«No podemos decir que están bajando las violaciones a los derechos humanos. Que quede claro que, en seis meses del régimen de Porfirio Lobo, las violaciones a los derechos humanos ocurridas son un 45 por ciento más que en los siete meses del golpe militar de Estado», afirmó la coordinadora nacional del Comité de Familiares […]
«No podemos decir que están bajando las violaciones a los derechos humanos. Que quede claro que, en seis meses del régimen de Porfirio Lobo, las violaciones a los derechos humanos ocurridas son un 45 por ciento más que en los siete meses del golpe militar de Estado», afirmó la coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.
«Y lo peligroso es la selectividad de las víctimas», añadió.
Según lo declarado por Oliva, los crímenes a los derechos humanos no sólo se caracterizan por ser «sistemáticos y selectivos», sino que son «silenciosos».
Oliva expresó «satisfacción por la unidad magisterial, que es la única posibilidad de tener ganancia en la lucha».
La Coordinadora del Cofadeh, reveló que «la situación es más difícil que al principio del Golpe, porque están desesperados [los golpistas y sucesores] y están pagando a personas para manipular las violaciones de los derechos humanos».
Y agregó que «hay que cuidarse en este momento hay actores muy importantes, defensores del statu quo, que se encargan de ello».
Oliva, analizó que los viajes constantes fuera del país, de Porfirio Lobo, cada vez que hay una situación difícil, «para mí el mensaje, en este caso del magisterio, es que quien manda es la oligarquía, que dice que Pepe no controla. Eso es grave.»
«Estamos ante la ingobernabilidad», determinó.
Para luego advertir que: «Y eso deben aceptarlo y comprenderlo y detenerlo; entender que habemos personas a la caza de violaciones a los derechos humanos».
Pagan para manipular violaciones a derechos humanos.
Bertha Oliva consideró que la infiltración no es sólo la presencia de dos sujetos identificados durante se realiza una manifestación en la calle.
«Más allá de eso, está el trabajo de espionaje que se implementa desde las estructuras estatales. Cuando hablamos de espionaje también nos hablan de la mala práctica de control a través de los medios que tenemos, celulares y teléfonos, [esta] infiltración [es] peligrosísima», cuestionó.
Según Oliva, otra forma de espionaje es el seguimiento que hacen con «agentes disfrazados como expertos en materia de derechos humanos, con el propósito de generar confianza».
La Coordinadora del Cofadeh reveló que «la situación es más difícil que al principio del Golpe, porque están desesperados y están pagando [los golpistas y sucesores] a personas para manipular las violaciones de los derechos humanos».
La defensa de los derechos humanos «no es hacer lobby y servir de lobistas de los violadores de los derechos humanos», criticó Oliva
Indicó que «debe tenerse claro que hablar de amenazas para militarizar las clases en las escuelas es una clara violación de los derechos humanos: «Es guerra sicológica».
Sin embargo, «por otro lado, demuestran la incapacidad para resolver un problema que ellos mismos han llevado y que no pueden manejar «, dijo.
La militarización es la pérdida de la razón.
«Hablamos de que al pueblo, al magisterio, se le está violando un derecho fundamental que es el derecho a expresarse, a manifesarse, a la reclamación. La criminalización es muy peligrosa y deben darse cuenta que están violando los derechos humanos», declaró Bertha Oliva.
Reiteró que en la práctica «hemos insistimos y persistimos para hacer el proceso de agotamiento de recursos internos [sobre violaciones a derechos humanos]», pero se ve «la barbaridad» que se comete en las instituciones públicas del Estado en que «cada persona es objeto de seguimiento».
Oliva denunció que hay un interés por manipular y «mantener en terror, por mantener controlado a los denunciantes de violaciones a los derechos humanos».
Dijo que es preocupante que haya abogados y abogadas que «busquen borrar evidencias, y hacer un discurso para defender la violaciones a los derechos humanos».
La fiscal de los Derechos Humanos del Ministerio Publico, Sandra Ponce, ha anunciado que se procederá contra el ministro de Educación, Alejandro Ventura, por no aplicar sanciones a los maestros huelguistas.