Dime de que te jactas y te diré de lo que careces
Si hay algo de lo que el Uruguay se enorgullece es de su civilismo.
En rigor, hay diversos rasgos por los cuales muchos uruguayos nos podemos sentir así; –una sociedad con no tan alta violencia explícita, con no tantos de aquellos escándalos que sacuden sociedades de dimensiones más o menos similares, como la ecuatoriana o la hondureña.
Con una de las más bajas tasas de golpes de estado dentro de las sociedades americanas y tercermundistas en general, algo que los uruguayos invocan con cierto orgullo civil.
Pero no nos vamos a dedicar ahora a hacer un inventario de las virtudes y defectos de la sociedad uruguaya, que se trata de una cuestión más que compleja.
Solo quiero apuntar a la cuestión del civilismo. Civilismo, civilidad, pertenecen a la batería de recursos político-culturales que invocamos para analizar nuestras sociedades, ya sea las indoafrolatinoamericanas o las tercermundianas en general, e incluso para compararnos con los estados del centro planetario.
La cuestión es si recurrimos a algo viviente, actuante o a un rasgo ritualizado, es decir más bien deológico.
El grado de civilidad de una sociedad dada se puede medir por el peso de las decisiones que su población desarmada, la población civil, toma. Cuestión escabrosa, sin duda, puesto que toda sociedad civil cuenta en su seno gente con mucho más poder que otra. Pero al respecto, nuestro país ha hecho esfuerzos por procesar democráticamente decisiones y cambios.
Esfuerzos no del todo baldíos. En este momento, por ejemplo, luego de años de ostracismo o autismo psicológico, está empezando a socializarse el terrible impacto que el contrato secreto realizado entre el gobierno y la empresa de origen finlandés pero transnacionalizada UPM firmaran, a la chita callando, como dicen los gallegos, en 2017.
Esa incipiente socialización de tamaña cuestión expresa algo de nuestra civilidad.
Hemos transitado hasta ahora un concepto de civilidad política. Pero la civilidad tiene otra medida, mucho más material, que es la económica.
Veamos un ejemplo.
El trato que el régimen jubilatorio da a su población es un índice apreciable de nuestra civilidad. Al respeto que nos debemos como habitantes de esta república y particularmente por el trato brindado a sus generaciones mayores.
Basta ver cómo se distribuyen las pensiones y jubilaciones en la población mayor del país para observar una diferencia enorme, radical, entre el jubileo brindado a civiles y el respectivo brindado a policías y militares.
Grosso modo, los mayores, los veteranos desarmados, reciben mucho menos por el trabajo realizado que los mayores, los veteranos armados. Y esto sí es peculiar, no sabemos si exclusivo de nuestro país o propio de diversos sistemas de injusticia social.
Pero choca con toda idea de protagonismo civil, que tan rápidamente invocamos cuando hablamos de política o sociedad.
Algo previo a los datos que hemos podido consultar sobre jubilados, armados y desarmados. Se suele invocar la sobrecarga que el BPS constituye para “el erario uruguayo”.
El BPS recibe más de la mitad de la asistencia financiera que el estado uruguayo, a través de su presupuesto otorga para el pago de las jubilaciones, reforzando los aportes obreros y patronales.
Los servicios jubilatorios militares reciben desde “afuera” de sus aportes gremiales, el 34% de su presupuesto y la caja policial, respectivamente, “apenas” el 15%. [1]
Una lectura superficial nos puede hacer creer que los jubilados civiles del BPS reciben más que militares y policías retirados. O, si se quiere tanto como éstos agrupados (34 + 15 = 49). Pero nada más errado.
Para dimensionar verdaderamente el significado de estas “ayudas” hay que ver quiénes y cuántos son los destinatarios. Y combinando ambos datos, obtendremos un acercamiento a los ingresos materiales de los respectivos ingresos jubilatorios. El BPS atiende unos 700 000 jubilados, la Caja Militar y la Policial, a unos 90 000 retirados.[2]
Surge así que los militares y los policías reciben per capita mucha más “ayuda” que los civiles, los desarmados (los militares a su vez reciben per cápita notoriamente más que los policiales).
Si esto fuera para borrar distancia en los ingresos, no habría nada qué decir. Pero es exactamente al revés. Es para asegurarle a los jubilados y pensionados armados un ingreso mucho mayor que al de los desarmados.[3]
Lógicamente, esta presentación sumaria sobre las generaciones mayores puede tener más relevancia, si cabe, con los salarios y sueldos de la población activa. Pero se trataría de un cuadro de situación mucho más complejo.
Es en este delicado punto, que hemos presentado, sobre los ingresos de los jubilados, pensionados y retirados del Uruguay, que se puede valorar la civilidad en nuestra sociedad.
Porque dado el cuadro de situación, entendemos que nuestro panorama se acerca a aquella proclama que Orwell lanzara en su inolvidable Rebelión en la granja: ‘Todos los animales nacen y son iguales’. Pero, claro, algunos son más iguales que otros.
Notas:
[1] ONAJPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionados del Uruguay, 25 nov. 2020.
[2] Ibídem. La Caja Militar atiende a unos 55 000 retirados y la correspondiente Policial, a unos 34 000.
[3] Estamos haciendo un deslinde primario, que no incluye a todos los jubilados del país. No abordamos aquí esta cuestión para la Caja Civil, la Caja Notarial, la Caja Rural, la Caja Bancaria, para nombrar apenas algunos otros regímenes jubilatorios, que caracterizan, y caotizan, a nuestro país.
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