«En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula». Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del […]
«En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula». Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo plenamente válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los partidos opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE, agrupación política creada para reunir los principales sectores sociales que se opusieron al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de sus 37 congresistas (casi el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de sus 13 congresistas (casi el 33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH. Esta oleada de transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido Nacional de conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el control de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando Hernández.
Pero la degradación de la vida política, todavía fuertemente influida por las consecuencias del golpe de Estado de 2009, ha ido mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es que tas el golpe se produjo la partición del Partido Liberal, cuando una buena parte de sus bases constituyeron el partido LIBRE siguiendo los pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia, el Partido Nacional se vio fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes dueños absolutos del país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no fue una sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía nacionalista. Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró establecer sobre el Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de 2013 (en el que se produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido Nacional , manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento en mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia.
Como consecuencia del afianzamiento del Partido Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de los casos de corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro Social, que sacó a la luz cómo el Partido Nacional utilizó fondos del sistema de salud para la campaña electoral de JOH, hasta el caso ASTROPHARMA, en el que se reveló que una empresa de una alta funcionaria nacionalista vendió durante años pastillas de harina haciéndolas pasar por medicinas al sistema de salud público, provocando centenares de muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción de un nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del metrobus de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para la alcaldía, que finalmente no fue utilizado y cuyas vías y estaciones están siendo demolidas en la actualidad.
Además la actividad del crimen organizado se vio fortalecida durante el periodo de hegemonía nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes. En 2015 la DEA capturaba en Haití a uno de los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho que iría relacionándose con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa que indicaban que el crimen organizado, aliado con altos mandos del Partido Nacional, se había repartido el territorio hondureño y estaban detrás de asesinatos de altas personalidades de la lucha contra el crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas semanas las revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los líderes del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado a un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña electoral de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal habría participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de Tegucigalpa con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que también acudieron otros destacados narcotraficantes del país. La posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de Lobo es cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro ha implicado en sus actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco, y ha denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel con el gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James Nealon llegó a declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo dirigida por el narcotráfico y altos mandos de las fuerzas armadas (el hermano de JOH volvió a ser mencionado en relación con estos hechos, situación que provocó que tuviese que viajar a EEUU para prestar declaración a las autoridades estadounidenses).
Ante un panorama tan escandaloso, sería de esperar que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte desgaste a nivel electoral. Sin embargo, la realidad es muy diferente y en la actualidad parece que la reelección de JOH en noviembre es más que factible, siendo la principal amenaza contra esta la posibilidad de que se le sindiquen responsabilidades penales en Estados Unidos por sus conexiones con el crimen organizado. Para comprender la aparente inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder en el actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema electoral y de partidos en Honduras.
JOH sostuvo antes de ganar las elecciones que iba a «hacer lo que tenga que hacer». A estas alturas se puede afirmar sin lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos años ha logrado controlar varias de las instituciones clave del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y la Corte Constitucional entre otros. Especialmente clamoroso es el caso del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por cuatro magistrados y en el que no hay representación de dos de las mayores partidos de Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al servicio del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha cooptado los suficientes congresistas opositores como para sacar adelante todos sus proyectos y ha barrido con la oposición interna al interior de su partido. En este proceso ha logrado anular varios artículos de la constitución hondureña que prohibían la reelección presidencial, conocidos como pétreos por ser solo modificables mediante constituyente, y posteriormente ha validado su candidatura presidencial. Llama la atención que los que hoy aplauden la posibilidad de reelección en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de evitarla.
Combinado con lo anterior, JOH espera verse favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente corrupto. Si ya sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar votos. Según una encuesta realizada para un estudio del National Democratic Institute, en 2013 la compra de votos fue de cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes superaron el 15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y Santa Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a la hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además perniciosas prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que todos los trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota mensual al partido gobernante, que se extrae automáticamente de las nóminas. Pero el fraude no queda limitado a estas prácticas, también se deriva de la manipulación del censo electoral en el que se incluye a menores de edad y personas fallecidas para inflar los resultados cuyos votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y cuya venta permite manipular el proceso de conteo en los colegios electorales.
En conclusión, Honduras enfrenta un contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido Nacional muestra una gran fortaleza debido a la consolidación de su control sobre el Estado y el sistema electoral, se dan varias situaciones que hacen peligrar su continuidad en el poder. Y es que parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos la reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso de desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel de los Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos con el Partido Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de oclusión entre el gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor policial Alfredo Landaverde denunciaba meses antes de ser asesinado por policías que el gobierno estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la implicación del gobierno hondureño en el crimen organizado.
Menos claridad aún hay sobre cuál podría ser el candidato con más posibilidades de disputarle la presidencia a JOH. Durante 2016 se ha conformado una Alianza Opositora en la que convergen los partidos LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene un candidato oficial, aunque suenan con fuerza tanto el líder del PAC Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la Alianza seria en principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de las elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis Zelaya trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al PAC es real, aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría el liderazgo de Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En este sentido, en los próximos meses se irá esclareciendo el escenario de cara a los comicios, que no excluye la posibilidad de que el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se muestran evidencias graves de su involucramiento con el cartel de los Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para Honduras, donde se va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria, antidemocrática y corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el proceso y se abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de la caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones se han sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en utilizar los métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus intereses.
Javier San Vicente Maeztu. Activista en defensa de los derechos humanos
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8138/honduras-autoritarismo-crimen-organizado-y-retroceso-democratico/
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