Cuando un país construye cárceles y sale a hacer política con ello es porque todo está muy mal.
El Salvador posee 26 cárceles para una población penal de 47.037 personas, entre ellas una mega cárcel para 20.000 reclusos a los que cataloga como “terroristas”
Para el presidente Bukele pareciera que la solución a los problemas del país pasan por encerrar personas y es por ello que la construcción de este mega “Centro de confinamiento del Terrorismo” forma parte de una estrategia integral que comenzó con el asalto a las instituciones democráticas con la ocupación militar al parlamento el 9 de febrero de 2020, la progresiva eliminación del Estado de Derecho, la sustitución sumaria del fiscal general y los jueces de la sala constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, liquidando la división de poderes, llevándola a una mera formalidad que responda a sus intereses, concentrando con el correr del tiempo más y más poder.
El mensaje implícito en la existencia de este mega “Centro de confinamiento del Terrorismo”, pasa por lo que él considera “terrorismo”, y en la lucha contra ese terrorismo las fuerzas de seguridad del estado han cometido abusos atroces, ejecuciones extrajudiciales, ataques sexuales, desapariciones forzadas y perseguido a la oposición política y social, llegando incluso a encarcelar por homicidio a jóvenes mujeres que presuntamente incurrieron en aborto.
La Asamblea Legislativa salvadoreña en marzo del año pasado aprobó un estado de emergencia, suspendiendo derechos constitucionales fundamentales en respuesta a la violencia desatada luego de la ruptura de los acuerdos a los que había llegado Bukele con los “capos” de distintas pandillas.
En una nota publicada por el diario salvadoreño Colatino el 25 febrero de este año, se deja constancia de algo que hacía rato dejaba de ser un rumor o una sospecha.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una acusación contra varios líderes de la MS13 (Mara Salvatrucha) hecha en el Distrito Este de Nueva York, la cual confirma que después de las elecciones presidenciales en febrero de 2019 en El Salvador, la MS-13 acordó reducir el número de asesinatos, a cambio de no extraditar a Estados Unidos a los líderes de dicho grupo criminal que son solicitados por ese país para su enjuiciamiento por diversos delitos”.
“Esto benefició políticamente al presidente Nayib Bukele, al crear la percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios, pero los líderes de la MS-13 continuaron autorizando asesinatos donde los cuerpos de las víctimas fueron enterrados o escondidos. Los líderes de la MS-13 también se reunieron en secreto en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las cárceles de Zacatecoluca e Izalco y en otros lugares”, señala el documento”.
“Estas reuniones fueron organizadas por el gobierno salvadoreño y funcionarios penitenciarios, donde los líderes de la MS-13 también acordaron usar la influencia política para dirigir a los miembros de la estructura criminal, amigos y familiares de los miembros, y residentes de los barrios bajo su control, para apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 y lograr el poder legislativo”. [1]
Con la ruptura de este contubernio y ante el incremento de la violencia del crimen organizado y el desarrollo de la protesta social por el pronunciado deterioro de las condiciones de vida de la población y el avance en la persecución político-judicial contra ex funcionarios del FMLN y dirigentes de los diversos movimientos sociales y ambientalistas, Bukele decide profundizar el control político social desde el estado represivo y con el servicio del poder legislativo, prorroga 10 veces la medida de excepción que aún sigue vigente.
Las fuerzas armadas y la policía nacional civil han detenido a más de 61.000 personas desde marzo de 2022 y de ellas, alrededor de 3.000 han sido puestas en libertad o siguen bajo libertad condicional. El sistema carcelario del país experimenta un nivel de ocupación del 287% con un promedio diario de 340 personas enviadas a las distintas cárceles.
En su lucha contra el “terrorismo”, las fuerzas represivas cuentan con privilegios y garantías de inmunidad e impunidad, que traen como consecuencia violaciones masivas al debido proceso, grave hacinamiento en las cárceles y muertes bajo custodia.
Ahora, para que a un sujeto se le ordene la detención provisional o se le condene no es necesario el esfuerzo probatorio ante el juez ya que, en este régimen de excepción, como bien lo expresara el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas, «El policía es un juez en la calle».
