Un sistema político en crisis, una ciudadanía fragmentada y una disputa estructural por el poder
Una disputa marcada por el miedo y la incertidumbre
En efecto, esta es una batalla en la que el gran temor de los pueblos radica en que, en condiciones desfavorables, nada cambie y todo siga como está. Quienes decidirán son, por un lado, las clases medias de las grandes ciudades y de los pueblos andinos y, por otro, el 75 % de trabajadores informales: ambos grupos de ciudadanos imaginarios (Sinesio López), con subjetividades marcadas, si no por la miseria y la ignorancia fomentadas por el neoliberalismo, por el miedo, la ambición consumista, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la confusión, el conformismo individualista, la desconfianza en los candidatos y, hasta, por miedos propiamente electorales.
Entre estos últimos se encuentran las reformas sutiles al sistema electoral, la valla, las enormes cédulas de votación, la amenaza de la anulación de votos en favor de la derecha y el anunciado fraude. En ese sentido, la propia cédula de sufragio -enrevesada y poco clara- parece diseñada para inducir errores y provocar votos nulos o viciados, que terminan beneficiando a las fuerzas más organizadas.
Y, aún peor, el temor a que cualquier gobierno que emerja sea más de lo mismo.
La ultraderecha, que saca provecho del temor ciudadano ante una explosión de la delincuencia, ofrece un discurso de orden, de mano dura y militarización. La derecha y la centroderecha confían en la clase media, conformada por una enorme burocracia estatal (50 % del país) y la gran mayoría de los trabajadores de la administración de la gran empresa privada y profesionales bien pagados, a los que se suman una parte de los trabajadores CAS que creen ser clase media y los pobres que venden su voto por un táper.
Aunque el millón y medio de trabajadores públicos (8 millones de personas) viven del Estado, un sector abraza al neoliberalismo que los amenaza con el despido. Las clases, históricamente influenciadas por la propiedad, el lugar de trabajo, el apellido y la procedencia -con un peso cada vez mayor de la educación y el capital bancario- serán determinantes en la elección. Un 40 % de la clase media urbana y rural puede decidir el triunfo o la derrota de ambas fuerzas.
Nada está dicho ni predeterminado. Si bien de la administración colonial hispánica heredamos la corrupción, junto con el monopolio de la violencia, el genocidio de los pueblos originarios, el racismo, la religiosidad, el autoritarismo, la sumisión y la resistencia, también se configuró una subjetividad compleja de rebelión, junto a una memoria de ocultamiento de una gran cultura que trata de renacer constantemente en medio de un etnocidio que no cesa.
Reconstruir el comunalismo en comunismo será una tarea larga que, como ya ocurrió en China o Irán, encontrará sus caminos destruyendo primero la cultura impuesta por los sujetos del poder: colonialistas, militares, curas y abogados, con sus mediadores y mediaciones que no han cambiado hasta hoy.
Los analistas y los límites de la democracia
Entre estos analistas periodísticos y superficiales se pueden identificar puntos críticos y preocupaciones recurrentes. Nos referimos, sobre todo, a miradas centradas en la coyuntura inmediata, sin profundidad histórica ni teórica, muchas veces provenientes del periodismo o de disciplinas ajenas a la ciencia política, que privilegian la opinión sobre el análisis estructural.
Coinciden en que vivimos en una democracia, que existe un autoritarismo parlamentario, una crisis de legitimidad del sistema político y una profunda desconfianza en los partidos políticos, el Congreso y el sistema electoral en general, agravada por la inestabilidad política de los últimos años (varios presidentes, acusaciones de corrupción, fragmentación partidaria).
Señalan también la debilidad de los partidos: muchos carecen de ideología clara, estructuras democráticas internas o representatividad real, lo que lleva a candidaturas improvisadas o “de ocasión”.
En el plano electoral coinciden en que existen riesgos de injerencia y desinformación. Las campañas electorales son sucias y están atravesadas por fake news: en elecciones recientes, la desinformación (especialmente en redes sociales) ha sido masiva; las campañas son financiadas por actores oscuros y se basan en desprestigiar candidatos o distorsionar propuestas, normalizando la injerencia externa de actores económicos o políticos.
