Siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra el activista ambiental mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, fueron condenados este jueves. Tanto la familia como el Copinh aseguran que el fallo no satisface sus exigencias de justicia. Tras una larga exposición de motivos, la Sala Primera […]
Siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra el activista ambiental mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, fueron condenados este jueves. Tanto la familia como el Copinh aseguran que el fallo no satisface sus exigencias de justicia.
Tras una larga exposición de motivos, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa encontró culpables a Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte y Henry Hernández por el asesinato de la dirigente indígena.
Rápalo, Torres, Duarte y Hernández, autores materiales del crimen, también fueron condenados por el intento de asesinato de Gustavo Castro.
Todos permanecerán en prisión preventiva y el tribunal dará a conocer el veredicto de pena el 10 de enero próximo. Emerson Duarte fue absuelto de todos los cargos.
De esta manera cae el telón sobre el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres.
Un proceso judicial plagado de irregularidades e ilegalidades, entre otras, la falta de acceso a la información, la falta de investigación, el secretismo exasperado, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales y la exclusión del juicio de las víctimas y de sus representantes legales.
Además, el tribunal se negó a considerar a los miembros del Copinh [1] como víctimas y se rehusó a citar en calidad de testigos a miembros de la familia Atala Zablah, accionistas mayoritarios de Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Sabor agridulce
La Rel habló en exclusiva con Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh e hija de la luchadora social asesinada la noche del 2 de marzo de 2016.
Con este fallo se condenan a los ejecutores materiales y a la estructura intermedia que tiene un vínculo directo con la empresa DESA. Sin embargo los autores intelectuales siguen libres e impunes.
Es evidente que, con este fallo, el Estado pretende silenciar la voz de las víctimas y de la solidaridad nacional e internacional que exigen justicia verdadera.
Una de las grandes victorias de hoy es justamente que se dejó por sentado que el crimen contra Berta Cáceres está relacionado con la necesidad de acabar con la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico.
Los miembros de la familia Atala Zablah no pueden quedar nuevamente afuera.
Lo que hemos logrado hoy es el resultado de esta solidaridad y de un esfuerzo colectivo en contra de un modelo extractivista, que saquea bienes comunes y empobrece a los pueblos.
De esta misma solidaridad sostenida vamos a necesitar ahora para continuar la lucha, asegurando los autores intelectuales a la justicia y desarticulando a esta estructura criminal que sigue lesionando derechos.
La necesitamos para sentar un precedente de justicia que sirva para este país tan golpeado por la impunidad y la desesperanza.
Unidas las personas que creemos en la ética, la vida y la dignidad, podemos lograrlo.
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Fuente: Rel-UITA
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