El Senado paraguayo rechazó una norma similar a las de Argentina y Chile. Esta apunta a aquellos que propaguen el «odio político» y tengan contactos internacionales. ¿Criminalización de las protestas sociales en marcha? La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este jueves un proyecto de ley antiterrorista que había sido fuertemente cuestionado por organizaciones sociales […]
El Senado paraguayo rechazó una norma similar a las de Argentina y Chile. Esta apunta a aquellos que propaguen el «odio político» y tengan contactos internacionales. ¿Criminalización de las protestas sociales en marcha?
La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este jueves un proyecto de ley antiterrorista que había sido fuertemente cuestionado por organizaciones sociales porque pone a los trabajadores y a los indígenas en la lista de «sospechosos». Al igual que las leyes aprobadas en Argentina y Chile, la norma determina que serían los jueces quienes tendrán que utilizar su criterio personal para definir quiénes son los que «propagan el odio político» y que tienen «contactos internacionales» que los hacen «peligrosos».
La aprobación de la norma no fue descartada sino que los legisladores paraguayos deberán estudiar el tema y dejar la tipificación y penalización del terrorismo para una ley especial futura. El senador Marcelo Duarte del Partido Patria Querida, encargado de comunicar las actividades de su Cámara, adelantó que aprobar algún tipo de norma especial significará crear procedimientos, penas e instrumentos jurídicos, que quedarán fuera de las garantías establecidas en el Código Penal.
Las modificaciones, tal como se plantearon hasta el momento, establecen el aumento de los marcos penales y castiga con mayor rigor a personas con orientación sexual diferente. Además, los delitos y crímenes contra el patrimonio tienen penas más graves que los que vulneran la integridad física y la autonomía sexual. De esta forma, hasta las pintadas en paredes con consignas políticas contra el gobierno podrían ser tomadas como un delito «grave» y penado por los jueces.
Por este motivo, el Centro por la Justicia y el Derecho Penal Internacional (Cejil), una ONG internacional, envió una carta al Senado de Paraguay por las modificaciones al Código Penal aprobadas por la Cámara de Diputados para «prevenir y castigar actos de terrorismo».
Según el texto, al que tuvo acceso APM, «la ley podría prestarse a persecuciones políticas» y «no se adecua a tratados internacionales y la tipificación de terrorismo que figura en el documento es preocupante».
Asimismo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó que la propuesta permitiría que jueces incluyan entre las conductas peligrosas las marchas de protesta. También la coordinación Por un país para la mayoría y la Alianza Patriótica Socialista condenaron las reformas aprobadas al Código Penal.
En Chile por ejemplo, está vigente la Ley 18314 Antiterrorista, que fue aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet y es uno de los objetivos de Estados Unidos tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 (11S). La norma es usada contra mapuches, militantes de izquierda y estudiantes que critican algunas medidas del gobierno o reclaman sus derechos.
En abril del 2006 el Gobierno chileno se comprometió a no aplicar la norma en casos donde estén involucrados los pueblos originarios, luego de que la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos, Alejandra Arriaza y el lonko José Carileo, exigieran al Ejecutivo la liberación de tres comuneros mapuches y una activista pro-indígena condenados a 10 años de cárcel.
Aunque el Gobierno no accedió a la petición, se comprometió a trasladar a los reos hasta un centro de estudios y trabajo. Pero la ley no fue modificada y cuando los mapuches fueron apresados, el gobierno se amparó en las leyes para justificar los arrestos. En esa ocasión, la presidenta Michelle Bachelet, dijo que no podía intervenir porque era una decisión de la Justicia, institución que deja mucho que desear, si se tiene en cuenta que el Poder Judicial fue elegido como la institución más corrupta en Chile según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo.
En el caso de Paraguay, la Constitución reconoce el derecho de los indígenas sobre sus tierras, pero las medidas de protección «no están siendo respetadas». Así lo señaló a agencias internacionales, Jonathan Mazower, investigador de Survival. Según explicó, la deforestación ilegal continúa y sólo una quinta parte de las hectáreas reclamadas se han transferido.
