Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras 2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), iniciativas que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la supuesta […]
Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras 2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), iniciativas que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la supuesta creación de más de medio millón de empleos.
Las administraciones gubernamentales «nacionalistas» posteriores al golpe de estado del 2009, cifraron sus esperanzas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como las ciudades modelo, las que no han tenido hasta la fecha mayor aceptación por parte de potenciales inversionistas, sobre todo después de ladefenestración de la Corte Constitucional (12-12-12), por parte del Legislativo, como represalia por haber declarado inconstitucional, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) nombre con el cual fue denominado el primer marco jurídico de las ciudades modelo.
El anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), pretende suplantar la versión existente aprobada en 1999. La nueva versión además de exonerar de impuestos a los inversionistas, en el artículo 17 es muy preciso sobre la expropiaciones que propiciará la LFT, en base a Ley de Expropiación vigente desde el año 1913.
Por supuesto que ese repunte esperado en la rama del turismo, tendrá como objetivo el «desarrollo» de la costa caribe de Honduras, en la cual nos encontramos asentados los pueblos Miskito y Garífuna. La ofensiva territorial que se viene adelantándose desde hace décadas en contra del pueblo Garífuna, tiene como ejemplo la demolición de la comunidad de Río Negro entre los años 2009 al 2010. El empresario canadiense Randy Jorgensen, con el apoyo de la municipalidad de Trujillo, iniciaron una campaña de intimidación hacia la población Garífuna, para que vendieran sus tierras a precio de gallo muerto, bajo la amenaza de «expropiación forzosa». Nuestro pueblo se radicó en la comunidad de Río Negro en 1797, después de haber sido expulsados de la isla de San Vicente (Antillas menores), la que fue ocupada por los Ingleses en medio del auge de la producción de azúcar en el siglo XVIII y la expansión del imperio Británico en el caribe.
La Bahía de Trujillo es conocida en la actualidad como «Little Canada» ante la presencia de una docena de proyectos de turismo de enclave y especulaciones inmobiliarias de ciudadanos canadienses. Esa situación ha generado severas consecuencias para nuestro pueblo, el que se ve forzado a migrar ante la pérdida del territorio y la nula inversión social por parte del gobierno de Honduras, el que después del golpe de Estado ha reducido la inversión en educación y salud al mismo tiempo que aumentó su gasto en «seguridad» y propaganda.
De las fracasadas ciudades modelo al Honduras 2020
Las ciudades modelo desde el 2011 se convirtieron en el pilar de la estrategia económica de administraciones de Lobo y Juan Hernández, quienes impulsaron la creación de Zonas Económicas Especiales en Honduras, con la peculiaridad de conceder la tercerización de la justicia y seguridad. En pocas palabras, instaurar ciudades-nación fuera del control del estado hondureño, como un aliciente a las inversiones extranjeras en un país con una enorme problemática de corrupción e inoperancia del aparato judicial.
El economista estadounidense Paul Romer -autor intelectual de las ciudades modelo o constitucionales- contactó a personajes afines al partido Nacional, después que su proyecto de ciudad modelo fracasara en Madagascar, cuando a inicios del 2009, el pueblo Malgach se levantó en contra de la administración Marc Ravalomanana, el que dispuso conceder de forma gratuita 100 kms2 del territorio de la isla a la empresa coreana Daewoo filial del multinacional Posco. Posterior al derrocamiento de Ravalomana, Romer convenció a los funcionarios hondureños del milagro económico que acontecería en el país con su iniciativa neocolonial.
Romer para octubre de 2012 se retiró del Comité para la Adopción de Mejores Pr´cticas de las Ciudades Modelo, en una entrevista alojada en su blog personal indicó «dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca un tipo de aristocracia que nunca estará sujeto al control electoral local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de una junta gubernamental que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares, como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de veinte personas, que nombrarán sus propios reemplazos y que siempre estarán a cargo».
