El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Philip J. Crowley, «discrepó» de los 30 congresistas estadounidenses que pidieron, en una carta dirigida a Hillary Clinton, que le suspenda asistencia a Honduras, en particular la ayuda militar y policial, «mientras asesinatos de activistas políticos, periodistas y otros ataques continúan con casi impunidad». Consultado, […]
El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Philip J. Crowley, «discrepó» de los 30 congresistas estadounidenses que pidieron, en una carta dirigida a Hillary Clinton, que le suspenda asistencia a Honduras, en particular la ayuda militar y policial, «mientras asesinatos de activistas políticos, periodistas y otros ataques continúan con casi impunidad».
Consultado, sobre su comentario a la carta enviada por los congresistas, Crowley respondió, en rueda de prensa diaria, divulgada por el departamento de Estado, que recibió el documento y «continuará sus consultas con el Congreso y también dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA)».
Negó que Estados Unidos, pudiera suspender alguna ayuda a Honduras.
«Hemos restaurado la asistencia a Honduras a la luz de la elección del gobierno de Lobo. … nuestra ayuda es en realidad, directamente relacionada con la mejora de su capacidad para satisfacer las necesidades de su pueblo y también mejorar su historial de derechos humanos, al mismo tiempo», afirmó.
Crowley reconoció que «Los derechos humanos es un elemento fundamental de nuestro diálogo con el Gobierno de Honduras», y que ha habido «incidentes donde activistas han sido asesinados, intimidados, encarcelados, que se remonta tanto al gobierno anterior como recientemente», como denunciaron los congresistas que pidieron también investigar esos hechos.
Agregó que espera que la administración de Lobo «investigue estos plenamente y procese a los responsables. El progreso en el ámbito de los derechos humanos es fundamental para el futuro de Honduras, y éste fue uno de los elementos centrales de los Acuerdos de San José Tegucigalpa. El gobierno de Lobo ha hecho algunos progresos; se necesita hacer más».
Sin embargo, contrapuso, «creo que no estamos de acuerdo con nuestros colegas del Congreso en que el progreso de los derechos humanos, sea una condición previa para el retorno de Honduras a la OEA».
Continuó explicando, «Creemos que van de la mano, – mejorar el comportamiento democrático del gobierno es de vital importancia, pero reintegrar Honduras en la comunidad de naciones democráticas en este hemisferio es también importante».
El portavoz del departamento de Estado, amplió que, «de hecho, la elección del gobierno de Lobo fue, en sí misma, un paso importante para Honduras».
Dijo que «rechaza» la sugerencia en la carta de los congresistas que «de alguna manera el nuevo gobierno sea responsable de las acciones del gobierno anterior», y que Estados Unidos está «comprometido a ayudar al avance de Honduras».
De igual modo, «Estamos comprometidos a ayudar a reintegrar a Honduras en la OEA», respondió a la petición de los congresistas de «no apoyar el reingreso inmediato de Honduras» a esa organización regional.
Reafirmó que «Estados Unidos quiere que Honduras se reincorpore a la OEA», además, que «trabaja activamente con otros países para ver como se llevará a cabo [el reingreso]», y continúa discutiendo con los países de la región sobre «la mejor manera de hacerlo».
Explicó que continuarán conversando con Honduras «con mucho respeto, pero de manera muy directa, a fin de mejorar su desempeño en derechos humanos».
La OEA presentará en noviembre un informe sobre la situación en Honduras, que deberá servir de base para que los países miembros decidan, en Asamblea General, si se han cumplido o no los condiciones para su readmisión al organismo, informó el secretario general, José Miguel Insulza, la semana anterior.
Crowley respondió sobre el caso de Honduras expuesto por los congresistas en la carta durante la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, al mismo tiempo que atendió temas relacionados a Haití, Afganistán, Pakistán, Oriente Medio, Indonesia y Corea del Norte.
Las violaciones a los derechos humanos han sido catalogadas por el régimen de Lobo como hechos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, explican los congresistas, según la carta.
El subsecretario de Estado para Narcotráfico Internacional, David Johnson, y el embajador estadounidense Hugo Llorens estarían realizando este miércoles una reunión con el titular del régimen, Porfirio Lobo, en Tegucigalpa.