Una de las preguntas que ha ocupado sociólogos y politólogos críticos o marxistas es ¿por qué existe el Estado? Si el Estado es el instrumento de una clase para oprimir a otras clases, como lo sostenían Marx o Lenin, ¿por qué necesitamos un Estado entonces? ¿Por qué las clases dominantes no tienen ejércitos privados con los cuales sometan al pueblo?
Un profesor de una clase introductoria de Teoría del Estado Marxista respondería que las clases dominantes necesitan el Estado para legitimar su poder y para poder garantizar reglas mínimas para el funcionamiento del capitalismo. Se podría agregar que el Capitalismo necesita de una legitimación ideológica que son el nacionalismo y la democracia liberal representativa.
El caso del Perú casi pondría de cabeza la Teoría Marxista del Estado porque el Estado parece haber sido tomado por el gran empresariado nacional e internacional. Una sarta de pobre diablos y desgraciados medran del Estado. El presidente Francisco Sagasti es el pelele de turno. Un tipo turbio que case sin darse cuenta cayó sentado en el sillón de Pizarro. Sagasti, en tanto presidente interino, sigue garantizando interés del gran empresariado en detrimento del pueblo. Ha declarado que su gobierno garantizara la transición a través de las elecciones y que no afectara el modelo en lo absoluto. El gobierno ha seguido con la desastrosa política frente a la pandemia del COVID; no ha tomado medidas de emergencia que debió haber tomado el gobierno de Vizcarra. No se han equipado hospitales, no se crearon hospitales de campaña, no se apoya a la población más necesitada que no puede trabajar y no se han adquirido las vacunas necesarias. A fines de 2020, el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) publicó que había alrededor de 90,000 muertos en exceso en 2020 en comparación con los años anteriores, cifra que a inicios del 2021 se ha disparado a más de 100.000 (https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-per%C3%BA_per%C3%BA-rompe-sus-propios-registros-de-muertes-y-contagios-diarios-por-covid-19/46378892). Se puede asumir que estas personas murieron a causa del COVID o del colapso del sistema de salud.
Pero tanto el expresidente Vizcarra como Sagasti han sabido, con ayuda de su prensa servil, hacerle creer a la población que estas muertes eran inevitables. El Perú tiene uno de los peores sistemas de salud pública de América Latina. Los gobiernos, especialmente desde la instauración del modelo neoliberal desde 1990, no se han preocupado de invertir en la salud pública. Todos los gobiernos se han ocupado de servir los intereses del gran capital, especialmente transnacional, prácticamente regalando empresas a través de privatizaciones, exceptuándolos de cargas tributarias, condonándoles deudas, retirándose como inversor. A través de esta política ha dejado de invertir en salud, educación, en la mejora de la infraestructura para beneficio de la población y en la creación de empleos.
Sí, en la creación de empleos. Las clases dominantes, desde el gobierno de Fujimori y con el apoyo del aparato mediático y de la educación (colegios y universidades), dominan los discursos públicos en el sentido que el Estado solo puede promover la inversión privada. El Estado no puede ser inversor, no le corresponde según la ideología neoliberal. Nada más estúpido porque hasta estados neoliberales puntales como Alemania y Francia son de los más grandes empleadores. Las clases dominantes de estos países comprendieron que en el capitalismo no hay lugar para todos y tienen que garantizar el empleo para una parte importante de la población. Un Estado inversor no es expresión de socialismo sino un instrumento para garantizar el sistema capitalista y que este sea aceptado por la población.
Un ejemplo palmario de esto es que Sagasti no duda en usar la represión para defender el modelo fue la sangrienta represión de los trabajadores agrícolas en Ica en diciembre de 2020 con el saldo de dos jóvenes muertos. Sagasti es responsable de la detención de 77 personas a las que sin ninguna prueba se le vincula a Sendero Luminoso, organización que dejó su lucha armada hace más de 20 años. Es decir, Sagasti continúa la política trazada desde el Estado, de continuar garantizando las ganancias de las grandes empresas, negar derechos de los trabajadores y criminalizar y reprimir la protesta asesinando manifestantes y dirigentes sociales si fuese necesario. Para ello necesitan agitar cada cierto tiempo el cuco del “terrorismo” y agitar de vez en cuando las aguas para acallar la protesta popular y mantenerla controlada.
