“Necesitamos inversiones mucho mayores en investigación y desarrollo porque América Latina debería ser una potencia en innovación basada en la bioeconomía y en muchas otras cosas” (Jeffrey Sachs)
Son pocos los economistas que convierten una macroeconomía para la estabilización económica y el ajuste estructural en una macroeconomía para el desarrollo a escala global. Es más, para el desarrollo humano sostenible y protección de los derechos humanos, combatiendo la pobreza y desigualdad. Uno de ellos es Joseph E. Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que después de servir como funcionario del Banco Mundial y apoyar parte de las reformas de países con fuertes desequilibrios económicos y sociales en Asia, África y América Latina, además de asesor presidencial, se ha convertido en uno de los principales críticos de la globalización y de políticas de ajuste y reforma promovidas por los propios Organismos Financieros Internacionales (OFIS) y grupos económicos y financieros de países de mayor desarrollo.
Otro es Jeffrey Sachs, el destacado economista de la Universidad de Columbia, asesor y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que después de construir el instrumental para entender una macroeconomía global, se convirtió en uno de los principales teóricos del desarrollo, agregando una visión geoestratégica que incorpora los aspectos políticos, ambientales, seguridad e ideológicos. Una revisión de sus aportes a la teoría del desarrollo humano y combate de la pobreza deberían bastar para que la Academia Sueca le otorgue el Premio Nobel de Economía.
No son economistas marxistas, pero varios de sus aportes, a partir de la crítica al funcionamiento del sistema capitalista, ayudan a construir modelos de desarrollo alternativos al modelo neoliberal.
Recién el economista Jeffrey D. Sachs estuvo en Honduras como conferencista en el marco del Seminario Internacional “La soberanía: reimaginar la gobernanza de las inversiones para el desarrollo sostenible», patrocinado por la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto el país enfrenta varias demandas de arbitraje internacional por supuestamente afectar la inversión extranjera en el país y no reconocer derechos adquiridos por las empresas al haberse aprovechado de legislaciones y prácticas corruptas violatorias de la Constitución de la República y la soberanía nacional, apoyadas por malos hondureños.
Se estima que existen unas 16 demandas contra el país por inversionistas extranjeros que se acercan a los 19.500 millones de dólares, siendo una de las más cuantiosas, por el orden de los 11.000 millones de dólares de aquellas empresas e inversionistas que conforman la Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE) Próspera, con una legislación que buscaba (la ley fue derogada por el actual Gobierno) convertir al país en una especie de enclave moderno, violando la Constitución de la República. Estas demandas se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI), del cual Honduras se retiró en agosto de 2024.
Hay varios temas de interés para el Gobierno de la República y demás actores participes del proceso de cambio político que vive Honduras de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, que se derivan de la exposición magistral del Dr. Sachs.
El primero es que la defensa de la soberanía nacional no es solo para países como EEUU, sino también para Honduras. Sus autoridades actuales y el pueblo no quieren que el territorio sea apropiado por empresas extranjeras, lo cual no es mucho pedir. «Honduras necesita y quiere inversores extranjeros, pero no quiere invasores extranjeros. No quiere que nadie se apropie del territorio soberano ni de los derechos soberanos de este país. Eso no es mucho pedir, por cierto, y está dentro de lo alcanzable, es un tema de establecer entendimientos claros» ( J. Sachs, 18/08/2025).
Lo segundo es que la inversión extranjera no debe ser confundida con invasión extranjera, o sea que los “inversionistas” busquen no solo invertir sino también quedarse con los recursos naturales existentes, desnaturalizando incluso la forma de gobierno; un nuevo Estado dentro de otro Estado, con gobierno propio, leyes, moneda e institucionalidad política y judicial.
Lo tercero es que los inversionistas o invasores no deben exigir con sus demandas y el arbitraje recuperar no solo su inversión sino también las ganancias hipotéticas futuras de proyectos que incluso no se ejecutaron, una especie de chantaje internacional. Hay vigente un sistema fallido de reclamos internacionales, donde los países centrales y las empresas amparadas en leyes poco transparentes, exigen pagos millonarios como indemnización o compensación que comprometen el desarrollo humano sostenible a futuro del país.
Lo cuarto es que hay que reconocer que países como Honduras necesitan de inversión extranjera para avanzar en la llamada “senda” del desarrollo, pero no a costa de la destrucción y captura de sus recursos y soberanía. Necesita reglas claras donde todos ganen y no reglas que debilitan la institucionalidad y favorecen el despojo. Los inversionistas de la ZEDE Próspera deben estar conscientes que la Isla Roatán no es de ellos, no la pueden tener, es territorio que pertenece a un país soberano, la República de Honduras con una extensión de tierra de 112.777 kilómetros cuadrados, población de 10,8 millones de personas, idioma oficial el español y moneda el lempira.
Lo quinto es que se necesita un nuevo sistema de reclamos internacionales, no uno fallido que solo beneficia a empresas y países de mayor desarrollo. Con el sistema internacional actual pareciera que este tipo de empresas lo que buscan no es ejecutar la obra, sino demandar y cobrar como si esta se haya ejecutado totalmente con créditos. Los OFIS tienen parte de culpa al abrir una ventana de arbitraje que permite la presentación de demandas, aun cuando sean violatorias de las leyes internas.
Lo sexto es que se debe apoyar al Gobierno en la consecución de los objetivos de desarrollo, caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), canalizando recursos de inversión benignos con el ambiente, los derechos humanos y valores democráticos. Ello implica un esfuerzo por priorizar las intervenciones en materia de educación y desarrollo de habilidades de la población, que posibilite contar con una fuerza laboral más capacitada que ha sido marginada del desarrollo de la ciencia y tecnología. Son importantes las acciones de los gobiernos para el desarrollo de la infraestructura física y vial, caso particular en Honduras con el Tren Interoceánico, pero el pilar fundamental sigue siendo la educación y la capacidad de absorción tecnológica, si no creen, pregúntenles a los costarricenses.
De acuerdo al Ministro de Finanzas, Cristián Duarte, Honduras ha gastado cerca de 400 millones de lempiras en pagos de abogados para enfrentar estas demandas, de los cuales unos 315 millones de lempiras corresponden a este Gobierno, que podrían haberse utilizado en construcción de centros de salud. El Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD ha motivado estas demandas contra el Estado hondureño, pero también el retiro de Honduras de CIADI y las expectativas que al ganar las elecciones los candidatos de los partidos tradicionales se vuelva al punto de origen, o sea de nuevo a las ZEDE y gobierno extractivo.
Es muy importante que el país defina una estrategia conjunta para la integración regional y latinoamericana. A futuro, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), jugará un rol muy importante en temas de desarrollo, por lo que hay que fortalecerla. Este fortalecimiento debe tener en la cooperación uno de los pilares fundamentales, igual en el aprovechamiento de experiencias en la gestión y trato de la inversión extranjera, ajustando leyes internas y definiendo mecanismos efectivos para sacar mayores beneficios para el país y a menores costos imputables.
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