El Estado de Honduras ha notificado la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido del 28 de junio de 2009. Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del […]
El Estado de Honduras ha notificado la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido del 28 de junio de 2009.
Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.
El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.
La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.
El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.
En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.
El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.
La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.