El problema es que con la nueva ley Antiterrorista, las tierras nunca podrán ser recuperadas, porque el mínimo reclamo permitirá a las autoridades policiales arrestar a los manifestantes alegando que promueven el odio contra el gobierno o que tienen contactos internacionales con otros pueblos originarios como los del Chaco argentino, que reclaman los mismos derechos sobre sus tierras.
Por este motivo, las organizaciones sociales paraguayas cuestionaron que el proyecto de ley no prevé sanciones por violaciones a las leyes cometidas por personas legítimamente electas por el pueblo y cuestionaron la forma en que podría ser aplicada la norma. Ahora deberán esperar a que sea reestudiada para ver qué plantea su redacción final.
En Argentina, el problema se extiende también a la lucha por los Derechos Humanos. Aunque las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional prohíben a los uniformados realizar espionajes en organizaciones sociales. Sin embargo, en julio pasado trascendió que fiscales y policías federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) sobre la «presunta amenaza del narcoterrorismo» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el informe, aparecían involucrados luchadores sociales como el cura Luis Farinello, Patricio Echegaray, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por haber participado en el 2004 en una charla donde se conmemoraron los 40 años de la creación de las FARC. Con la ley antiterrorista, cualquier juez podría justificar no sólo una conexión «directa» con el narcotráfico sino también un «contacto internacional» y enviar a cualquiera de los implicados a la cárcel con una pena de entre 2 y 5 años.
En el mismo informe se señaló a la Triple Frontera de Argentina-Brasil-Paraguay como un lugar donde los secuestros son habituales para «financiar» políticamente a agrupaciones como el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile.
La poca claridad de la Ley Antiterrorista y la experiencia del accionar judicial en Paraguay, pone en evidencia la necesidad de revisar el texto de la norma y terminar con ciertas prácticas policiales que apuntan directamente a encontrar conexiones entre narcotráfico, terrorismo y luchadores sociales en toda la región.
Un ejemplo es el juicio contra los acusados del secuestro y asesinato de la Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau. El proceso estuvo cruzado por denuncias de irregularidades graves y de violaciones a los Derechos Humanos de los seis acusados. Pero lo más grave es que en el juicio se siguió hablando de una conexión internacional relacionada al PPL y las FARC.
En todos los casos, los militantes argentinos coincidieron en denunciar los espionajes y pedir aclaraciones sobre el accionar policial. Critican no sólo que se los observe y se elaboren informes sobre ellos, sino también que se los involucre en causas judiciales relacionada al narcotráfico cuando lo único que hicieron fue participar de una charla en una Universidad.
Los informes los hacen sospechosos y plausibles de ser investigados cuando ni siquiera aparece una mínima cantidad de marihuana que pueda inculparlos de crímenes relacionados al narcotráfico.
Como un pasado que vuelve y en el marco de un Mercosur que promueve la autonomía regional, resulta al menos cuestionable que se sigan aprobando leyes de acuerdo a los intereses de Washington. No es casualidad que el Presidente de la Cámara de Senadores paraguayo, Miguel Abdón Saguier, haya recibido en julio a Carol Fuller, Secretaria Ejecutiva del Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esa ocasión Fuller le expresó el deseo de su organización de que Paraguay cuente con una legislación que penalice los actos de terrorismo, en conformidad a los compromisos internacionales asumidos por ese país.
Tras la media sanción de la ley, el Partido Comunista Paraguayo (PCP) convocó a la población a protestar para exigir su repudio porque consideran que reedita la política terrorista de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que pretende legalizar la criminalización y la penalización de las luchas sociales.
En Chile, la ley antiterrorista data de la época dictatorial de Pinochet y en Argentina la norma fue comparada con el Plan Cóndor, ya que busca justificar la ilegalidad del accionar policial por la «necesidad» de combatir a todos aquellos considerados subversivos.
Si bien el Senado de Paraguay se rechazó la ley antiterrorista, el proyecto será devuelto a la Cámara de Diputados que solo podrá aprobarlo con dos tercios de los votos.
En el Siglo XXI siguen apareciendo nombres y códigos que dan escalofríos, sin embargo nadie podrá protestar contra ello: debido a las leyes aprobadas y otras que están en estudio se los podría enviar a la cárcel por «propagar el odio» o por afirmar que hay cierta conexión internacional entre las leyes antiterroristas, diseñadas por Estados Unidos.