Los trabajadores son las principales víctimas del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado. Los sindicatos se han movilizado para reclamar el retorno a la democracia, pero muchos y muchas activistas han perdido la vida, han sido encarcelados y torturados. El gobierno de facto controla la prensa. […]
Los trabajadores son las principales víctimas del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado. Los sindicatos se han movilizado para reclamar el retorno a la democracia, pero muchos y muchas activistas han perdido la vida, han sido encarcelados y torturados. El gobierno de facto controla la prensa. Erasto Reyes, abogado comprometido con el movimiento sindical y uno de los líderes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (1), expone las exacciones cometidas. Hace un llamamiento a la solidaridad sindical internacional.
Miles de hondureños y hondureñas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra el golpe de Estado, pero se han encontrado con una represión sangrienta por parte de las autoridades. ¿Cuál es el balance hasta la fecha?
En total, la represión contra los oponentes al golpe de Estado ha provocado la muerte de más de 20 personas. Otras 500 han resultado heridas y 3.000 han sido detenidas. Entre las personas asesinadas figuran 12 activistas sindicales. A algunos los mataron en su casa, a otros en los movimientos de protesta contra el golpe de Estado. Las mujeres y los jóvenes están particularmente implicados en la resistencia pacífica contra el golpe de Estado.
Los casos de tortura física y psicológica son numerosos. A un fotógrafo periodista del periódico El Libertador, Delmer Membreño, se lo llevaron y lo torturaron. Una docente sindicalista fue violada por cuatro policías. Podría citar muchos otros casos, como el de Agustina Flores López, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (2), que fue duramente golpeada por la policía, incluso en público, ante los medios de comunicación. Las imágenes de los golpes fueron grabadas y presentadas ante un juez, pero éste se ha negado a tenerlas en cuenta. Ella sigue en prisión, acusada de «sedición y terrorismo». Decenas de hondureños están detenidos por estos cargos, entre ellos personas mayores.
El Presidente Zelaya, a finales de 2008, había aumentado el salario mínimo de 126 a 202 euros, para gran cólera de la patronal. ¿Es esta subida una de las razones del golpe de Estado?
El Presidente Zelaya había tomado toda una serie de medidas a favor de los trabajadores y trabajadoras. Sorprendentemente, puesto que viene del partido liberal, también había girado a la izquierda en materia de relaciones internacionales, al unirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (3). También había invitado a los sindicatos al diálogo sobre toda una serie de temas, entre ellos la subcontratación. Un proyecto de decreto pretendía regularizar así el recurso a los trabajadores/as subcontratados, a fin de no precarizarlos más. Las autoridades actuales quieren ir en sentido contrario al privilegiar, por ejemplo, los contratos temporales, que pueden ser renovados durante tres años. Si su proyecto es aprobado, a largo plazo, no habrá ningún sindicato en Honduras porque resulta sumamente difícil sindicalizar a los trabajadores y trabajadoras temporales.
¿Podemos considerar que las fuerzas antisindicales se han aprovechado de la represión de los oponentes al golpe de Estado para asesinar a sindicalistas?
Es posible, puesto que la gran mayoría de los empleadores apoyan el golpe de Estado.
Entonces, incluso cuando el Presidente Zelaya gobernaba, ser activista sindical era ya una actividad peligrosa, puesto que varios sindicalistas fueron asesinados o agredidos a tiros en 2008…
Es verdad, y la tasa de sindicalización era ya muy baja: a penas el 3% de la mano de obra en las maquilas (4), y el 8% de la población activa total, lo cual representa 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Se producían muchos incidentes inquietantes. Por ejemplo, en 2008, sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron brevemente detenidos por supuestos agentes de la policía que se infiltraban en el campus con una lista de los nombres de los sindicalistas a agredir y de numerosos dirigentes sindicales, entre ellos el de Rosa Altragracia Fuentes, la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), asesinada en abril de 2008 (5). A pesar de las violaciones de los derechos sindicales anteriores al golpe de Estado, los sindicatos exigen la vuelta del antiguo presidente porque desde el 28 de junio la situación se ha degradado muchísimo.
¿Los sindicatos hondureños han podido seguir funcionando desde entonces?
