Empecinado en continuar con su táctica dilatoria, el gobierno de facto llevó el proceso de diálogo a un callejón sin salida. El objetivo de esta nueva burla al pueblo hondureño y al mismo presidente Zelaya es dilatar el proceso de diálogo a través de supuestos elementos jurídicos y acercarse lo más posible al día de […]
Empecinado en continuar con su táctica dilatoria, el gobierno de facto llevó el proceso de diálogo a un callejón sin salida.
El objetivo de esta nueva burla al pueblo hondureño y al mismo presidente Zelaya es dilatar el proceso de diálogo a través de supuestos elementos jurídicos y acercarse lo más posible al día de las elecciones. Un proceso electoral que será estrictamente controlado y manipulado por los mismos poderes golpistas, incluyendo al ejército.
El gobierno de facto y los sectores políticos, económicos y militares nacionales e internacionales que han organizado y llevado a cabo el golpe de Estado el pasado 28 de junio saben y esperan que, aunque enfrentándose a la, hasta ahora, débil reacción de la comunidad internacional, más temprano que tarde este proceso electoral ilegal e ilegítimo va a ser reconocido y legitimado.
En este sentido, la capacidad de reacción y preparación de una estrategia adecuada por parte de la Resistencia asume hoy una importancia fundamental para contrarrestar este proyecto reaccionario y violatorio del orden constitucional.
Después de una interminable sesión de diálogo que fue prórrogada varias veces a lo largo del día 16 de octubre, el delegado del presidente Manuel Zelaya, Victor Meza, se reunió con los medios de comunicación para advertir que el gobierno de facto se resistía a aceptar el texto del punto número 6 del Acuerdo de San José, que prevé solicitar al Congreso Nacional el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio y por ende, el retorno del presidente Zelaya a la Presidencia de la República.
«Consideramos que el tema de la restitución presidencial debe ser discutido en el ámbito político del Congreso Nacional. La propuesta diseñada por la comisión del señor Micheletti considera que debe ser en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte -continuó Meza- ya emitió una opinión jurídica sobre el Acuerdo de San José en ocasión de la visita de los cancilleres de la OEA, y no tiene ningún sentido volverle a pedir una opinión sobre un tema tan trascendental.
Hemos consultado nuevamente con el Presidente Zelaya esta propuesta absurda y todavía dándole una oportunidad a la paz y al diálogo, hemos decidido hacer una contrapropuesta como última oportunidad que se da al grupo del señor Micheletti», dijo el delegado de Zelaya.
Esta contrapropuesta solicita «respetuosamente al Congreso Nacional, que previa opinión de las instancias pertinentes, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, si así lo estima necesario, emita la decisión correspondiente a ese punto de la propuesta del Acuerdo de San José».
Para Meza «es el Congreso el órgano depositario de la soberanía popular y es el órgano político por excelencia. Una vez firmado el acuerdo entraria en vigencia y esperamos que el Congreso se reuna de inmediato para anular la denominada sustitución presidencial», aseveró.
Meza advirtió que van a seguir en el diálogo hasta que no haya una respuesta definitiva a la contrapropuesta y que se espera tenerla para el día lunes, 19 de octubre, cuando posiblemente se reanude la mesa de negociación.
Por su lado, la comisión del presidente de facto no salió a dar explicaciones sobre lo ocurrido, sino que dejó esta complicada tarea al ministro de la Presidencia de facto, Rafael Pineda Ponce, quien trató burdamente de justificar lo injustificable, evidenciando claramente la estrategia dilatoria que está detrás de esta nueva propuesta.
«El poder legislativo no puede tomar acciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia y viceversa. En este marco las comisiones deben seguir la búsqueda del camino por la paz y la tranquilidad en el país a tráves del diálogo.
Expresamos que los asuntos que están sustanciados en el orden jurisdicional de la Corte Suprema de Justicia deben ser ventilados y deben decidirse allá, al igual que los asuntos que competen al Congreso Nacional deben ser decididos por esta instancia».
Pineda Ponce ventiló también la idea de que la mesa de diálogo sea integrada por un miembro de estos dos poderes del Estado.
Ante esta nueva demostración de falta de voluntad de parte del gobierno de facto de buscar una salida a la crisis, el miembro de la dirección colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Rafael Alegría, lamentó que «a esta altura no haya un acuerdo. Ha quedado claro de que la comisión del Presidente Zelaya no se retira del diálogo y que va a esperar una respuesta a su contrapropuesta.
