Como para cerrar un círculo, la izquierda uruguaya hizo el acto de fin de campaña electoral en el mismo lugar donde realizó su acto final la primera vez que se presentó a las elecciones como Frente Amplio en 1971. En 33 años el FA se presentó en cinco elecciones nacionales, soportó en la clandestinidad más […]
Como para cerrar un círculo, la izquierda uruguaya hizo el acto de fin de campaña electoral en el mismo lugar donde realizó su acto final la primera vez que se presentó a las elecciones como Frente Amplio en 1971. En 33 años el FA se presentó en cinco elecciones nacionales, soportó en la clandestinidad más de 10 años de dictadura cívico-militar, creció constamente su caudal electoral, y desarrolló un tejido social que directa o indirectamente abarcó todas las áreas del hacer social, y logró la hazaña de mantener su unidad original, acrecentarla, y poder demostrar un número de afiliados equivalente al 10 por ciento del padrón electoral.
La casi excepcionalidad en América Latina de la experiencia del Frente Amplio tiene raíces muy crecidas en la lucha popular y de alguna manera, en las administraciones batllistas de principios del siglo XX, donde bajo la batuta del José Batlle y Ordóñez, se consagraron una serie de derechos fundamentales que todavía eran banderas de lucha de casi todo el mundo.
Una lucha popular que en la década del 60 abarcó todos sus formas y con una impronta nacional e innovadora, alejada de los esquemas internacionales.
Además, la unidad de la coalición, que integra a partidos políticos y movimientos sociales, se consagró no sólo a nivel de cúpulas partidarias, sino y fundamentalmente, a nivel de bases. Aunque algo devaluados, la izquierda uruguaya mantiene la conformación de los comités de base, y esta estructura social ha sido fundamental en varias instancias de lucha, antes, durante y después de la dictadura. Los plebiscitos y referendums sobre aspectos constitucionales o legales, que se desarrollaron desde la impugnación de la ley de impunidad a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura en 1987 hasta 1989, contaron como pieza fundamental a estos comités en la recolección de firmas y movilización de votantes. En este proceso de lucha, que incluyó la derogación de la ley de privatizaciones de empresas públicas en 1992, la reforma constitucional para revalorizar las jubilaciones de 1989, el rechazo a una reforma constitucional en 1994, la derogación de la ley de asociación de Ancap (empresa petrolera estatal) con capitales privados que encubría una privatización el pasado año, las movilizaciones de base fueron más importantes que los mensajes de los actores políticos y ampliaron la base de la coalición de izquierda.
Una izquierda que además actuó a nivel cultural (desde grupos folclóricos, de rock, murgas, teatro, etc), que se ramificó en organizaciones sociales como comedores y merenderos en los barrios marginales, en comisiones que impulsaron el ejercicio de la democracia directa como los plebiscitos, en los sindicatos, gremios, y desde febrero de 1990, gobernando el departamento de Montevideo, con la mitad de la población del país.
En su desarollo, el Frente Amplio fue creando una identificación entre sus militantes y votantes que sobrepasaba la identidad con un partido o sector determinado. Antes de definirse partidariamente, la gente se identificaba como «frenteamplista» y ello fue un motor para mantener la unidad y captar más sectores a la coalición. Para ser de izquierda, aunque se discrepara con los planteos generales del Frente Amplio, había que estar en la coalición, porque allí estaba el pueblo progresista y para allí iba todo el pueblo.
Ahora, a casi 34 años de su creación (febrero de 1971) el Frente Amplio integra una coalición mayor, denominada Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. Todos sus sectores integrantes, desde comunistas ortodoxos, troskistas, maoístas, ex guerrilleros, socialdemócratas, cristianos, etc., han aceptado y coincidido que el programa de gobierno no es socialista ni apunta en esa dirección. Un programa que en 30 años se ha modificado y hoy casi nadie recuerda las propuestas de reforma agraria, no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior que movilizaron a la juventud en la década del 70. El mundo también ha cambiado y las aspiraciones de cambio de la izquierda latinoamericana tienen un cronograma mucho más amplio y más gradual. El riesgo está en seguir aplazando los objetivos y transformar las etapas en metas.
