Con la consigna «Cabeza clara, Corazón solidario y Puño combativo», el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala lleva 30 años en la lucha «por arrancar de raíz la injusticia y el sistema opresor y excluyente» que padece este país centroamericano. Esta organización de base campesina, indígena y popular agrupa cerca de 200 comunidades y […]
Con la consigna «Cabeza clara, Corazón solidario y Puño combativo», el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala lleva 30 años en la lucha «por arrancar de raíz la injusticia y el sistema opresor y excluyente» que padece este país centroamericano. Esta organización de base campesina, indígena y popular agrupa cerca de 200 comunidades y 8.000 familias.
¿Cuál es el alcance de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, tras 40 años de guerra civil, a partir de los cuales habría de garantizarse, entre otras cuestiones, el acceso a la tierra de campesinos pobres y el respeto a los derechos lingüísticos y culturales de la población maya?
Los avances han sido muy limitados. Se han aprobado algunas leyes como la del Catastro, Soberanía Alimentaria o una legislación marco sobre los Acuerdos de Paz. Pero es una normativa sin eficacia por falta de recursos técnicos y financieros. Pero lo grave no es sólo el incumplimiento de los acuerdos de paz, sino que en paralelo se ha impulsado una agenda de privatizaciones (en sectores como el ferrocarril, la energía o una parte del agua) que supone la implantación del neoliberalismo.
-Hace cuatro meses se celebraron elecciones en Guatemala. ¿La victoria del socialdemócrata Álvaro Colom ha significado algún avance para las clases populares?
Me gustaría matizar. Calificar como persona de izquierdas a Álvaro Colom, tal como se hace en algunos países europeos y centroamericanos, es una farsa. Colom ha prometido que los indígenas tendrían su espacio pero en cuatro meses no se ha notado ningún cambio respecto a gobiernos anteriores. Por ejemplo, está negociando con la Unión Europea un Acuerdo de Libre Comercio, en la práctica una imposición, que tendrá efectos tan negativos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
-¿Mantiene el nuevo presidente la política de represión contra los movimientos sociales?
En el corto periodo de tiempo que lleva en la presidencia ha continuado la persecución a líderes campesinos e indígenas. Por ejemplo, en Livinston ha habido un asesinado, un detenido y 12 perseguidos por conflictos por la tierra, a los que los medios de comunicación han tildado de «delincuentes» y «terroristas». En San Juan de Sacatepeques hay 30 perseguidos por «terrorismo», cuando lo que hacen realmente es oponerse a la instalación de una planta cementera.
-46 asesinados durante la campaña electoral. ¿A qué intereses responde esta violencia política?
Es un problema complejo. Primero hace falta comprender que en Guatemala y en buena parte de centroamérica hay estructuras de poder, paramilitares y escuadrones de la muerte dentro del estado, integrados en el ejército y la policía nacional. Los partidos políticos y los narcotraficantes utilizan sicarios en sus luchas por el poder. La violencia en la campaña electoral obedece a estos factores. Después hay también una represión selectiva de campesinos y dirigentes sindicales.
-Otro aspecto candente es la batalla por la memoria histórica. ¿Qué pasos se han dado en este sentido?
Gobierno, empresarios, terratenientes y ejército quieren borrar la memoria del pasado, no sólo con 40 años de guerra civil, sino con 515 de conquista y asimilación. En la escuela primaria, secundaria y la universidad se imparte una educación totalmente contraria a la realidad histórica de Guatemala. Por ejemplo, ha caído totalmente en el olvido el Informe de la Memoria Histórica realizado por la ONU en 2000, donde se asegura que el 94% de las víctimas de torturas, asesinatos y secuestros durante la guerra civil fue responsabilidad de los aparatos del estado. Hace una década el obispo Juan Gerardi fue asesinado en su parroquia por elaborar un informe sobre la recuperación de la memoria histórica. Pero afortunadamente hay organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, que trabaja en la excavación de restos de cementerios clandestinos.
Hablemos ahora de política en presente. ¿Hay posibilidades de construir mayorías progresistas con aspiraciones de poder, como está ocurriendo en diferentes países de América Latina?
Es difícil. Guatemala es el país centroamericano donde más brutalmente se ha descabezado el movimiento popular, y la gente tiene aún mucho miedo. Eso ha dado paso a una izquierda muy debilitada, algo que, por ejemplo, no ha ocurrido en Bolivia. En este sentido, la URNG (partido de la ex guerrilla) sólo cuenta con dos diputados y nueve alcaldías. Para los partidos progresistas y de izquierdas hay pocas posibilidades de disputar ahora mismo el poder político. El control del poder económico y militar queda más lejos aún. Todos los partidos comparten la agenda neoliberal y eso es muy difícil de cambiar. A pesar de ello en la calle hay un creciente movimiento popular.