La actividad de cada sindicato se ha visto restringida a causa del miedo a sufrir agresiones en eventuales reuniones sindicales. Todos los dirigentes sindicales están amenazados. En los baños de la sede sindical del sector industrial de la bebida, STIBYS (6), explotó una bomba, pero no hubo víctimas porque el incidente se produjo poco después de que los militantes se hubieran ido tras haberse reunido para el funeral de un dirigente sindical asesinado.
Algunos sindicatos desafían el peligro, como el STIBYS, que incluso organizó su Congreso el pasado mes de agosto. Por otro lado, a muchos sindicalistas les falta tiempo para organizar las actividades sindicales, puesto que están también comprometidos con el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Al denunciar las exacciones cometidas desde el golpe de Estado, ¿no teme por su propia seguridad?
Sí, por supuesto. Los que denuncian corren muchos riesgos, pero no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando en nuestro país. Por eso pedimos a la CSI y a todas sus organizaciones afiliadas que nos apoyen, que hagan todo lo posible para divulgar las exacciones cometidas en Honduras, para poner fin a todo eso.
¿Cómo pueden ayudarles los sindicatos nacionales e internacionales?
Para empezar, condenando el golpe de Estado y difundiendo las informaciones sobre lo que está pasando actualmente en Honduras. Después, mediante el envío de misiones sindicales in situ a fin de constatar las violaciones de los derechos humanos y sindicales. Deseamos también que los sindicatos presionen a sus gobiernos para que no envíen observadores durante las elecciones del 29 de noviembre (el gobierno actual espera esos observadores y una ayuda financiera para la celebración de estas elecciones). Necesitamos asimismo ayuda financiera y material, en particular para alimentos y medicina. Muchos activistas sufren fracturas a causa de la represión, pero en los hospitales no encontramos ni clavos para soldar las fracturas.
La comunidad internacional ha denunciado ampliamente el golpe de Estado, pero no parece impresionar mucho a sus autores…
Todo no se va a solucionar de inmediato, se trata de una lucha a largo plazo, pero queremos que, al final, los autores de estas violaciones de los derechos humanos y sindicales respondan por sus actos. Esperamos que eso sirva de ejemplo de disuasión de otras atrocidades y golpes de Estado en el futuro. Si las condenas internacionales no han dado resultado hasta ahora, quiere decir que hacen falta medidas más concretas al tiempo que se mantiene la presión por parte del pueblo hondureño. El movimiento sindical internacional podría solicitar sanciones económicas contra el gobierno actual. El simple hecho de amenazar a Honduras con ser excluida del Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA) podría hacer efecto, puesto que las pérdidas económicas serían enormes.
¿Cómo describir la situación económica de la mayoría de los hondureños?
Honduras es uno de los países más pobres de la región. El Presidente Zelaya había aumentado el salario mínimo a 202 euros, pero sigue siendo un 20% inferior a los ingresos necesarios para cubrir las necesidades cotidianas de una persona. Además, muy pocos trabajadores/as alcanzan a ganar el salario mínimo. La crisis económica mundial también ha repercutido en Honduras: desde principios de año se han perdido cerca de 20.000 empleos. Eso no se va a solucionar, porque las empresas declaran que pierden millones desde el inicio del golpe de Estado, a causa, entre otras cosas, de los bloqueos de carreteras y porque muchas personas no pueden desplazarse para acudir a su lugar de trabajo. En las maquilas, los empleadores están obligando a los trabajadores y trabajadoras a realizar muchas horas suplementarias para recuperar el tiempo perdido tras el estado de sitio declarado por el gobierno de facto.
Notas:
(1) Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, del que forman parte las tres afiliadas de la CSI en Honduras (CUTH, CGT y CTH)
(2) Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH)
(3) El ALBA es una organización política, social y económica que promueve la cooperación entre los países socialistas de América Latina y el Caribe.
(4) Zonas francas industriales
(5) Para más detalles sobre este tema, consultar el informe anual de las violaciones de los derechos sindicales de la CSI:
(6) Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebida y Similares, afiliada a la UITA
Ver también el último comunicado de la CSI (23 de septiembre de 2009) que reitera su condena al golpe de Estado y las graves violaciones de los derechos humanos y sindicales perpetrados por las autoridades.
Ver también la resolución de la Conferencia Sindical de las Américas (CSA) del 8 de julio de 2009 (en inglés)
La CSI representa a 1,70 millones de trabajadores y trabajadoras de 312 organizaciones afiliadas nacionales en 157 países y territorios. http://www.youtube.com/ITUCCSI
Fuente: http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article421