Si la comisión del señor Micheletti se resiste a un acuerdo, tal como lo establece el Acuerdo de San José, la situación se va a volver muy complicada. Ya en este momento – continuó Alegría – la fuerza militar está desalojando a la gente que se encuentra en la Universidad Pedagógica y estamos viendo un incremento de la presencia policial y militar en la capital, posiblemente para crear miedo y terror».
El miembro de la Resistencia pidió a sus militantes y simpatizantes mantener la calma y seguir con las movilizaciones que estaban previstas para los próximos días, en la espera de lo que pueda ocurrir el próximo lunes 19 de octubre.
Zelaya abandona el ultimátum
Desde la embajada de Brasil, el presidente Zelaya dio a conocer un nuevo pronunciamiento en el que dijo que ante la burla y la bofetada que el señor Micheletti ha inferido al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para sostenerse arbitrariamente en el poder, «no estamos dispuestos a perder los derechos del pueblo legitimando este golpe de Estado.
No aceptamos que se militarice la sociedad y que el Presidente de Honduras sea nombrado en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y no estamos dispuestos a permitir que se militarice nuestro sistema, y nos roben la democracia».
El Presidente constitucional de Honduras advirtió además de que las violaciones permanentes de los derechos humanos, la cancelación de las libertades públicas y la cancelación y confiscación de medios de comunicación es la preparación de un gran fraude político-electoral.
Finalmente resolvió convocar de manera inmediata a los cancilleres de la OEA para que aumenten las medidas comerciales y económicas contra el régimen de facto, llamar a la Resistencia y a los candidatos no golpistas a pronunciarse sobre el proceso electoral y el fraude que se está preparando, mantenéndose firmes hasta lograr la derrota de la dictadura y tomando las medidas necesarias.
En medio de este teatro del absurdo donde las partes han dialogado tres días sobre el mismo punto, han mantenido las mismas posiciones del comienzo -¿Congreso o Corte Suprema?- y siguen prorrogando el diálogo, la gente continúa en las calles del país, consciente de que con Zelaya o sin Zelaya la lucha para la Constituyente va.
ALBA prepara sanciones contra el gobierno de facto
La VII Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) decidió emitir una resolución en la que expresa que ante la intransigencia del régimen usurpador frente a las resoluciones de la comunidad internacional, los países del ALBA redoblarán sus esfuerzos por el restablecimiento del orden constitucional en Honduras a través de la restitución del presidente Manuel Zelaya.
Acordaron también no reconocer ningún proceso electoral realizado bajo el régimen golpista, ni ningún resultado del mismo, no permitir el ingreso o permanencia en el territorio de ninguno de los países miembros del ALBA de los principales responsables del golpe de Estado en Honduras y aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del régimen golpista, adoptadas por parte de los países miembros según corresponda.
Entre los puntos de la resolución también se prevé encomendar al grupo de trabajo en temas de derecho internacional, autodeterminación, respeto a la soberanía y derechos humanos del ALBA el estudio de acciones ante instancias de justicia internacional y otras, en contra de los principales responsables del golpe de Estado en Honduras, pedir de manera urgente a la Secretaría de la ONU que nombre una comisión especial de cancilleres para que viaje a Honduras a exigir al régimen golpista, en apoyo a Brasil y en cumplimiento de la Convención de Viena, respeto a la inviolabilidad de la misión diplomática de ese hermano país, y condiciones de seguridad y humanitarias adecuada para la permanencia del presidente Zelaya, su familia y demás acompañantes en dicha sede diplomática.
Finalmente, se declararon en sesión y vigilia permanentes, para acompañar la lucha del pueblo hondureño y a su legítimo Presidente, por el respeto de sus derechos y libertades, fundamentalmente el derecho soberano a elegir democráticamente sus autoridades, y su derecho al ejercicio del poder constituyente.
También sigue la represión
Además de seguir vigente el decreto que cercena los derechos constitucionales del pueblo hondureño, el nuevo decreto que criminaliza a los medios que no opinan conformes al pensamiento del gobierno de facto hizo nuevas víctimas.
Radio Cadena Voz, propiedad del ex mandatario Ricardo Maduro, decidió cerrar los programas radiales del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», del Centro de Estudio de la Mujer y del Centro de Derechos de Mujeres.
Según la gerencia de la radio, «en programas pasados, se han vertido comentarios y aseveraciones que trasgreden principios y bienes jurídicos, tutelados en la Constitución, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas». Esta decisión se ampara en el decreto ejecutivo número 124-2009, aprobado por el gobierno de facto y publicado en la Gaceta el 7 de octubre.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.