La clase obrera no va al paraíso. Distinta es la suerte de los elencos políticos que administran exitosamente (¿?) los ajustes en las crisis. Que la salida de la crisis del 2002 fue un éxito nacional se ha ido transformando de a poco en esos lugares comunes y unanimidades que de repetir aportan membresía a […]
La clase obrera no va al paraíso. Distinta es la suerte de los elencos políticos que administran exitosamente (¿?) los ajustes en las crisis.
Que la salida de la crisis del 2002 fue un éxito nacional se ha ido transformando de a poco en esos lugares comunes y unanimidades que de repetir aportan membresía a un club exclusivo. La gestión de la crisis del 2002, el Maracaná del sistema político uruguayo, es evocada resaltando la fortaleza institucional, la responsabilidad interpartidaria y la suerte de haber contado con estadistas de fuste. Una nueva pincelada al agrietado mito de la excepcionalidad uruguaya y la prueba concreta de que en Uruguay todavía es posible administrar un brutal ajuste contra la población sin que salten las costuras del orden. Lo exitoso de la salida (habría que preguntarse desde qué decil del ingreso se están sacando las cuentas), hace ya al aire de familia de la institucionalidad oriental.
Dejando de lado las causas y responsabilidades de la crisis, la «salida a la uruguaya» consistió básicamente en una brutal confiscación de los ingresos de los sectores trabajadores. Una caída del salario real de más del 20% y una disminución del gasto público social de más de un 22%1 entre 2001 y 2004, ambos superando la caída del PBI y retrotrayendo sus niveles reales a 1984 y 1993 respectivamente, atestiguan lo dicho. La masa salarial en relación al PBI pasa de un 34% a cerca de 26% entre 2001 y 2005, los peores años fueron 2003, 2004 y 2005.2 La distribución social del ajuste tuvo poco de fraterna y equitativa. En ese mismo período los retornos del capital ascendieron de 50% a casi 60% del PBI. Este es el punto ciego de la relectura versallesca de la «crisis del 2002».
Con estos números a la vista habría que preguntarse qué quiere decir eso de la lealtad institucional del sistema político uruguayo en esos días. En los cuellos de botella a los que suelen llegar las economías sudamericanas no hay una única forma de responder. Una hubiera sido trazar una línea en la arena en defensa de los derechos más básicos vinculados con la subsistencia de la población y las necesidades mínimas, lo que hubiera obligado a confiscar ingresos y propiedades en las franjas superiores de renta. Quién hubiese estado dispuesto a resistir presiones y enfrentar poderosos para preservar derechos básicos sí podría ser considerado un héroe nacional. Acá, como vimos, ocurrió lo contrario.
La resignificación de la crisis del 2002 como el climax de la concordia nacional no coincide con los números de aquel período, y mucho menos, con la vivencia de la mayor parte de la población. Solo en un elenco político y mediático cada vez más lejano del terreno puede arraigar y tener sentido semejante relato.
La derecha orgánica no da puntada sin hilo. Canoniza a los suyos y oculta los hechos incómodos. Hasta ahí todo en su lugar: una clase con consciencia de sí misma y mirada estratégica. La pregunta es quién hace el contrapunto.
Notas:
1 Mides-UdelaR, 2007. Identificación y análisis del Gasto Público Social en Uruguay 1910-2006.
2 Instituto Cuesta Duarte, 2011. La masa salarial entre 1998 y 2010.
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