Nada ha sido normal en Honduras desde que el 28 de junio de 2009 se produjera el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Este domingo, el país vota bajo el signo de la polarización política, la lumpenización del Estado y la violencia política, social y criminal. El país vuelve a las urnas y el presidente […]
Nada ha sido normal en Honduras desde que el 28 de junio de 2009 se produjera el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Este domingo, el país vota bajo el signo de la polarización política, la lumpenización del Estado y la violencia política, social y criminal. El país vuelve a las urnas y el presidente del Tribunal Electoral pide un acto de fe.
Cuando David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Honduras, anunciaba el inicio del periodo de reflexión de cara a las elecciones de este domingo 24 de noviembre, pidió a los ciudadanos un «acto de fe». «Su voto será respetado y decidirá el futuro del país; vamos a votar con la fe puesta en que estas elecciones decidan nuestro futuro». Lo cierto es que hace falta algo de fe ciega para creer en la institucionalidad de un país roto por el golpe de Estado orquestado entre las élites económicas y el Ejército (con la inestimable colaboración de Washington), las posteriores y dudosas elecciones que llevaron a Porfirio Lobo a la presidencia en enero de 2010, y la explosiva situación de violencia, militarización, desempleo y precarización de la vida en Honduras.
La organización no gubernamental canadiense Rights Action , entre mayo de 2012 y octubre de 2013, un total de 35 candidatos y precandidatos de diversos partidos políticos han sido asesinados en el país. 18 de ellos, según la organización, eran miembros del partido LIBRE , que agrupa a los partidarios del depuesto presidente Zelaya y cuya candidata presidencial es Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya. Castro figura en un empate técnico en las encuestas con el candidato del oficialismo, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.
Desde el golpe de Estado, se han incrementado de forma significativa el ataque violento contra líderes sociales, miembros del Frente Nacional de Resistencia (que aguantaron el tipo en las calles tras el golpe) y periodistas independientes o críticos. De hecho, una docena de senadores demócratas estadounidenses dirigieron una carta al secretario de Estado de ese país, John Kerry, mostrando su preocupación «por la continua violencia en Honduras y el impacto de esta sobre las elecciones del 24 de noviembre». Hay «serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de Honduras para llevar a cabo elecciones libres y justas en el momento mismo en que se ha movilizado a una nueva policía militarizada que ya irrumpió en los hogares de varios activistas de la oposición», indicaban los senadores en la carta.
La realidad es que el país está militarizado, con miembros de la Policía Armada patrullando las calles desde el pasado 5 de octubre, y una fuerte presencia paramilitar en las zonas de interés para la agorindustria, tal y como han denunciado en repetidas ocasiones las organizaciones sociales y las étnicas.
Además, la situación económica se ha degradado, como señalaba Mark Weisbrot, del CEPR: «Los datos de encuestas muestran que el 80 por ciento de los hondureños piensa que su situación actual es peor de lo que era hace cuatro años, y los datos respaldan esa opinión. El 10 por ciento más alto obtuvo más del 100 por ciento del total del aumento en el ingreso durante los dos años después del derrocamiento de Zelaya, revirtiendo marcadamente una fuerte tendencia hacia una mayor igualdad durante los años de Zelaya. El número de personas que involuntariamente trabajan medio tiempo ha tenido un incremento de 176 por ciento. La pobreza también ha aumentado, mientras que se había reducido de manera importante con Zelaya, quien logró un aumento del salario mínimo de casi el 100 por ciento en términos reales durante sus 3,5 años en el poder. Incluso la inversión privada, a pesar de las quejas de empresarios que apoyaron el golpe, creció a un ritmo mucho más rápido con Zelaya que con el régimen actual».
¿Qué se juega?
Los medios de comunicación convencionales tratan estas elecciones como unas más dentro de la ‘normalidad’ democrática, pero la realidad es muy diferente. Es cierto que está en juego la mayoría absoluta en el parlamento (que se consigue con 65 diputados) y que si el partido ganador no logra alianzas para contar con dos tercios de los curules del Congreso Nacional no podrá acometer las reformas estructurales que, en la mayoría de los casos, requieren de mayoría cualificada. Por tanto, la intención de Xiomara Castro, y del Partido Libre-Refundación de provocar una Asamblea Constituyente (el disparador del golpe de Estado de 2009) parece que tendrá un difícil camino en el caso de que las elecciones sean limpias y de que Castro pueda llegar a la presidencia. También es cierto que estos comicios certificarán la muerte del bipartidismo imperante en el país con la caída del Partido Liberal y la presentación de ocho candidaturas a la presidencia por parte de nueve formaciones políticas diversas.
Es verdad, como destacan los medios, que habrá 700 observadores internacionales en Honduras (OEA, UE, Centro Carter…). Pero las presiones en unas elecciones como esta ya se han hecho antes, con asesinatos de candidatos, coacciones y la instalación de la cultura del miedo. Las garantías en el país son mínimas, ya que el Partido Nacional, en el Gobierno, ha aprovechado el tiempo y ha consolidado un poder Judicial cercano a sus intereses y un marco legal que entrega el país a los inversionistas con menos escrúpulos. Primero, con la destitución de cuatro magistrados de la Corte de lo Constitucional y después con la elección como Fiscal General de Óscar Chinchilla, un hombre muy cercano al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, y a una de sus apuestas personales y económicas: la legislación de las llamadas «ciudades modelo«, territorios donde no rige la Constitución y que sigue los designios de los libertarios de derecha de Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, en estos últimos meses se aprobó la nueva Ley de Minería y la de Regímenes Especiales de Desarrollo, en un complejo entramado legal destinado a la explotación sin límites del territorio y de sus habitantes.
Lo hecho hasta ahora, ha contado con la aprobación de Estados Unidos y, en los últimos tiempos, con el tímido incomodo de Unasur y de los gobiernos progresistas de la región. Lo que pase a partir de ahora no dependerá de la fe que pide Matamoros, ni de las visiones del influyente pastor evangélico Roy Santos, quien dijo haber recibido el mensaje de Dios para que Castro no sea presidenta. Los hilos que mueven Honduras tienen poco de divinos.