El pasado 2 de agosto se hizo público un documento presentado ante una Corte de Justicia de Nueva York, en el que fiscales federales acusan al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a «JOH» a su antecesor Porfirio «Pepe» Lobo, a su hermano «Tony» Hernández y a varias figuras clave de la política y la […]
El pasado 2 de agosto se hizo público un documento presentado ante una Corte de Justicia de Nueva York, en el que fiscales federales acusan al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a «JOH» a su antecesor Porfirio «Pepe» Lobo, a su hermano «Tony» Hernández y a varias figuras clave de la política y la policía hondureña de ser coparticipes en una conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos. El documento contiene varias acusaciones más, relacionadas con el asesinato de dos personas, financiación de campañas políticas y del gobernante Partido Nacional, y la realización de maniobras para cesar a altos cargos policiales por suponer una amenaza para las actividades criminales de los acusados.
Estas revelaciones supusieron un exacerbamiento de la crisis política permanente en la que vive sumida Honduras desde el golpe de Estado de 2009, que se agudizó tras las cuestionadas elecciones de 2017 y con las movilizaciones sociales contra la privatización de la salud y la educación que se han dado en los últimos meses. La respuesta del gobierno fue la que se esperaba: en rueda de prensa el 3 de agosto el presidente comparecía ante los medios para negar todas las acusaciones realizadas por la fiscalía de Estados Unidos, atribuyendo los hechos a una conspiración en su contra gestada por narcotraficantes perjudicados por su gobierno. No se produjeron dimisiones ni se va a realizar investigación alguna.
Podrá parece sorprendente fuera de Honduras que un gobierno se sostenga ante semejantes acusaciones, pero cuando se conocen los antecedentes el efecto sorpresa se diluye. Y es que los hechos contenidos en la acusación presentada por el fiscal federal Emil J. Bove se basan en eventos que ya son de sobra conocidos en Honduras. Desde hace varios años son continuas las noticias que llegan desde las cortes estadounidenses implicando a los principales cabecillas del Partido Nacional y las cúpulas policiales y militares en el narcotráfico, siendo el documento hecho público el pasado 2 de agosto el último episodio de una narconovela que se ha desarrollado ante el público hondureño e internacional bajo la mirada complaciente de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.
Desde hace décadas el gobierno estadounidense, a través de la CIA, la DEA y demás agencias cuenta con un inmenso equipo desplegado en Honduras, y colabora, si no es que controla, las labores de inteligencia, contrainteligencia y lucha contra el narcotráfico del estado hondureño. Ante esta situación, lo lógico sería pensar que desde Washington han estado informados durante todos estos años sobre el grado de penetración del crimen organizado en las autoridades hondureñas, lo que contradice totalmente las declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, que oficialmente considera a Hernández como un aliado.
El hecho de que el ejército hondureño se dedicase a derribar narcoavionetas, violando la legislación estadounidense, obligando a la DEA a desconectar el único radar capaz de detectar dichas naves no pareció convencer a Estados Unidos de que Lobo, Hernández y su partido eran socios poco fiables en la lucha contra el narcotráfico. Tampoco importó que se procesase judicialmente al hijo de Lobo y al hermano de Hernández por tráfico de drogas y armas a gran escala. Ni que al hermanísimo del presidente se le llegase a acusar de conspirar para atentar contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Tampoco cambio el rumbo de las relaciones bilaterales las múltiples delaciones contra ministros y altos mandos de la policía y el ejército por parte de narcotraficantes presos en Estados Unidos. Con estos y muchos otros antecedentes, el 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos se reunió con Hernández para reafirmar públicamente la estrecha colaboración y cooperación entre el gobierno de Trump y el de Hernandez en materia de desmantelamiento de redes criminales internacionales.
Frente a esta situación surgen varias preguntas: ¿realmente existe una guerra contra el narcotráfico? ¿Qué pretende el gobierno estadounidense lograr a través de esa supuesta guerra? ¿a algún país o institución internacional le importa en realidad la legalidad, la lucha contra la corrupción o la defensa de la democracia y los derechos humanos? ¿o simplemente las relaciones internacionales se basan en un discurso hipócrita que esconde el interés de mantener a quien sea en el poder con tal de que sea funcional a los dictados de las grandes potencias?
A estas alturas, resulta sorprendente que Juan Orlando Hernandez siga en el poder simplemente negando todas las acusaciones. Tambien lo es la total pasividad de la comunidad internacional ante todas las evidencias en contra del mandatario y su entorno. Aunque no se han producido actos de adhesión a Hernández tan explícitos como el estadounidense desde otros estados, al día 7 de agosto ninguna embajada, u organismo internacional ha pedido explicación alguna de lo acontecido ni tomado medida alguna.
Ante la actual situación, habría que preguntar al gobierno español cómo valoran que con su cooperación un gobernante acusado de narcotráfico haya logrado aprobar un Código Penal que contiene una reducción de penas del delito de narcotráfico, lavado de activos, y de varios delitos contra la corrupción, al tiempo que abre la puerta a que se detengan las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos. También valdría la pena preguntar a la Unión Europea si han valorado el efecto de su cooperación con Honduras, bajo la modalidad de apoyo presupuestario, el más favorable para el gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que existen redes de corrupción a gran escala al interior de la administración hondureña que ya han empleado fondos de la cooperación internacional para fines partidistas y para el enriquecimiento personal de gobernantes. Esto en la Unión Europea lo saben muy bien, ya que financian una misión de la OEA contra la corrupción, la MACCIH, que ha logrado evidenciar la existencia y operatividad de dichas tramas. Las alabanzas que han dedicado estos años a Hernández desde el FMI no han sorprendido a nadie, pues esta institución se comporta como la banca privada, preocupada solo de cobrar a tiempo. Lo que sí fue sorprendente fueron las efusivas felicitaciones por su desempeño económico recibidas por Hernandez recientemente de una representante de la CEPAL. El silencio del resto de organismos y embajadas lo dice todo.
Lo que está ocurriendo en Honduras es un síntoma evidente de la grave enfermedad moral que corroe el mundo de las relaciones internacionales. Por un lado, evidencia la falacia de la guerra a las drogas, que hoy muestra su verdadera cara como instrumento de sometimiento y dependencia de las naciones latinoamericanas al poderío estadounidense. Por otro, muestra que la inmoralidad y el mantenimiento del «business as usual» (en este caso «narcobusiness as usual») son la regla y no la excepción en el mundo de las relaciones internacionales.
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