Treinta y cinco años llevaba en el poder el general Alfredo Stroessner cuando fue depuesto el 3 de febrero de 1989. A 25 años de su caída, los brutales crímenes de la dictadura permanecen impunes en Paraguay. «La Justicia es la gran deuda de la democracia paraguaya», afirma el Dr. Martín Almada, abogado y educador […]
Treinta y cinco años llevaba en el poder el general Alfredo Stroessner cuando fue depuesto el 3 de febrero de 1989. A 25 años de su caída, los brutales crímenes de la dictadura permanecen impunes en Paraguay. «La Justicia es la gran deuda de la democracia paraguaya», afirma el Dr. Martín Almada, abogado y educador paraguayo, descubridor de los «Archivos del Terror» del Plan Cóndor, fundador de «El Museo de las Memorias» de Asunción y merecedor del Right Livelihood Award (también conocido como «Premio Nóbel Alternativo»).
«Son 25 años de lucha por construir una verdadera democracia. Un tiempo de grandes avances, pero también de graves pendientes», es la evaluación de Martín Almada al cumplirse un nuevo aniversario de la caída de Alfredo Stroessner en Paraguay.
Entre 1954 y 1989, Paraguay vivió la dictadura militar más larga de los países del Cono Sur. «Unas 100.000 personas han sido víctimas del «Plan Cóndor», un pacto criminal que coordinó las acciones de represión de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en la década del 1970, en contra de opositores políticos e ideológicos», rememora el abogado y educador paraguayo. «Stroessner ya no está, pero mucha gente que se benefició con la dictadura sigue aún en el poder. Esa es la razón por la que no hay justicia por los crímenes que se cometieron entonces».
En mayo de 1989 Almada llevó su propio caso de encarcelamiento y el asesinato de su esposa ante la justicia. Pero la Fiscalía General del Estado no dio curso a su petición. En 2013, una nueva presentación, esta vez ante tribunales argentinos, fue realizada por sobrevivientes paraguayos entusiasmados por los avances del país vecino en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, y apelando al principio de «jurisdicción universal» que rige para este tipo de delitos. El juez argentino que entiende en la causa ya exhortó a la justicia paraguaya para que responda.
25 años con logros y deudas
«De 1989 a esta parte hemos dado saltos cualitativos», reconoce Almada, y comienza por mencionar «la sanción de la Constitución de 1992 que incorpora la figura de Hábeas Data, lo que permitió iniciar una investigación respaldada por el juez José Agustín Fernández y que nos condujo a los ‘Archivos del Terror’. El hallazgo de esa documentación, desde 2009 categorizada por la UNESCO como ‘Memoria del Mundo’, y disponible para su consulta pública en el Palacio de Tribunales de Asunción, es tremendamente importante». A través de esos documentos, Paraguay ha contribuido al avance de los juicios contra genocidas en otros países, aportando pruebas a jueces de Francia, España, Italia, Suiza, Chile y Uruguay.
La apertura del Museo de las Memorias en el ex centro de detención conocido como ‘La Técnica’ y la enseñanza de la historia reciente en las escuelas son otros importantes logros enumerados por Martín Almada. «Asimismo es de destacar el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia en la investigación de los crímenes de la dictadura. Funcionó entre 2004 y 2008 concluyendo con un informe que reúne el testimonio de miles de víctimas sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen stronista. Fue una iniciativa ciudadana canalizada por el colectivo «Mesa Memoria Histórica» que contó con el apoyo de organizaciones internacionales de Derechos Humanos decisivas en el fortalecimiento de la democracia».
Entre los principales asuntos pendientes destaca que «la falta de castigo a los culpables hace que se siga viviendo en un clima de impunidad y corrupción que genera más injusticia. Hay que recuperar para el Estado los bienes apropiados por dictadores e indemnizar a las victimas con el dinero de los ladrones. Debe castigarse a los asesinos de la dictadura, pero también a los funcionarios de la democracia que no se están encargando de juzgarlos». Los programas de estudio de las escuelas militares y policiales son otro asunto pendiente para Almada. «Siguen siendo formados para vigilar, torturar y matar. En nuestras comisarías se siguen practicando torturas. Allí hay que intervenir e incluir materias sobre los Derechos Humanos. También en las universidades. Desde la Facultad de Derecho, donde se forman los brazos ejecutores de la justicia como los abogados, jueces y fiscales, nunca se manifestaron en contra de la dictadura. Eso es preocupante, no hay conciencia de nuestro trágico pasado».
Pero la cuestión fundamental que sigue sin resolverse es para Almada «el derecho de los habitantes rurales a acceder a la tierra. La Reforma Agraria, consagrada en la Constitución Nacional, sigue sin concretarse a favor de los pobres. En cambio es escandaloso el desarrollo de la ganadería y agricultura extensiva, latifundios muchas veces en manos extranjeras y con uso constante de agrotóxicos, destrucción de la masa forestal e impensables consecuencias en la mayor riqueza del país: el acuífero Guaraní».
Quien es Martin Almada
Martín Almada (77) es abogado y educador paraguayo. La inteligencia militar del Plan Cóndor clasificó como «subversiva» su tesis doctoral, titulada «Paraguay: Educación y Dependencia». El fue considerado un «terrorista intelectual», secuestrado en 1974 y sometido a torturas a lo largo de los tres años que duró su encierro. Durante su cautiverio, y producto de la tortura psicológica, falleció su esposa, la educadora Celestina Pérez. Los militares la llamaban por teléfono para hacerle escuchar los alaridos de su marido mientras era torturado, le enviaban su ropa ensangrentada y hasta le aseguraron que «el maestro subversivo» ya había muerto. Murió ella de un infarto. A él le dijeron que Celestina se había suicidado.
Debido a la gran presión internacional, Almada fue liberado en 1977 y asilado en Panamá. Luego fue contratado por la UNESCO en París, donde vivió su exilio junto a sus tres hijos. Al regresar a Paraguay, una vez restablecida la democracia, reclamó conocer sus antecedentes penales. Le respondieron que no había y le negaron que alguna vez haya estado privado de su libertad.
El 22 de diciembre de 1992 encontró los denominados «Archivos del Terror», tres toneladas de documentación militar del Plan Cóndor. Junto a su segunda esposa, la periodista y educadora argentina María Stella Cáceres, y un grupo de colaboradores, crearon la Fundación Celestina Pérez de Almada. Y allí donde funcionó un centro de detención y tortura, en Asunción, fundaron el «Museo de las Memorias», institución clave en la enseñanza de la historia reciente del país.
Por su coraje en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia contra los torturadores, Martín Almada fue galardonado con el Right Livelihood Award en 2002. Esta distinción también conocida como «Premio Nóbel Alternativo» le fue concedida en el Parlamento Sueco al cumplirse 10 años del hallazgo de los «Archivos del Terror».
El reconocimiento fue de crucial importancia para Almada: «En Paraguay mi cabeza costaba 50 o 100 dólares, como máximo. Yo cuesto muy barato. Pero desde el momento en que recibí el Premio Nóbel Alternativo en 2002, las autoridades comenzaron a mirarme de otra manera. El Right Livelihood Award ha sido muy importante en mi vida. Este premio representa un apoyo moral muy fuerte. Por ejemplo, las amenazas de muerte que yo recibía por teléfono, se terminaron desde entonces. Incluso, desde que recibí este galardón, cuento con mucho más apoyo y reconocimiento por parte de los organismos diplomáticos».
Más información:
Video documental en español (6 minutos) disponible también en alta resolución: http://www.youtube.com/watch?