En el área económica, ¿qué resultados están dando los acuerdos de libre comercio firmados por Guatemala con Estados Unidos y la Unión Europea?
Nos aseguraron que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de 1995 generaría puestos de trabajo, facilitaría las exportaciones y la bajada de los precios de los productos básicos. No ha sido así. Muchos productos que exporta Guatemala son los mismos que antes del TLC (azúcar, banano, café, etcétera). Además, no se tienen en cuenta para nada los intereses de los pequeños campesinos.
Y se favorece a las grandes empresas…
Uno de los puntos más escandalosos de los acuerdos es que el estado ha de compensar a las empresas cuando estas no obtengan los beneficios proyectados. Además, en época de alza de precios, caso del pollo o la harina, los grandes empresarios nacionales han impedido la importación de productos para combatir la inflación, con claro perjuicio para las clases populares. Tampoco hay créditos ni subvenciones para los pequeños campesinos, al contrario de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Con la Unión Europea se está negociando un Acuerdo de Libre Comercio para 2009, que contiene «claúsulas de confidencialidad» para que no se conozca el contenido.
¿Y en cuánto a la agenda de privatizaciones?
Efectivamente. En el marco del Plan Puebla-Panamá está prevista la privatización de carreteras, puertos, aeropuertos y el sector hidroléctrico, que funcionan por concesiones estatales. Empresas españolas, holandesas, alemanas y bancos suizos, entre otros, tienen grandes intereses. De hecho, la Unión Europea considera Guatemala y Centroamérica como un puente estratégico de negocios entre Europa y Asia.
¿Qué consecuencias a nivel social está teniendo esta oleada de privatizaciones y expansión del neoliberalismo?
Guatemala es un país de 13 millones de habitantes. Entre el 75 y el 80% de la población es pobre, de los que aproximadamente el 27% vive en niveles de extrema pobreza. Esta situación de penuria aumenta en las zonas de población rural, mayoritariamente indígena, i afecta más a las mujeres. El panorama se completa con unas cifras de analfabetismo del 49%. No obstante, me gustaría matizar que son cifras oficiales. La realidad es aún peor.
¿Qué respuestas están ofreciendo en la calle las organizaciones populares ante esta situación?
En el año 2005, coincidiendo con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, empieza un nuevo ciclo de movilizaciones que radicaliza las demandas y se enfrenta a las concesiones que hace el gobierno a las empresas mineras, petroleras, hidroléctricas y también a la privatización del agua. Las comunidades indígenas están ahora autoorganizándose y convocando consultas comunitarias, con el apoyo de las corporaciones municipales, para manifestar su oposición a esta consideración de los servicios públicos como negocios privados. Pero se trata de un movimiento aún incipiente. Además, estas consultas populares son sistemáticamente ignoradas por el ejecutivo central.
¿Qué papel desempeña el Comité de Unidad Campesina (CUC) en estas movilizaciones?
Ene el movimiento popular hay una división interna. Hay que distinguir entre las organizaciones que participan en la vida institucional e impulsan proyectos como paliativos de las injusticias, de otros colectivos que inciden en las cuestiones estructurales y actúan principalmente desde fuera del sistema. El CUC participa de los dos métodos. Ahora que se cumple el 30 aniversario de su nacimiento, el CUC continúa apostando por la defensa del territorio, que incluye la lucha por la tierra y la biodiversidad; y el desarrollo rural integral, entendido como la demanda de reforma agraria y la soberanía alimentaria, pero también los derechos a la educación y la salud.
¿Y en cuánto a las acciones concretas?
Hemos ocupado tierras privadasen las que no existía certeza jurídica de quién era el propietario; otras, propiedad del ejército y otras han sido adquiridas mediante los mecanismos previstos en el Fondo de Tierras (institución pública que otorga créditos a los campesinos). El CUC mantiene ocupadas actualmente más de 20 fincas.
¿Cómo está respondiendo el estado y la oligarquía a las demandas populares?
Mediante la represión y la criminalización utilizando terminología relaativamente nueva, como «delincuentes» o «terroristas». Hay que recordar que el anterior gobierno, presidido por el ultraderechista Óscar Berger, practicó más de cien desalojos de tierras, centenares de detenciones y asesinatos selectivos en diferentes puntos del país. En los cuatro meses del nuevo gobierno se ha producido un asesinato y cinco desalojos, lo que apunta a que todo continuará en el mismo sentido. No hay duda de que el problema agrario continúa vigente en Guatemala. Hay actualmente abiertos 1.600 conflictos por la propiedad de la tierra y 5.000 solicitudes de créditos al Fondo de Tierras.