Las peticiones del canciller del gobierno de facto hondureño a la ONU, surgen mientras los ciudadanos miembros de las fuerzas populares de la resistencia contra el golpe de Estado son víctimas de represión y de violación de los Derechos Humanos (DDHH), desde que se instauraron autoridades ilegítimas. El canciller del gobierno de facto hondureño, Carlos López, […]
Las peticiones del canciller del gobierno de facto hondureño a la ONU, surgen mientras los ciudadanos miembros de las fuerzas populares de la resistencia contra el golpe de Estado son víctimas de represión y de violación de los Derechos Humanos (DDHH), desde que se instauraron autoridades ilegítimas.
El canciller del gobierno de facto hondureño, Carlos López, pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que reconozca a las autoridades de la nación, instauradas a partir del golpe de Estado ejecutado contra el presidente legítimo, Manuel Zelaya, y exigió que «cesen las medidas discriminatorias contra la República».
López pide en una misiva que envió al organismo hemisférico el 8 de octubre y que fue divulgada este miércoles, que admita como representantes del Estado de Honduras en la sede principal de la ONU y en los diversos órganos y agencias «únicamente a las personas que el Gobierno de Micheletti ha confirmado» por su Secretaría ilegítima de Relaciones Exteriores.
«Pido a usted que cesen todas las medidas discriminatorias contra la República de Honduras por parte de la Organización», agrega.
También manifestó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que la canciller legítima de la nación, Patricia Rodas, designada por el Gobierno del mandatario constitucional, Manuel Zelaya, cesó «en sus funciones desde que produjo la sucesión constitucional (golpe de Estado) en la presidencia de la República», el 28 de junio pasado, cuando fue derrocado de su cargo Zelaya.
«Las comunicaciones que envíe Rodas a cualquier destinatario son nulas y sin ningún valor y, en Honduras, la hacen incurrir en el delito de usurpación de funciones», subraya la carta.
López amenaza además en la misiva a Ban Ki-moon de que si no «entra inmediatamente en contacto con el Gobierno efectivo, legalmente establecido» de Micheletti, «mal puede llevar a cabo la tarea que la resolución de la ONU le recomienda para que informe oportunamente sobre el desarrollo de los acontecimientos en el país».
La comunidad internacional no reconoce al gobierno de facto de Roberto Micheletti, que usurpó el poder tras el derrocamiento del presidente legítimo Manuel Zelaya.
Diferentes organismos internacionales rechazan la instalación de unas autoridades inconstitucionales en Honduras, por lo que la presidencia de Michelletti ha estado en el aislamiento mundial. La ONU ha advertido de que si el derrocado dignatario, Manuel Zelaya, no es restituido en la presidencia, desconocerá las elecciones generales programadas en la nación para el 29 de noviembre próximo.
La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Grupo de Río, la Unión Europea (UE) y otros entes condenaron el golpe de Estado desde que se tuvo conocimiento del mismo.
Desde el pasado 28 de junio, cuando se ejecutó el golpe militar contra el Gobierno de Zelaya, el pueblo ha tenido que sobrevivir a la suspensión de garantías constitucionales, a violaciones a la libertad de expresión, de los Derechos Humanos, al cierre de medios de comunicación, a escasez de alimentos, entre otros.