Unos 350.000 hondureños y hondureñas de diversos puntos del país marcharon por las calles de Tegucigalpa para condenar al régimen de facto y despedir al presidente Manuel Zelaya, depuesto por golpe de Estado en junio último, mientras en el estadio nacional se realizaba la toma de posesión presidencial, producto de elecciones no reconocidas por la […]
Unos 350.000 hondureños y hondureñas de diversos puntos del país marcharon por las calles de Tegucigalpa para condenar al régimen de facto y despedir al presidente Manuel Zelaya, depuesto por golpe de Estado en junio último, mientras en el estadio nacional se realizaba la toma de posesión presidencial, producto de elecciones no reconocidas por la comunidad internacional.
En esa manifestación, efectuada el 27 de enero, participó, entre otras organizaciones, Feministas en Resistencia (FER), con pancartas, afiches y mensajes que rezaban: «Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres», «La gente se pregunta ¿y esas quiénes son? Somos feministas en revolución» y «Vamos a quemar el uniforme militar por golpista y violador», lemas que han sido constantes en las marchas y asambleas en estos siete meses de resistencia.
Una buena parte de las mujeres que conformaban la marcha venían acompañadas de sus hijas e hijos menores y provenían de poblados indígenas, áreas rurales del país y urbano-marginales de la capital.
Entre estas organizaciones se encontraban la Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador, el Comité de Mujeres Hondureñas por la Paz, el Foro de Mujeres por la vida de la zona norte, el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Derechos de Mujeres y la Coordinadora de los Pueblos Indígenas.
Mujeres de la zona central del país manifestaron a SEMlac haber sido objeto de detención y cateo por parte de los cuerpos policiales, mientras se trasladaban hacia la marcha de resistencia.
«Nos detuvieron en el camino, nos hicieron bajarnos del bus y presentar los papeles. Registraron nuestras maletas y lo que traíamos; dijeron que era para ver si no traíamos cosas peligrosas, no nos dijeron qué tipo de objetos eran peligrosos. Como a la media hora de estar detenidas nos dejaron ir, porque les dijimos que veníamos a la toma de posesión de este presidente de facto».
Por otra parte, compañeras de la zona norte también denunciaron que el 25 de enero, día de la mujer hondureña, fueron reprimidas por fuerzas policiales en la ciudad de San Pedro Sula, mientras desarrollaban un acto cultural conmemorando la lucha de las sufragistas que conquistaron el derecho al voto, mediante un decreto emitido el 25 de enero de 1954.
Ante esta represión, Bertha Cáceres, integrante de FER, expresó a SEMlac: «Para nosotras esta lucha apenas empieza. Vamos a unir la voz, junto al Frente de resistencia Popular, para no reconocer estas autoridades, elegidas y confabuladas con el régimen golpista de Roberto Micheletti, exigir justicia por los numerosos crímenes cometidos por esta dictadura y estaremos vigilantes ante los nuevos atropellos que cometan. Nosotras vamos por la refundación del Estado y la Asamblea Nacional Constituyente».
Otra de las integrantes de esa agrupación dijo: «Queremos una asamblea nacional constituyente que incorpore nuestros derechos a una vida libre de violencia, a una maternidad libre y segura, a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la nación que queremos construir. «Porque Honduras es la matria, así como la resistencia, con nombre y cuerpo de mujer», añadió.
Ese cuerpo de mujer ha sido objeto de violencia específica por parte de los cuerpos militares y policiales, según el «Informe sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado», presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2010.
El documento explica que la represión ejercida contra las mujeres tenía la característica de ser una violencia dirigida hacia el cuerpo sexuado de las integrantes del movimiento de resistencia popular, expresada en golpes en bustos, nalgas y área vaginal, así como amenazas de violencia sexual, entre las que se incluía la violación.
De acuerdo con la CIDH -que utilizó como fuente de testimonios recabados por FER y el Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras-, se estudiaron 240 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la represión generada por el golpe de Estado, de los cuales 23 manifestaban haber sufrido violencia sexual de algún tipo.
De éstos, siete eran casos de violaciones ejecutadas por efectivos de la policía nacional, teniendo como características el ser actos premeditados, puesto que los policías llevaban condones, se tapaban el bolsillo de identificación con su nombre y amenazaban de muerte a las mujeres con armas de fuego.
Otra de las particularidades es que las violaciones ocurrieron, en su mayoría, durante el toque de queda y el estado de sitio declarado por decreto, que restringía las garantías constitucionales. De estos siete casos, sólo uno fue denunciado ante las autoridades competentes, ya que, de acuerdo con los testimonios, las afectadas no tenían confianza en el sistema de justicia y no querían exponerse a la investigación policial.
Pese a esta represión, las mujeres siguen adelante, como lo demuestra su masiva participación en marchas, asambleas, debates y organizaciones que conforman el Frente de Resistencia Popular. Una campesina nos dice: «Una vez que ya hemos salido de nuestras casas, no hay vuelta atrás. Ahora sabemos lo que somos capaces de hacer».
En la actualidad, más organizaciones de mujeres en el país que se identifican como feministas en resistencia; sin embargo, queda la gran interrogante de qué pasará con este nuevo gobierno, las líneas de acción que se tomarán, los análisis que hay que realizar sobre escenarios posibles en este nuevo contexto y las posiciones que adopatarán, tanto las feministas como las organizaciones de mujeres y el movimiento social en general.