Gustavo Castro Soto, sociólogo, activista contra el modelo extractivista, fundador de la organización Otros Mundos Chiapas y sobreviviente del ataque mortal que costó la vida a la dirigente indígena Lenca Bertha Cáceres, ya está libre y estará regresando pronto a su país, México. La decisión quedó plasmada en la resolución que la jueza del Juzgado […]
Gustavo Castro Soto, sociólogo, activista contra el modelo extractivista, fundador de la organización Otros Mundos Chiapas y sobreviviente del ataque mortal que costó la vida a la dirigente indígena Lenca Bertha Cáceres, ya está libre y estará regresando pronto a su país, México.
La decisión quedó plasmada en la resolución que la jueza del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, Victorina Flores Orellana emitió este jueves (31/3), acatando la solicitud del Ministerio Público de «decretar cese de la medida cautelar interpuesta al testigo protegido ABC 03-03-2016, en vista de que el ente investigativo ha manifestado haber evacuado la mayor cantidad de diligencias investigativas».
Asimismo, la jueza pidió a las autoridades migratorias «dejar sin valor y efecto la prohibición de salir del país al señor Gustavo Enrique Castro Soto, emitida en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis», se lee en la resolución judicial.
En los días pasados y en repetidas ocasiones, tanto Gustavo Castro como su hermano Óscar, sus abogados y un amplísimo espectro de organizaciones nacionales e internacionales, habían denunciado con fuerza la actitud injustificadamente persecutoria de las autoridades hondureñas.
«El gobierno de Honduras, la juez y la Fiscalía tratan a Gustavo Castro como delincuente, violan todos sus derechos como testigo y como víctima y lo mantienen en permanente estado de alerta, inseguridad y vulnerabilidad judicial», señalaba ayer en un comunicado la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México.
«Han sido ya 27 días en los que ha sufrido interrogatorios por días sin dormir, privación de asistencia para su integridad física, detención ilegal de su persona, intento de ser sustraído de la protección de la Embajada de México en Honduras, coacciones para declarar, amenaza de aprehensión, ausencia de citatorios claros, impedimentos para obtener el expediente judicial, suspensión de su abogada, ausencia de respuesta a los recursos interpuestos para levantar la Alerta Migratoria de 30 días y privación ilegítima de su libertad», agregaba la organización en el documento.
Castro sobrevivió al atentado que terminó con la vida de la luchadora y coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh. En lugar de ser tratado como víctima, el sociólogo mexicano ha vivido una condición de «presunto implicado». «Gustavo Castro ha sido y está siendo expuesto a un proceso judicial totalmente arbitrario e irregular, que viola las propias leyes hondureñas y los Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y de atención a víctimas», aseveraba ayer el Centro por la justicia y el derecho internacional (Cejil).
En un comunicado, la Fiscalía dijo hoy no descartar la posibilidad de que a futuro «se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación». Además, quiso agradecer al señor Castro Soto «por toda la colaboración brindada».
«Me voy, pero con la preocupación entorno a la criminalización que se hace, no solamente con el Copinh, que espero siga bien y que su lucha siga fortificándose, sino también con todos los defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran ante tanta indefensión, tanta falta de andamiaje jurídico-legal para protegerse, para exigir el respeto de los derechos humanos en Honduras», dijo Gustavo Castro al conocer la decisión de la jueza.
Se espera que el reconocido defensor de los derechos humanos y los bienes naturales pueda abandonar el país centroamericano en las próximas horas.
Fuente: LINyM
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