El fracaso registrado ayer por la OEA en su intento de lograr un acuerdo para el retorno del presidente hondureño Manuel Zelaya, marca el comienzo de una nueva etapa, según el corresponsal de Radio Progreso, Félix Molina. Cuando la misión diplomática abandonó Tegucigalpa este martes, sin haber conseguido la aprobación del Acuerdo de San José […]
El fracaso registrado ayer por la OEA en su intento de lograr un acuerdo para el retorno del presidente hondureño Manuel Zelaya, marca el comienzo de una nueva etapa, según el corresponsal de Radio Progreso, Félix Molina. Cuando la misión diplomática abandonó Tegucigalpa este martes, sin haber conseguido la aprobación del Acuerdo de San José por parte del líder de facto Roberto Micheletti Bain, el periodista hondureño comentó que nuevas sanciones son necesarias, que tienen que ver con «aspectos de comercio, aspectos de economía y finanzas, y aspectos políticos y migratorios inclusive».
La misión de siete miembros, acompañados por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó una declaración a la prensa al término de su visita de dos días a la capital hondureña, donde señala que el líder de facto y sus partidarios son los únicos que niegan su apoyo. Micheletti expresó su desacuerdo con la restitución del presidente Manuel Zelaya y con el requerimiento de una amnistía política, dos aspectos clave de la propuesta formulada por el presidente costarricense Oscar Arias. Al hablar en tono desafiante a la delegación extranjera, Micheletti dijo a los representantes de la OEA que su régimen no teme las sanciones.
Por su parte, el Presidente Zelaya reiteró -en particular a través de declaraciones de la Primera Dama Xiomara Castro de Zelaya- su decisión de aceptar cada uno de los doce puntos del acuerdo, a pesar de que se trunque el proceso que había iniciado para consultar a los hondureños sobre si querían o no llevar a cabo reformas constitucionales.
Una señal de que la presión interna podría estar creciendo a favor de la propuesta de Arias fueron las declaraciones del Presidente de la Asociación de Maquiladoras de Honduras, Jesús Canahuati, quien dijo a Radio Globo, ayer por la mañana, que su gremio apoya el acuerdo. Se reportó que las fuerzas armadas también estarían debatiendo el tema, pero aún no han realizado ninguna declaración.
Si no se logra ninguna resolución, el periodista Félix Molina opina que la situación se volverá más complicada y más preocupante. Él anticipa que «va a significar mayor reacción social y por lo tanto mayor represión policial y militar».
La semana pasada, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató miles de detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza pública contra los opositores al golpe de Estado y serios límites a la libertad de prensa durante los últimos dos meses. Resolvió que «únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras».
La Federación Internacional de Derechos Humanos también pide sanciones
«No hay garantías democráticas, no hay garantías para la libertad de expresión, no hay garantías para las libertades personales en Honduras», declaró el Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez, en la tarde del martes.
Él relató una reunión que tuvo esta semana, con el candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes y el diputado Marvin Ponce, donde advirtió la mano fracturada de Reyes y las fracturas de Ponce en el brazo y las costillas, lesiones infligidas por la policía nacional. En este contexto, Pérez reconoció la falta de garantías democráticas para las próximas elecciones generales: «Seguiremos insistiendo que el resultado electoral no puede ser reconocido por la comunidad internacional…, y también que [ésta] suspenda toda forma de cooperación con las autoridades golpistas, y que se adopten sanciones económicas contra todos aquellos que han patrocinado o que sostienen el golpe de Estado en Honduras».
«Esa es la posición de la Federación Internacional de Derechos Humanos -añadió-, esa es la posición de CEJIL (Centro para la Justicia y el Derecho Internacional) y de las demás organizaciones [que] hemos decidido construir un observatorio internacional sobre la situación de derechos humanos en Honduras. Estaremos enviando informes mensuales sobre la situación a los distintos organismos de la OEA, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea».
Pérez opina que este golpe de Estado no se dirigió contra Manuel Zelaya, a quien sólo le quedaban algunos meses de su periodo presidencial; sino que fue más bien un golpe de Estado contra la mayoría de los hondureños. Dijo que la posibilidad de reelección presidencial nunca fue mencionada durante el periodo previo a la encuesta nacional del 28 de junio, donde se iba a preguntar a los hondureños/as si estaban o no a favor de la inclusión de una cuarta urna durante las próximas elecciones, para llevar a cabo un referéndum nacional sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución política del país. Afirma que han podido averiguar que un 60% de la población hondureña hubiese votado a favor.
Pérez concluyó citando el artículo 45 de la Constitución de Honduras: «Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del País.» Intimó que este es el verdadero crimen, que necesita mayor atención.
Medidas concretas
EE.UU. dio un nuevo paso ayer para presionar al régimen de facto a aceptar el Acuerdo de San José: a los anteriores recortes de ayuda, se suma ahora la suspensión de las visas para hondureños, que no sean de emergencia o de inmigrantes. Sin embargo, el canadiense Peter Kent, integrante de la misión de la OEA, reiteró la renuencia de ese país de América del Norte de unirse a EE.UU. y a la UE en el retiro de la ayuda.
Cuando se le preguntó qué sanciones aplicará Canadá, el Ministro de Estado canadiense de las Relaciones Exteriores para las Américas obvió mencionar medida concreta alguna, diciendo: «En este momento estamos todavía tras lograr acuerdos y concretar el Acuerdo de San José.» El domingo, en entrevista con Embassy Magazine, expresó que: «cualquier imposición de sanciones o recorte de la ayuda va a impactar en primer lugar a los más inocentes en esta crisis, eso es la población civil».
Sin embargo, sin tales presiones no queda claro cómo un acuerdo oportuno pueda alcanzarse. En última instancia, la posición de Canadá aleja gravemente a este país de aquellos que piden medidas más enérgicas para lograr una resolución que garantice una mayor protección para los hondureños, que ya están gravemente afectados por la crisis.
(Traducción ALAI).
– Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.