La reputación de Honduras sucumbió aun más con la enorme criminalidad desatada después del golpe de estado, siendo considerado el país para el 2012 como el más violento del mundo, con un promedio de 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo el crimen organizado se apropió de vastos territorios y de instituciones como la policía y buena parte del aparato judicial. El narco estado se afianzó durante la administración de Pepe Lobo, convirtiéndose la costa norte de Honduras en un corredor controlado por los carteles de las drogas.
La iniciativa de las ciudades modelo no ha prosperado durante la actual administración de Juan Hernández. Uno de sus mayores fiascos fue haber aceptado la invitación a la conferencia intitulada «Disrumpiendo la democracia: nueva formas de gobernanza en Honduras» efectuada en el mes de junio de 2015, en la ciudad de San Francisco. Posteriormente las ZEDE emitió un comunicado donde se desvinculaba de Peter Thiel y su caterva de libertarios de ultraderecha, los que han influido enormemente en algunos de los integrantes del actual gobierno.
La toda poderosa Consultora Mckinsey y el Honduras 2020.
Truncado el sueño de Juan Orlando Hernández de participar en la reunión de magnates libertarios en San Francisco, firmó un contrato con la famosa Consultora Mckinsey, para promover la creación de planes de desarrollo y dar un arranque a la estancada economía del país, la que sucumbió después del golpe de estado de 2009.
Mckinsey surge en 1926 en Chicago. Aparentemente consta de un equipo de más de 2.000 consultores y factura USD $ 7,000 millones al año. La consultora resaltó en sus estudios, la importancia de los rubros de la maquila textil, manufactura intermediaria, turismo y servicios de negocios, como los posibles pilares de arranque de la fracasada economía hondureña, la que ha dependido en los últimos años de las remesas y el lavado de activos.
A pesar de la enorme reputación de infabilidad que posee la consultora, esta se ha visto envuelta en severos casos de corrupción en Sudáfrica, y la quiebra de sólidas compañías como Swisair, Enron y otras más, hasta el punto que existe un comentario generalizado sobre la cultura corrupción imperante en Mckensey. Ademas existen comentarios altamente desfavorable sobre el rol que ha jugado la la consultora en los proyectos de Reducción de la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD).
El estado de Honduras ha violado de forma sistemática la Consulta previa desde 1995 -cuando fue ratificado el Convenio 169 de la OIT, además de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2012 el Estado presionado por el AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa REDD de Naciones Unidas, da los primeros pasos para la elaboración de una Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada. El año pasado optó por contratar técnicos peruanos y así crear una replica de la fracasada Ley de Consulta del Peru en Honduras.
En un reciente informe de la Relatora de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto indicó que «los pueblos indígenas exigen y requieren, ante todo, la protección de sus derechos sobre sus culturas, tierras y recursos naturales ancestrales, a no ser criminalizados por la defensa de sus territorios y a obtenerjusticia y reparación por las violaciones de sus derechos humanos», ademas señalo «Varios representantes indígenas expresaron su preocupación de que mientras se discute un proyecto de ley sobre consulta previa, continúa la aprobación de concesiones y la operación de proyectos de inversión y otras actividades que afectan a sus territoriosy que no han sido consultadas.
La Ley de Fomento para el Turismo elaborada por la consultora Mckisney nunca fue consultada con el pueblo Garífuna, el que será uno de los más afectados por la subasta del territorio ancestral para proyectos turísticos. La demolición de Río Negro a manos del rey del porno canadiense, días después del golpe de estado, tememos que será replicado a lo largo de toda la costa caribe; además las exenciones de impuestos a inversionistas extranjeros es una grave error como lo ha señalado el ICEFI y el FOSDEH en sus comunicados en referencia a LFT.
Como la OFRANEH indico en una reciente carta enviada al Congreso Nacional, somos enfáticos en señalar la ilegalidad del anteproyecto y al mismo tiempo exigimos al estado de Honduras y al BID que se apeguen al Convenio 169 del a OIT y la DNUDPI.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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