También advierten sobre vulnerabilidades del sistema electoral: financiamiento político opaco, débil fiscalización del dinero en campañas, riesgos de lavado de dinero, falta de paridad e inclusión real y dificultades logísticas en zonas rurales y amazónicas que afectan el derecho al voto.
Todo ello ocurre en un contexto de polarización y crisis institucional, marcado por tensiones entre poderes del Estado. Existe el riesgo de instrumentalización de organismos electorales (ONPE, JNE, RENIEC) para inhabilitar candidatos, afectando su credibilidad. A esto se suma el uso sistemático de chismes, intrigas, mentiras, encuestas manipuladas y medios de comunicación controlados por el deep state, que enturbian el proceso y profundizan la desconfianza.
Los analistas políticos más serios y las lecturas estructurales
Frente a este panorama, los analistas políticos más serios proponen otras lecturas.
Steven Levitsky caracteriza al Perú como un régimen híbrido: instituciones democráticas formales con prácticas autoritarias que distorsionan la competencia. Sin embargo, su afirmación de que nunca fue tan democrático como ahora lo descalifica como analista político.
Alberto Vergara describe un país sin república, donde el acceso al poder se convierte en un derecho a la rapiña y en un pacto para depredar lo público, señalando una desconexión entre crecimiento económico e institucionalidad.
Juan De la Puente analiza la alianza entre poderes fácticos y estructuras políticas, destacando la necesidad de una representación auténtica de las mayorías, mientras que Héctor Béjar, desde una perspectiva histórica y antimperialista, interpreta la política peruana como una lucha entre élites y movimientos populares. A diferencia de los analistas de coyuntura, ambos insertan los hechos en marcos históricos más amplios, aunque divergen: uno apuesta por la reforma institucional, el otro por transformaciones más radicales.
Desde la historia, Carmen McEvoy, Cecilia Méndez y José Ragas ofrecen una lectura de larga duración. Coinciden en que las elecciones son expresión de crisis estructurales: degradación institucional, desplazamiento de la democracia hacia formas no institucionales y uso del miedo como herramienta política en un contexto de fragmentación.
Sinesio López y la crítica estructural de la democracia
Sinesio López aporta una de las lecturas más profundas y sistemáticas. Sociólogo e historiador con una larga trayectoria como analista y columnista, tiene una perspectiva histórica y estructural de la política peruana, centrada en las clases sociales y el poder. Su formación académica sólida y su adscripción a ideas de izquierda lo diferencian de analistas liberales o de centroderecha.
Según él, en el Perú hay una política sin políticos y una democracia sin demócratas. No se puede entender la crisis política sin analizar el modelo económico y la desigualdad estructural que la sostiene. La democracia peruana es, para López, una realidad incompleta y formal: existen instituciones y procedimientos, pero carece de su esencia, que es la igualdad real entre ciudadanos.
Critica que la democracia sea reducida a un régimen electoral, pues ello deja de lado dos elementos fundamentales: los actores (ciudadanos activos) y las condiciones materiales sobre las que se construye la democracia. Se ha priorizado la democracia electoral mientras se han postergado los derechos sociales. En esencia, tenemos una democracia para votar, pero no para vivir con dignidad.
López ha estudiado la descomposición de los partidos políticos tradicionales como resultado de una crisis de representación que dejó a la ciudadanía sin canales para procesar sus demandas. Este vacío ha permitido el surgimiento de outsiders y la proliferación de movimientos sin arraigo, generando un sistema fragmentado y volátil.
A diferencia de otros enfoques centrados en las élites, otorga un rol protagónico a la ciudadanía organizada. En su obra sobre “ciudadanos reales e imaginarios”, muestra la diversidad de experiencias de ciudadanía y entiende las protestas sociales como un proceso de democratización, no como un problema de gobernabilidad.
Para López, el modelo neoliberal ha generado una re-oligarquización del poder, permitiendo la captura del Estado por intereses privados. El Estado peruano no es solo débil: ha sido apropiado por élites que lo utilizan en su beneficio.
Hildebrandt, Arroyo y las formas de la crítica a la corrupción
En un lugar intermedio se sitúan César Hildebrandt y Laura Arroyo, dos figuras destacadas del periodismo político peruano que han reflexionado extensamente sobre el poder y la corrupción, aunque desde perspectivas distintas.