Aparentemente hay una relación entre el papel del Estado salvaguardando los intereses de las grandes empresas y el nivel de corrupción del mismo. Expresión de esta corrupción es el escándalo por la vacunación de 470 altos funcionarios del Estado y sus familias durante el gobierno de Vizcarra incluyéndose el mismo. Un acto tan ruin sólo puede ser cometido por gente de la peor calaña que está desde hace años al mando del Estado peruano. No importante de que partido político sea. Prueba de ello es que todos los presidentes desde 1985 están en la cárcel o han sido enjuiciados por corrupción, Alan García, uno de ellos, incluso se suicidó antes de ser detenido. Y la prensa se mata diciendo que el Estado está infestado de corrupción, pero lo que la prensa calla es que la oligarquía peruana, anclada al capital transnacional, es la que sostiene esa putrefacción. Porque es esta oligarquía, los mandamases del Perú con el CONFIEP a la cabeza, los que hacen del Estado lo que les da la gana. Se han repartido el Estado, sus diferentes fracciones pugnan por controlarlo, a través de las elecciones y sus peleles partidos políticos y a través de la corrupción. Una prueba que la división de poderes no existe y que todas las instancias estatales están para servir al gran empresariado es la decisión del Tribunal Constitucional de dejar abierta la posibilidad de perdonar la mitad de la deuda de 729 millones de soles a la empresa Telefónica.
La decadencia del Estado peruano se refleja en el ocaso de su clase política. Ante las próximas elecciones estamos, de nuevo, ante un desfile tristemente circense. Favorito en las encuestas está Johnny Lescano del ultra reaccionario partido Acción Popular que tiene denuncias por acoso sexual y que se apropió de propiedades de su hermana aprovechándose que esta se hallaba en la cárcel. Tenemos a Georg Forsyth quien cuando le preguntan por su plan de gobierno responde que la “próxima semana sale”. No muy detrás se encuentra Daniel Urresti acusado de asesinato y violación crímenes cometidos cuando era militar en el marco de la guerra interna. El internacionalmente conocido Hernando de Soto que propugna que se les reconozca propiedades a los pobres y se regularice a los informales para que estos paguen más impuestos. Otro candidato de la derecha es Rafael López Aliaga, miembro de la oligarquía tradicional y del Opus Dei, que ha amasado su fortuna en base a negocios turbios y pretende entregar la soberanía estatal a tribunales extranjeros. Esta triste lista de candidatos la corona Verónika Mendoza, supuesta candidata de la izquierda, que no tiene ni bases ni partido, que coquetea con la CONFIEP, ligada a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que apoyó a candidatos de derecha en elecciones pasadas, niega ser de izquierda y no plantea nada para una transformación estructural del Estado peruano.
A nuestro gran pesar, tenemos que repetir lo que venimos afirmando desde hace mucho tiempo. Que en el Perú no hay visos de cambios a corto plazo. El problema principal es la falta de una dirigencia revolucionaria. Si es que parece Verónika Mendoza que nuevamente obtendrá una votación respetable no es porque tenga un programa coherente o haga un trabajo de base sólido, sino simplemente porque promete inclusión social. De llegar al poder pasará lo que pasó con Humala, será tragada por una de las fracciones de la burguesía. Los otros candidatos que se reputan de izquierda, el MOVADEF o el FUDEP brillan por estar alejados de las bases. La ausencia de una vanguardia de izquierda se muestra en que el Perú se encuentra en una crisis endémica desde hace años, con altos índices de pobreza, con desigualdades altamente acentuadas, con un Estado en descalabro que es botín de las distintas fracciones de la burguesía que pugnan por su control. Y ante este estado de cosas desde hace años, ninguna fuerza de izquierda es capaz de movilizar a la población, por lo menos comparable al levantamiento social de Chile de 2019. En el Perú estamos, por lástima, muy lejos de eso. Lo único que nos queda es seguir apoyando las protestas de nuestro pueblo y a bregar por el desarrollo de una vanguardia revolucionaria.
Fuente: http://eldiariointernacional.com/spip.php?article4507