En una reciente entrevista, el líder tupamaro, según las encuestas será el candidato al Senado más votado, José Mujica admitió que al llegar al gobierno, «vamos a encontrar un país muy destruido, con gran pobreza e indigencia, y conocemos el nivel de endeudamiento que el Uruguay tiene y el sometimiento que esto significa. Además existe una desindustrialización nunca vista y sabemos que todo lo que hemos planeado y nuestra capacidad de hacer estará limitada. Aunque sabemos también los límites, hemos definido que la situación social es nuestra prioridad». Con esta vision, Mujica ha sostenido que de lo que se trata ahora es «hacer un capitalismo más decente» y que «la revolución hoy es darle un plato de guiso a la gente».
De hecho, en las últimas elecciones, la propuesta central del Frente Amplio ha sido un programa de asistencia social e iniciativas para fomentar el empleo a través de inversiones estatales basadas en un aumento de la recaudación por una reforma tributaria, mecanismos de incentivos a la inversión privada y fomento de las exportaciones. En la recta final de la campaña electoral de 1999 se presentó un programa de subsidios para desocupados y creación de empleos temporales, con un costo de 100 millones de dólares y con una financiación adecuada.
En esta campaña electoral, el plan de emergencia social fue el tema central, en respuesta al aumento de la pobreza y la marginación. Según datos oficiales, más de 200 mil uruguayos cayeron bajo la línea de pobreza entre el 2002 y el 2003, hasta alcanzar la cifra de 850 mil.
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas muestran además que el 40 por ciento de todos los empleados se encuentran en la categoría de «informales», por lo que carecen de seguros médicos y no realizan aportes a la previsión social.
En el caso de la construcción, la situación es peor, ya que el 73 por ciento de los que trabajan en esa área lo hacen en categoría de «negro o ilegal», en tanto en el comercio más del 50 por ciento de los trabajadores realizan sus funciones de manera irregular.
Por otra parte, fuentes de la central obrera uruguaya PIT-CNT aseguran que unos 800 mil uruguayos se encuentran afectados por el desempleo.
Investigaciones anteriores detallan la triste realidad que afecta a la niñez local, ya que los datos señalan que un 48 por ciento de los infantes nacen debajo de la línea de pobreza.
La crisis financiera de mediados del 2002 agravó las condiciones sociales de miles de uruguayos y provocó un aumento de la tensión social, hasta ahora apenas contenida por la esperanza de un cambio de gobierno y de política económica.
La aplicación del denominado plan de emergencia está en el interés de todos los sectores sociales, ya que existe la sensación de que en cualquier momento puede haber un desborde.
El probable ministro de Economía del Frente Amplio, el contador Danilo Astori, destacó en una entrevista al diario argentino «Clarín», que «sin inversión, sin crecimiento sostenido de la producción, nuestro programa social se viene abajo
El también senador destaca que la inclusión de miles de uruguayos bajo la línea de pobreza ha sido el resultado de todo un proceso, y que revertir esa situación llevará tiempo, pero advierte al mismo tiempo que es necesario implementar medidas de corto plazo para comenzar a paliar en algo la situación.
Para ello, insiste, se requiere inversión. «Hay dos factores. Uno, interno, es la situación fiscal, que ha mejorado por vía de la recaudación. Hoy tenemos un superávit anualizado del 4,4%. Es un dato importante. Y el segundo, de origen externo, es la disposición de los organismos financieros internacionales a colaborar flexibilizando los vencimientos de 2005 y 2006. Si todo esto se confirma, no tengo duda de que habrá financiación» para esos planes de emergencia.
Sectores empresariales que antes cantaban loas al neoliberalismo, hoy advierten con preocupación que existe una «bomba social» que puede estallar en cualquier momento, y parecen dispuesto a ceder y permitir la aplicación de un programa de asistencia social que por lo menos aplace el estallido de esa bomba, y les permita mantener sus privilegios en la sociedad. El programa hoy de la izquierda es mínimo y está pendiente de muchos factores externos, y que pondrá a prueba su voluntad política de atender a los más necesitados. Para ello, la situación regional e internacional será muy importante, en especial a la hora de negociar la reprogramación de los pagos a los organismos internacionales.
No es este el programa inicial de la coalición de izquierda, ni se le acerca, pero puede ser un paso importante si se lo utiliza para seguir avanzando en la búsqueda de la justicia social. El sacrificio de miles de uruguayos durante décadas exige que por lo menos se realice un intento en serio para mejorar las condiciones de vida la mayoría.