Latinoamérica ve con ojos de preocupación cómo el feminicidio se ha convertido en un flagelo para sus países y la debilidad jurídica que existe en el tema de violencia de género. Como violencia intrafamiliar en algunos casos, crimen organizado y pandillas en otros, el fenómeno de la muerte violenta de mujeres ha llegado a regiones […]
Latinoamérica ve con ojos de preocupación cómo el feminicidio se ha convertido en un flagelo para sus países y la debilidad jurídica que existe en el tema de violencia de género.
Como violencia intrafamiliar en algunos casos, crimen organizado y pandillas en otros, el fenómeno de la muerte violenta de mujeres ha llegado a regiones en donde el crimen de género hace unos meses era casi nulo.
Ante tal situación, representantes de los diferentes países presentes en el Seminario Violencia de Género y Femicidio, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, el pasado mes de julio, plantearon mecanismos legales para enfrentar la violencia contra las mujeres y prevenir esas muertes.
El encuentro fue una iniciativa del Consejo de la Abogacía Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Magistrados, jueces, fiscales, abogados y defensores de los derechos humanos sugirieron que este tema sea tratado, de forma urgente, por los gobiernos que poco o nada han hecho para impedir que el machismo prevaleciente en regiones como México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Perú tenga como resultado la muerte violenta de su población femenina.
Los representantes de los 11 países que acudieron al encuentro tienen a su cargo la aplicación de justicia en el tema de género y mujer.
Datos como los de Guatemala sugieren la atención pronta de las entidades que aplican la justicia. En este país han sido asesinadas, en los seis meses de 2011, un total de 388 mujeres por arma de fuego, arma blanca y asfixia por estrangulamiento.
Mientras, en México, 10 por ciento de las ultimadas son niñas de cinco años o menos de edad, pero las formas y las causas en ese país del norte son atribuidas a grupos del narcotráfico, crimen organizado y en un porcentaje elevado a la violencia intrafamiliar.
En Perú, las mujeres mueren víctimas de sus esposos, cónyuges o compañeros de vida que, muchas veces, les proporcionan golpes que les siegan la vida, al tiempo que en El Salvador la muerte proviene de las pandillas y los maridos maltratadores.
De cualquier modo, todos los países coinciden en que el machismo, la impunidad y los estereotipos socioculturales son para ellas un preámbulo de la muerte. De ahí que en el encuentro se planteara la creación, en cada una de las naciones representadas, de un observatorio de la violencia contra la mujer y el feminicidio, desde el cual se pueda aumentar la eficacia de las actuaciones de la administración de justicia.
Elena Montalbán, presidenta del Observatorio y Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, indicó que un observatorio de Género debe servir también para plantear reformas en las mejoras legislativas, darle un seguimiento estadístico judicial a las acusaciones y sentencias, así como para elaborar conclusiones y recomendaciones en el tema.
Emilio Ginés, del subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas, señaló que una de cada 10 latinoamericanas sufre violencia física y sicológica, desde las amenazas y malos tratos hasta la muerte, incorporando muchas veces la violencia sexual.
De acuerdo con Ginés, los datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) indican que entre 39 y 42 por ciento de las peruanas confiesan haber sido víctimas de violencia física por parte de su pareja. El 35 por ciento de las mexicanas dijo sufrir violencia física, el 39 por ciento lo admitió en Colombia, el 31 en Ecuador y hasta 52 por ciento lo aseguró en Bolivia.
En Brasil, 10 por ciento de las mujeres del área urbana y 14 por ciento de las de zonas rurales han sufrido violencia sexual.
En Centroamérica, dos de cada tres mujeres asesinadas son víctimas de un crimen machista; es decir, son objeto de violencia mortal por ser mujeres, puntualizó Ginés.
De igual forma, en las diferentes intervenciones prevaleció la preocupación de que en solo siete países de Latinoamérica se hayan aprobado leyes específicas para proteger a las mujeres de la violencia.
Entre las naciones que figuran con una legislación avanzada se encuentra Guatemala, que tiene aprobada la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley contra la trata y violencia sexual.
El Salvador ya aprobó su legislación contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual entrará en vigor en enero de 2012. Hasta la fecha, prácticamente todos los crímenes paradigmáticos en cuestión de violencia y discriminación de las mujeres han sido juzgados como homicidios o están impunes, y a las mujeres desaparecidas y encontradas como XX nadie las busca, destacó Ginés.
Pese a la presión internacional que se ha desarrollado para exigir la investigación de los hechos, los asesinatos y desapariciones, al día de hoy continúan sin encontrarse los responsables, destacó el defensor de los derechos humanos.
Karla Mitchell, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México, destacó la problemática que viven los países latinoamericanos en el tema de impunidad. Indicó que en un estudio realizado en cinco naciones de la región se detectaron coincidencias en las investigaciones feminicidas.
Estas fueron: inapropiada preservación del lugar del hallazgo, falta de medidas necesarias para que la escena del crimen no fuera contaminada y procesamiento poco exhaustivo de las evidencias recabadas.
De igual forma, los países señalaron la falta de protocolos en la elaboración de las autopsias, identificación y entrega de los restos de las víctimas. También se determinó que el uso de estereotipos trae como consecuencia que los casos no sean investigados con la debida diligencia.
Para los representantes de los 11 países, la impunidad preocupa mucho y evidencia una debilidad en la cadena de justicia. Entre estas falencias, está la falta de capacitación en el tema de género a jueces, fiscales y policías. Ello debe ser atendido, porque sin justicia hay impunidad, coincidieron los asistentes.
Las leyes que favorecen a los hombres y el factor cultural hacen que la violencia contra la mujer y las muertes queden en la impunidad. De ahí que se hicieran los planteamientos de crear un protocolo para la investigación eficaz de los feminicidios y para documentar la violencia mortal contra la mujer.
El propósito -destacó Ginés- sería unificar el protocolo para ser aplicable en toda Latinoamérica y convertirse en la base para iniciar las investigaciones en la muerte violenta de mujeres.