Con el arribo del prisionero Toledo a tierras peruanas, se apertura una nueva fase de crisis del régimen político capitalista.
Con él, serían cuatro ex presidentes presos: Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuchinsky, Pedro Castillo. Los dos primeros y Toledo por corrupción y el último por presunta sedición. Toledo ha sido acusado de recibir $35 millones como parte de un amplio escándalo de corrupción que embarró a muchos líderes Latinoamericanos con la operación Lavajato.
No obstante, a diferencia del gran movimiento de masas que se manifestó a través de una rebelión popular que derrumbó al régimen político dictatorial fujimorista y la posterior extradición del ex dictador, pues, lo de Toledo parecería responder, en el fondo, a una negociación política en las alturas. En política no hay casualidades. Así las cosas, no sería “casualidad” que justamente en los días de la captura y extradición de Toledo, pues, se haya desenvuelto una propaganda masiva contra las inversiones de la potencia china.
En otras palabras, los yanquis habrían negociado con Boluarte el bloqueo de algunas inversiones chinas (esta semana se ha desenvuelto una campaña mediática contra la compra de la empresa de electricidad ENEL), para ceder la cabeza del ex presidente Toledo.
Y no es para menos. Perú es el segundo país de mayor inversión china en Sudamérica. Tiene inversiones en gran minería (como Las Bambas, Chinalco, Shougang-Marcona), obras públicas y hasta un gigantesco Megapuerto en Chancay (podrá albergar a buques grandes que pueden transportar 18,000 contenedores, convirtiéndose en uno de los puntos estratégicos para la salida de las materias primas que la región exporta a China, como el cobre peruano). Solo el Megapuerto de Chancay implica $3.600 millones de inversión, con el que el gobierno peruano espera atraer alrededor de un 50% de los cerca de US$580.000 millones que mueve cada año el comercio entre China y América del Sur.
Esta negociación política se da, por un lado, en medio de una “guerra mediático-legal” de las mafias de la educación privada con la “incautación” de bienes inmuebles por más de $1,000 millones (según la fiscalía), del fujimorista, vinculado a la Universidad Alas Peruanas y ex secretario general de Fuerza Popular (FP), Joaquín Ramírez, que beneficiaría a otros grupos económicos privados como el de Intercorp, que también es dueña de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), entre otras. Y por otro, de un escenario donde si bien es verdad, las protestas sociales contra la dictadura han disminuido, pues, a la vez, hay un informe de la CIDH que terminaría acusando a la dictadura cívico-militar de genocidio por los más de 70 muertos, cientos de heridos y detenidos.
Es así como se comprende que haya un realineamiento de fuerzas en el interior de la Administración Boluarte, con un cambio de ministros (Justicia, Educación, Trabajo y Comercio Exterior), que afirman al ala dura encarnada en Otárola (allegado al ex presidente Ollanta Humala), contra el ala “democrática” que se expresaba en el ex ministro de Justicia, José Tello (que había planteado indemnizaciones a los familiares de las víctimas de las protestas sociales), ministro cuya “cabeza” fue pedida por la bancada fujimorista.
Y es que probablemente, la presidente Boluarte, calculó que, con la llegada del corrupto Toledo, su gobierno se iba a fortalecer y ya no necesitaba de más poses democráticas como las que planteaba Tello.
De esta forma, la entrega de Toledo se convertiría en una fase más de la guerra comercial entre China y EE.UU. por la hegemonía del mercado capitalista sudamericano (ya semanas antes hemos visto la pugna política entre Evo Morales y el presidente Arce).
César Zelada. Dirigente de la Agrupación Vilcapaza.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.