó en el asesinato de Juan de Dios Tejada y Gloria Rogel del Cid, quienes, leales a sus principios, no abandonaron hasta el final una lucha que no es la de un partido político, sino la de un pueblo una vez valeroso con ganas de libertad y justicia social. El 28 de febrero debemos decidir en las urnas si queremos que el baño de sangre continúe y recrudezca, o si queremos defender la pluralidad de una Asamblea Legislativa que, le guste o no al dictadorzuelo, no tiene por qué seguir al presidente.
Por ahora, los ciudadanos contra el totalitarismo actual hacemos responsables de cualquier crimen por intolerancia política contra cualquiera de nosotros y nosotras, al presidente de la República de El Salvador y a sus secuaces funcionarios, por prevalerse de su cargo para hacer apología del delito, incitar al odio, fomentar la intolerancia en nuestras comunidades, invisibilizar a las víctimas, y otras violaciones a los derechos humanos, aclarando a sus descontrolados simpatizantes y titiriteros: no nos obligarán a pensar como ustedes y no nos obligarán a escondernos.