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas ha sido fuertemente criticado después que expresó que los policías son los “jueces en la calle», durante su discurso para la petición de la undécima prórroga del régimen de excepción.
De esta manera la detención del 1 % de la población no es algo que pueda llamar la atención en un sistema en el que una persona puede ser judicializada por el delito de asociación ilícita por «apariencia sospechosa» o encontrársela «nerviosa» ante su posible detención, en esta situación ningún recurso de Habeas Corpus determinará la existencia de una detención ilegal o arbitraria.
Human Rights Watch (HRW) revela que según las autoridades los capturados suman 61.300, lo cual refleja un total de 97.025 privados de libertad, situación que coloca a El Salvador con la tasa más alta de población carcelaria a nivel mundial, según la entidad internacional World Prison Brief.
La responsable para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner, asegura haber obtenido una base de datos filtrada desde el Ministerio de Seguridad Pública[2], que da cuenta de los nombres, las edades y el género de las personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022, también brinda información sobre los cargos contra los detenidos y la ciudad donde fueron arrestados. “Esta base de datos filtrada apunta a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia”, dijo. “Según los datos, las autoridades salvadoreñas han amontonado de manera inhumana a los detenidos, incluidos cientos de niños, en lugares de detención abarrotados, mientras hacen muy poco para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas por la violencia de las pandillas”.
Luego de una minuciosa constatación de los datos registrados en la información obtenida desde el Ministerio de Seguridad Pública, Human Rights Watch y Cristosal dan a conocer la siguiente información que constituye una grave denuncia sobre la situación en materia de derechos humanos:
A fines de agosto, 1082 niños fueron arrestados durante el estado de emergencia (918 niños y 164 niñas) enviados a prisión preventiva, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Estos encarcelamientos fueron posibles gracias a una ley de marzo de 2022 que redujo de 16 a 12 años la edad de responsabilidad penal para los niños acusados de delitos relacionados con pandillas.
El Salvador define el delito de “asociación ilícita” de manera amplia para incluir no solo a las personas que lideran o participan en pandillas, sino también a quienes reciben algún tipo de “beneficio indirecto” de las mismas. En este marco 39.000 personas han sido imputadas por el delito de “asociación ilícita” y más de 8.000 por pertenencia a “organización terrorista”.
La ley salvadoreña define “organización terrorista” en un sentido amplio en contra de las normas internacionales, situación que permite judicializar arbitrariamente a muchos de las personas que caen en cientos de redadas indiscriminadas, que se efectúan particularmente en comunidades marginadas donde viven jóvenes en condiciones de vulnerabilidad laboral y educativa, presos de la otra cárcel que ha sabido construir Bukele, la de la miseria y la ignorancia.
Human Rights Watch y Cristosal denuncian en un informe de diciembre de 2022, las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia, que comprenden, detenciones masivas arbitrarias, tortura y malos tratos contra detenidos, muertes bajo custodia y enjuiciamientos abusivos. En numerosos casos, las fuerzas represivas se han negado a proporcionar información sobre el paradero de varios detenidos a sus familiares y representantes legales, situación tipificada en el derecho internacional como desaparición forzada de persona.
Todas estas arbitrariedades han sido posibles por el constante desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del presidente Bukele desde que asumió la presidencia en el año 2019, y por la aplicación de una estrategia de manipulación mediática en función de generar consenso en base a engaños y desinformación para lograr el apoyo de los sectores más despolitizados de la población, que al no tener acceso a información verídica y a participar de instancias de contraloría social, que desnude la gran estafa que significa la trágica administración del gobierno bukelista, optan por aferrarse a esta mentira esperando que algún día se transforme en realidad.
Lo que deja en claro el mensaje de la Mega cárcel y de la “mano dura” es que cuanto mas se incremente el negocio de la represión, que trae implícito jugosas ganancias para los sectores de la industria de la seguridad, y menos recursos se inviertan en el bienestar de la población, en mayor acceso a la educación y en generar empleos genuinos y elevar la calidad de vida de los sectores mas vulnerables, las cárceles no alcanzarán y el sistema represivo se convertirá en una bomba de tiempo que terminará convirtiendo en víctima al victimario, como bien lo ha demostrado la historia.
Oscar Rotundo. Analista político internacional, editor del equipo de PIA Global.
Referencias:
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