Las elecciones presidenciales del domingo 29 de noviembre en Honduras son un ejemplo de la nueva modalidad de intervención de Estados Unidos en América Latina: promover un golpe de Estado, declararse públicamente en contra de él y apoyar nuevas elecciones bajo un régimen dictatorial. Argentina, Brasil y los países de la Alternativa Bolivariana para América […]
Las elecciones presidenciales del domingo 29 de noviembre en Honduras son un ejemplo de la nueva modalidad de intervención de Estados Unidos en América Latina: promover un golpe de Estado, declararse públicamente en contra de él y apoyar nuevas elecciones bajo un régimen dictatorial.
Argentina, Brasil y los países de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (Alba) se han negado a justificar el golpe de Estado en Honduras, así como el reciente sainete electoral. Por su parte, la troupe de théâtre , bajo la dirección de Estados Unidos (Israel, Costa Rica, Colombia, Perú y Panamá), se ha apresurado a emitir su reconocimiento a los comicios hondureños. En todo caso, el prestigio de la política exterior del gobierno de Barack Obama se ha puesto en entredicho, pues se consolida el alejamiento de los países más fuertes de Suramérica, en relación con los dictados estadunidenses.
El escenario
Para dar satisfacción a la renovada hermandad militar que se instauró entre las fuerzas armadas de Honduras y el ejército de Estados Unidos, a partir del golpe de Estado, el domingo 29 de noviembre el territorio hondureño amaneció colmado de hombres en verde para resguardar el orden del teatro electoral que debía llevarse a cabo ese día. A pesar de las advertencias, varios ciudadanos salieron ese día a manifestarse pacíficamente en las calles en contra de la nueva dictadura militar y de las elecciones. Las más grandes concentraciones se llevaron a cabo en Tegucigalpa, frente a la embajada de Brasil, donde se encuentra refugiado el presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, y en San Pedro Sula, en donde la sociedad civil fue fuertemente reprimida por el ejército.
Desde el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio, son 30 las personas que han sido asesinadas -nueve en el último mes-. A esto hay que agregarle los más de 4 mil casos de violación a los derechos humanos, además de las interferencias al Canal 36 de Televisión y Radio Globo, el cerco militar a Radio Uno y las amenazas a Radio Progreso.
Amnistía Internacional denunció intimidación a la ciudadanía en el momento de estas elecciones múltiples, pues no sólo se elije a un presidente, sino también a diputados, representantes de gobiernos municipales y representantes ante el Parlamento centroamericano.
La Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron que no enviarían observadores electorales, mientras Estados Unidos había manifestado ya, de forma abierta, su respaldo a los comicios.
Según Eva Golinger: «El Instituto Republicano Internacional y el Instituto Demócrata Nacional -dos agencias creadas para filtrar el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la National Endowment for Democracy a partidos políticos en el exterior, para promover la agenda estadunidense- no solamente financiaron a los grupos involucrados en el golpe de Estado en Honduras, sino ahora están ‘observando’ las elecciones. Grupos terroristas como Uno América, dirigido por el golpista venezolano Alejandro Peña Esclusa, también han enviado ‘observadores’ a Honduras. Y el terrorista criminal miamero-cubano Adolfo Franco, antiguo director de la USAID, es otro ‘pesado’ en la lista de los observadores electorales hoy en Honduras».
Los resultados
El final de la obra no fue sorprendente, pues el candidato de la derecha, Porfirio Lobo «triunfó». A partir de ese anuncio, la danza de las cifras ha sido constante. El Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado señaló que la participación de votantes sólo llegó a 21.5 por ciento, mientras que los golpistas aseguran que más del 60 por ciento de electores acudieron a las urnas. No hay forma de saber el dato real, pues ningún organismo internacional participó como observador en la representación electoral, pero los periodistas extranjeros afirmaron que la participación fue escasa.
Para el presidente Zelaya, «si Porfirio Lobo triunfó en las elecciones ilegales del domingo, fue porque el régimen golpista le dio esa oportunidad, en su afán por blanquear el quebrantamiento del orden democrático en Honduras» .
