El pasado 3 de septiembre el Departamento de Estado dio a conocer un comunicado ¹ en el que anuncia «la terminación de una amplia gama de asistencia al gobierno de Honduras como resultado del golpe de Estado que ocurrió el 28 de junio», señalando al mismo tiempo que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tomó […]
El pasado 3 de septiembre el Departamento de Estado dio a conocer un comunicado ¹ en el que anuncia «la terminación de una amplia gama de asistencia al gobierno de Honduras como resultado del golpe de Estado que ocurrió el 28 de junio», señalando al mismo tiempo que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tomó esta decisión «reconociendo la necesidad de imponer medidas más fuertes debido a la persistente resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por parte del régimen de facto, para restaurar el orden democrático y constitucional en Honduras».
El vocero de esta institución, Ian Kelly, informó además que el gobierno estadounidense revocará visas de entrada al país a miembros y promotores del régimen de facto hondureño, y que en este momento no podría «apoyar el resultado de las elecciones de noviembre».
Aunque esta decisión de la administración Obama debe ser considerada como algo positivo que contribuye a aislar aún más al gobierno de facto de Roberto Micheletti, no se puede obviar el hecho de que llega después de casi 70 días durante los cuales el régimen golpista pudo crear las condiciones necesarias para que difícilmente se pueda restaurar la situación político-institucional, económica y social vigente antes del golpe.
Además, el hecho de no haber aclarado el monto de la ayuda suspendida o terminada desde el pasado 28 de junio, de estar todavía estudiando el caso Honduras para determinar si efectivamente se trató de un golpe de Estado -lo cual obligaría a Estados Unidos a suspender cualquier tipo de apoyo financiero al país- y de seguir reconociendo como única salida al conflicto la ratificación del Acuerdo de San José, desconociendo de esa manera el posicionamiento del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado que pide el fin de la militarización del país y el inicio de un proceso de reforma a la Constitución, salpica de dudas e inquietudes la actitud ostentada hasta el momento por la administración Obama.
Agencias al acecho
Si por un lado el gobierno de Estados Unidos suspende parte de su ayuda al gobierno de facto de Honduras, por otro varias agencias estadounidenses que usan fondos de los contribuyentes siguen con sus financiamientos.
Según Bill Conroy, del The Narco News Bulletin, «La Corporación Desafío del Milenio ² ha continuado moviendo millones de dólares en Honduras desde el golpe de Estado del 28 de Junio, y no es la única.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ³ (USAID, por su sigla en inglés) tiene proyectado proveer a Honduras con cerca de 47 millones de dólares en fondos para el año fiscal 2009, el cual finaliza el 30 de septiembre de 2009. Casi todo ese dinero (43 millones) continúa programado para ser entregado como estaba planeado previamente (al golpe de Estado)», señala Conroy.
Otras agencias muy conocidas por su apoyo financiero y logístico a los sectores que se oponen a los procesos de cambio en marcha en diferentes países de América Latina, siguen desarrollando normalmente sus programas.
El reporte de auditoría realizado por USAID en junio 2009, 4 señala por ejemplo que ese organismo otorgó al Consorcio para Procesos Electorales y Políticos (CEPPS, por su sigla en inglés), joint venture que involucra el International Republican Institute (IRI), el National Democratic Institute (NDI) y a una agencia no gubernamental llamada International Foundation for Electoral Systems (IFES), un acuerdo cooperativo de 1,8 millones de dólares con el propósito de proveer asistencia técnica al cuestionado Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a diferentes organizaciones de la sociedad civil en vista de las elecciones de noviembre.
Por su lado, la Unión Europea se ha limitado a congelar 65,5 millones de dólares de ayuda presupuestaria, sin hacerles caso a las múltiples demandas que provienen de las sociedades hondureña y europea de suspensión de todo tipo de cooperación y de programas de apoyo a las instituciones del Estado, la exclusión de Honduras de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Centroamérica (AdA) y la suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus).
Estas medidas serían una señal que apunta al rechazo real del golpe de Estado y a la voluntad de crear un precedente histórico para que nunca más se repita un intento golpista en el continente.
Democracia: ¿para qué?
Ante un hecho tan trascendental como este golpe de Estado, que representa un retroceso para el continente en su camino hacia la estabilidad, la democracia y un posible proceso de unificación, se necesita algo más que las simples declaraciones de rechazo que hasta el momento ha caracterizado el comportamiento de estas dos potencias económicas.
El Acuerdo de San José, fuertemente impulsado por Hillary Clinton y magnificado por gran parte de la comunidad internacional, tiene el objetivo de restaurar la democracia en el país, pero sin plantear los mecanismos para revertir las medidas del gobierno de facto, que en estos 70 días ha tratado de arrasar con los avances económicos, sociales y sindicales de los últimos años.
Pretende restituir a un Presidente «atado de pies y manos», tal como declaró hace unos días la primera dama Xiomara Castro, crear un gobierno de Unidad Nacional en el que participen los partidos golpistas, dejar la garantía de un correcto desarrollo de las elecciones en manos de un Ejército que ha reprimido, torturado y asesinado.
El Acuerdo de San José quiere negar al pueblo en resistencia el derecho a una Consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, y pretende ofrecer una amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe.
En fin, un acuerdo que parece estar ayudando a lograr el objetivo, ya no muy oculto, de este golpe y de sus arquitectos: frenar el proceso de unión centroamericana, dar una señal tangiblemente intimidatoria a los gobiernos progresistas de América del Sur, presentar el ALBA y sus proyectos como el «mal» del nuevo siglo y, sobre todo, crear un precedente, un posible modelo según el cual el golpe de Estado es rechazado, pero igualmente logra revertir las conquistas populares hacia una democracia con contenido social.
Ante esta amenaza y el «tortuguismo» diplomático, las organizaciones populares siguen planteando su agenda, que no es la de la comunidad internacional, ni la del presidente Manuel Zelaya, sino la de la gente que sigue sudando en las calles de Honduras.
La gente que resiste y que quiere que se le devuelva una democracia que mire hacia los más desposeídos, que cambie el modelo explotador y que haga de esta experiencia de resistencia la base para fundar la Honduras del futuro.
Notas:
1 http://www.state.gov/r/pa/prs/
3 http://www.aporrea.org/
4 http://narcosphere.narconews.
http://www.rel-uita.org/