SABMiller vuelve a ser noticia en América Latina, ahora en Honduras. En mayo pasado, el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió la resolución 050-2012, con la que expropió unas 6.600 hectáreas de tierra a dos ingenios: Azucarera del Norte SA (Azunosa) y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por no haber solicitado, legal y en debida forma, […]
SABMiller vuelve a ser noticia en América Latina, ahora en Honduras. En mayo pasado, el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió la resolución 050-2012, con la que expropió unas 6.600 hectáreas de tierra a dos ingenios: Azucarera del Norte SA (Azunosa) y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por no haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria.
Una de las empresas afectadas por esta resolución ha sido la transnacional SABMiller, que en Honduras es propietaria del ingenio Azunosa y de la Cervecería Hondureña SA. Para conocer cómo se llegó a esta decisión y cuál ha sido la reacción de la transnacional británico-sudafricana, Sirel conversó con Marco Ramiro Lobo, jefe de la división de servicios legales del INA.
-¿Cómo se llegó a expropiar a estos dos colosos azucareros?
-En noviembre de 2011 nos reunimos con las empresas de la industria azucarera y establecimos un acuerdo para hacer una revisión legal de todas las tierras que estaban en su poder. Ellas accedieron y en 2012 iniciamos el trabajo de verificación y remedición de las tierras de las empresas Azunosa y Cahsa, cuyos ingenios están ubicados en el Valle de Sula. Al realizar la revisión descubrimos que excedían los límites de tenencia de tierra establecidos por la Ley de Reforma Agraria y no contaban con la autorización de sobretecho, que es necesaria cuando se posee más tierra de lo que permite la ley.
-¿De qué extensión de tierra estamos hablando?
-En el Valle de Sula el techo máximo es de 200 hectáreas, sin embargo Azunosa posee un poco más de 10 mil hectáreas, respaldadas por una autorización de sobretecho que le cubría solamente unas 6 mil. Similar situación es la que tenía Cahsa. Al detectar estas irregularidades procedimos de inmediato a emitir una resolución de expropiación de las tierras que no gozaban de la autorización de sobretecho, es decir 3.644 hectáreas de Azunosa y 2.969 hectáreas de Cahsa. La Ley de Reforma Agraria prevé que estas tierras sean sucesivamente adjudicadas para fines de reforma agraria.
-¿Quiénes son los propietarios de estas dos empresas?
-Siendo Sociedades Anónimas no están obligadas a hacer público quienes son los propietarios, sino solamente sus administradores que resultaron ser nacionales. Sin embargo, al hacer efectiva la expropiación, Azunosa se personó y presentó un recurso acompañado por un documento, en el que se establecía que Azunosa pertenecía a la empresa de capital británico-sudafricano SABMiller. Además, hicieron referencia a un tratado suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, en donde ese último se compromete a proteger a las empresas de capital británico que desarrollan sus actividades en territorio hondureño.
-¿Cuál fue la reacción de SABMiller?
-Fue una reacción muy fuerte. En los días sucesivos a la expropiación llegaron a las oficinas del INA varios directivos de SABMiller y miembros del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, argumentando que estas tierras no podían ser expropiadas en cuanto pertenecían a una empresa de capital británico.
Desde que emitimos la resolución, SABMiller ha iniciado una campaña mediática de desprestigio en contra del INA y de sus funcionarios, con el argumento que estamos afectando y ahuyentando la inversión en el país, generando inestabilidad y promoviendo las invasiones de tierras. Ha habido fuertes presiones de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), y de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). SABMiller llegó al punto de amenazar con retirarse del país y trasladar su inversión a El Salvador.
-¿Cree que efectivamente esta resolución sea dañina para Honduras?
-Nuestra posición es que la ley debe aplicarse en términos generales y nuestras acciones deben estar apegadas a derecho, sin importar a quién pertenece la tierra. En este caso estamos aplicando lo que la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización del Sector Agrícola establecen.
-¿A qué punto está el proceso de expropiación?
-La resolución está en el Consejo Nacional Agrario (CNA), que es la instancia superior del INA, y estamos esperando que emita el fallo.
-Mientras tanto centenares de familias campesinas han «recuperado» estas tierras y están siendo desalojadas, detenidas o amenazada con serlo…
-Hemos hablado con estos grupos y les hemos explicado que en tanto no tengamos una resolución firme del CNA, estas tierras no se consideran expropiadas y no podemos dárselas en posesión. Lo que más nos preocupa es que SABMiller trata de impedir la entrada de las familias campesinas o ejecuta desalojos usando guardias de seguridad privada, que están fuertemente armados y que se han convertido en un ejército privado.
Fuente: Rel-UITA
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