Hildebrandt, reconocido por su estilo crítico, acucioso y de tendencia centrista, ha sido un opositor constante a la corrupción en todos los niveles del gobierno. En sus columnas y programas ha denunciado de manera directa a políticos y poderes económicos que, según él, han secuestrado las instituciones del Estado. Considera que la corrupción es un fenómeno arraigado en la política peruana y que los gobiernos suelen entrar en colusión con intereses económicos para sostenerse. Asimismo, subraya la importancia de un periodismo independiente y de una ciudadanía activa como condiciones para enfrentar estas prácticas.
Por su parte, Laura Arroyo ha insistido en la existencia de un “poder corrupto” que trasciende a los actores individuales. Su análisis se centra en las estructuras que reproducen la corrupción, señalando que el sistema político está configurado para favorecer intereses particulares sobre el bien común. Desde esta perspectiva, la corrupción no es una desviación, sino un resultado lógico del funcionamiento del sistema.
Ambos coinciden en diagnosticar un estado generalizado de corrupción y en cuestionar la respuesta de las instituciones políticas. Sin embargo, difieren en sus énfasis. Arroyo privilegia un enfoque estructural: examina cómo las instituciones, el clientelismo y las relaciones de poder perpetúan estas prácticas. Hildebrandt, en cambio, tiende a una crítica más directa y personalizada, enfocándose en los responsables concretos y en la falta de integridad de los líderes políticos.
Estas diferencias se reflejan también en sus propuestas. Arroyo plantea la necesidad de reformas profundas, orientadas a transformar las estructuras que permiten la corrupción, así como a fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Hildebrandt, por su parte, enfatiza la urgencia de sancionar a los responsables y de exigir responsabilidades inmediatas, desde una crítica frontal al poder.
En síntesis, mientras Arroyo desarrolla una crítica sistémica, Hildebrandt despliega una crítica más confrontativa y centrada en los actores. Ambos coinciden en la necesidad de enfrentar la corrupción, pero divergen en los caminos para hacerlo.
En la mezquina visión de Hildebrandt, se divide el mundo entre quienes le caen bien -gente “culta”, eurocéntrica, blanca y limeña- y la vulgaridad de los bárbaros de los Andes, como el “ignorante golpista” Castillo.
Ambos, a través de su trabajo, abogan por una mayor transparencia y por un sistema político más justo, insistiendo en la necesidad de cambios estructurales que permitan superar la corrupción y construir una democracia más equitativa.
Más allá de las elecciones
En resumen, según todos los indicios, sigue primando la incertidumbre, el rechazo a la política y a los políticos y la búsqueda de un mesías, todo ello en una guerra étnico-clasista que no tiene fecha de caducidad.
Los peruanos han probado casi todas las variantes: desde un clasemediero radical convertido en neoliberal, pasando por el experimento fujimorista, hasta diversas figuras que no han logrado romper el modelo dominante.
La pregunta obligada es: ¿tiene sentido depositar esperanzas de cambio en un Estado que, por diseño, está blindado para servir al capital?
Las elecciones ocurren en un contexto donde las instituciones están criminalizadas y son antidemocráticas. Las clases dominantes han capturado el Estado y lo han blindado para defender sus intereses. El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el sistema económico no están diseñados para servir al pueblo, sino para sostener el modelo de acumulación por despojo.
El Estado peruano es, en esencia, un instrumento de dominación colonial. Por ello, resulta un error pensar que puede ser utilizado en beneficio de “los de abajo”.
Como señala Raúl Zibechi, “el mundo se cambia desde abajo y desde arriba sólo se reproduce lo que hay”. Esta afirmación interpela directamente las expectativas depositadas en el terreno electoral.
Las experiencias de autogobierno, como las autonomías indígenas surgidas tras el Baguazo de 2009, muestran caminos alternativos. Pueblos como los awajún, wampis y asháninka han construido formas de poder propias, demostrando que es posible organizarse al margen del Estado.
La izquierda, sin embargo, sigue extraviada en la ilusión estatal.
Debemos recomenzar a caminar la senda de la descolonización y democratización desde los pueblos, hacia formas de autogobierno que se distancien de un Estado creado -y aún controlado- por una minoría saqueadora y corrupta.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.