La impunidad es el instrumento de poder que ha permitido mantener blindado, el capital financiero especulador de la pudiente clase económica de Honduras, esto a través de sus marionetas que están diseminadas, en el poder legislativo y judicial.
“A partir del 12 de febrero de 2023, los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023), ya no son autoridad del Estado. Y de acuerdo con la constitución y las leyes de Honduras todo acto que ejecuten es nulo e implica responsabilidad civil, penal y administrativa”. Esto según lo descrito en un comunicado del Congreso Nacional, firmado por su presidente Luis Redondo.
Los que históricamente han gobernado a Honduras como un negocio de “Call Center”, son los que se oponen en el presente a la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La oligarquía clásica de este país centroamericano, de origen árabe y criollo, son los mismos que hoy no desean perder su principal fuente de riqueza, a través de sus siniestras manipulaciones en la administración de este Estado centroamericano.
Ya, el Centro de Estudios Económicos y Políticos de Washington ha reportado que en Honduras: «Los pobres pagan el 41% de impuestos y los ricos apenas el 18.9%”.
Este dato perturbador comprueba las maravillosas prebendas con las que han vivido los grupos de poder económico, a costa de empobrecer al mayúsculo sector de la ciudadanía. Población que vive haciendo malabares en su raquítica economía que es derivada por el modelo neoliberal, que tanto ha promovido y defendido la clase pudiente “hondureña”.
Por tal motivo, la clase acaudalada que ayer financió un golpe de Estado en 2009 y que fortaleció la narco-dictadura, son los mimos que no desean un cambio en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia para seguir blindando su fortuna y su impunidad.
En países respetuosos de la democracia y las leyes, las cortes de justicia son para hacer valer la garantía de derechos que poseen sus ciudadanos sin distinción de clase, sin embargo, en Honduras, la Corte Suprema de Justicia a existido exclusivamente para los detractores del poder.
Ejemplo de este poder, es la libertad que gozan los autores intelectuales del latrocinio de 104 millones de dólares (2,500 millones de lempiras), del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la venta del Estado de Honduras, mediante las “ciudades modelo”, el asesinato de la líder ambientalista internacional, Berta Cáceres, las violaciones de derechos humanos y asesinatos, asestados, como consecuencia de la persecución política contra el pueblo en el periodo de 2009-2021, entre otras injusticias que diseñan el Estado de impunidad en Honduras.
Estas anomalías son solo algunas razones del porque los actuales magistrados se niegan a dejar el poder de sus magistraturas, puesto que realmente su función se ha limitado a obedecer al poder factico, como sus fieles esbirros. Esto con el único objetivo de que la clase pudiente, mantenga así, su estatus quo.
Otros empleados de este poder factico, son algunos diputados de afiliación política nacionalista, liberal y del recién creado Partido Salvador de Honduras (PSH), cuyo líder es un reconocido farandulero de la televisión de ese país centroamericano.
Estos diputados se limitan a obedecer las órdenes de la oligarquía clásica, acérrima enemiga del pueblo de Honduras, y cuyos pensamientos los imprimen en sus corporaciones mediáticas de comunicación, a través de una estrategia agresiva de desinformación.
Históricamente, en Latinoamérica, los gobiernos que se han acercado a observar el abismo que lacera a los pueblos, mediante la injusticia y las grandes desigualdades sociales económicas, son odiados por esta clase económica pudiente.
Honduras no es la excepción, puesto que las acciones del gobierno actual de “cancelar la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la derogación de la ley del empleo por hora, la supresión de los fideicomisos, la reducción de las exoneraciones fiscales y la abolición de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES)”, tal y como lo describe el político y abogado Rodil Rivera, a desencadenado la furia de la burguesía en Honduras.
Por tal motivo, el arsenal de soldados mediáticos de la corporación televisiva, radial y escrita, perteneciente al poder fáctico, han liberado una indetenible campaña contra el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
La intención de estos terroristas mediáticos, es difundir la confusión en la población receptiva de noticias desinformativas, creadas por los grupos de poder, quienes aún mantienen vigente su intención fascista, de orquestar otro golpe de Estado, mediante la táctica institucional del conflicto de la Corte Suprema de Justicia.
Washington a través de su brazo imperial en Honduras, ya ha girado ordenes para que sus empleados, defiendan la actual Corte Suprema de justicia que ya ha sido catalogada como de ilegal, por el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Estos empleados de Washington que trabajan en puestos claves, en organizaciones no gubernamentales y que dicen luchar contra la corrupción, entre otras demagogias, se niegan a defender la soberanía y la constitución de Honduras, al contrario, siguen acorazando el poder imperial estadounidense sobre Honduras, como colonia no declarada.
Ante estos hechos que nuevamente ponen en peligro la democracia en Honduras, es imperativo que los movimientos campesinos, indígenas, obreros, afro-hondureños, garífunas y toda la estructura que aglutina el movimiento popular, defienda este poder del Estado, en pro del servicio de la población pluricultural hondureña y no de la minúscula clase burguesa, que históricamente ha dañado a las grandes mayorías.
Ha llegado el fin de la “corte de las marionetas” del poder fáctico, puesto que después de vivir 12 años en una narco-dictadura, el pueblo mantiene el poder de conciencia y de lucha de clases consolidado.
Honduras se convirtió hace 13 años en un pueblo fuerte que resiste y vence los ataques de su eterno enemigo de clase pudiente, esto a tal punto, que el eco del corazón de América, sigue retumbando e inspirando a otros procesos de lucha social en el resto de Latinoamérica.
La nueva Corte Suprema de Justicia, debe ser magistrada por hondureños que sean garantes de la justicia y la igualdad de derechos para todos los pueblos culturales, que habitan en el territorio, del Estado centroamericano de Honduras.
Ronnie Ezequiel Huete-Salgado es licenciado en periodismo con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos y posee estudios de sociología. Estuvo exiliado durante cinco años en los Estados Unidos de América y ha vivido en Europa y Sudamérica.
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