La sociedad ha seguido reaccionando y, a pesar de la prohibición para efectuar manifestaciones, el domingo y lunes, la gente salía a mostrar su dedo limpio y gritando «no votamos», «no votamos»; numerosas son las clases medias que participan en esas demostraciones.
Las actuaciones internacionales
La comunidad internacional, excepto Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Israel, Panamá y Perú, ha rechazado la celebración de estos comicios ilegítimos, pero casi todos han apoyado la restitución de Zelaya en el cargo de presidente constitucional de Honduras.
La OEA y el Centro Carter han condenado al proceso electoral en Honduras como ilegítimo y rechazaron enviar observadores. Ésta ha sido la misma posición de la Unión de Naciones Suramericanas y la Alba.
El gobierno de Estados Unidos se apresuró a validar, desde el lunes 30, las elecciones. En un «baile retórico», dijo David Brooks, corresponsal del periódico La Jornada en Washington: «El secretario adjunto del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, nutrió la confusión sobre si Estados Unidos reconocerá a Lobo como el próximo presidente, pues sólo afirmaba que ‘los Estados Unidos toman nota de la elección’, pero que eso sólo era ‘un paso hacia adelante pero no suficiente'».
En todo momento, el gobierno venezolano reiteró que no reconocería las elecciones ilegales realizadas en Honduras el pasado 29 de noviembre, al catalogarlas como «farsa electoral». Declaró, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que desconocía los resultados emitidos por el órgano electoral de facto hondureño.
La batalla diplomática más importante se dio en la XIX Cumbre Iberoamericana celebrada en Estoril, Portugal, que concluyó el 1 de diciembre, y en la que no hubo consenso sobre las elecciones en ese país. A este encuentro, cada vez más desangelado, no acudieron gobernantes de ocho países, entre ellos, cuatro de los más críticos al golpe de Estado en Honduras y la salida que se le pretende dar mediante las citadas elecciones: Raúl Castro, de Cuba; Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia, y Daniel Ortega, de Nicaragua.
En esta cumbre no se logró el consenso para elaborar una declaración conjunta sobre la crisis en Honduras, por lo que Portugal, el anfitrión, emitió un comunicado: «No objetado por ninguna delegación». En la declaración se coincidió que es fundamental que el mandatario constitucional regrese al poder y se condena el golpe, además de que se consideran inaceptables las graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades al pueblo hondureño. Como «un paso fundamental para el retorno a la normalidad», en Honduras, piden la restitución de Zelaya en el poder, y exhortan a que cese «el hostigamiento a la embajada de Brasil en Tegucigalpa».
En Estoril, los presidentes de Argentina y Brasil mostraron una posición sólida y coherente ante la farsa electoral, mientras que México y España, como malos actores de reparto, no tomaron ninguna posición firme.
Finalmente, como era de esperarse en una función de candilejas, el 2 de diciembre, el Congreso de facto hondureño, desoyendo a la comunidad internacional, debatió la vuelta al poder del presidente constitucional, y determinó no restituirlo, con 65 votos en contra y sólo nueve a favor. De cualquier manera, Manuel Zelaya había advertido que no aceptaría ser restituido en la Presidencia para legitimar la farsa electoral.
Para la analista Eva Golinger, Estados Unidos se encuentra atrás de todo este escenario que comenzó el 28 de junio de 2009, cuando «altos funcionarios del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia presentes en la base de Soto Cano, controlada por Washington, arreglaron el transporte de Zelaya a Costa Rica. Arias había ya expresado su disposición para refugiar al presidente ilegalmente exiliado y no detener aquellos secuestradores que pilotearon el avión que, en violación del derecho internacional, llegó al territorio costarricense».
Mientras tanto, el presidente Zelaya ha anunciado que permanecerá en la embajada de Brasil en Tegucigalpa hasta el fin de su mandato, el 27 de enero, en donde seguramente recibirá fuertes presiones para negociar con el nuevo presidente electo de su país.
Juan Manuel Bueno Soria. Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Tolouse I, Francia