El 31 de agosto de 2025, organizaciones independentistas puertorriqueñas suscribieron una declaración en San Juan dirigida al Pueblo de Puerto Rico, definido como un colectivo que incluye a quienes nacieron en la isla, a quienes migraron contribuyendo a su desarrollo, a quienes se vieron forzados a partir por “la falta de oportunidades y la persecución política”, y a sus descendientes que, «sin haber pisado nuestra tierra, se consideran boricuas”. La Marcha por la Independencia, fruto de la coordinación de más de una docena de grupos, busca articular una lucha unificada contra el colonialismo estadounidense, rechazando las tácticas divisionistas de los imperios y promoviendo la unidad para construir un Puerto Rico “plural y verdaderamente democrático”.
La declaración subraya que, tras 127 años de “coloniaje yanqui”, el modelo colonial capitalista ha colapsado, evidenciando una crisis económica y política agravada por la imposición de leyes como la PROMESA, que obliga al pago de deudas a “consorcios buitres”. Se critica una economía dependiente de incentivos para inversionistas extranjeros —como la “nefasta Ley 60”—, que beneficia a corporaciones explotadoras mientras empobrece a la clase trabajadora. Esta situación ha impulsado una migración masiva, desde los años 30 hasta el éxodo “post María”, dispersando a la diáspora boricua.
Además, se denuncia un sistema de gobierno antidemocrático, donde “SIEMPRE han gobernado los yanquis”, y se enfatiza la urgencia de romper con estructuras como la Junta de Control Fiscal. La crisis ambiental global, agravada por el capitalismo, exige políticas que protejan recursos naturales y prioricen la “soberanía alimentaria”, orientada a la producción para el pueblo y no para el capital.
La independencia, según el texto, no garantiza automáticamente el bienestar, por lo que debe construirse “desde abajo”, con un proyecto que incluya:
1. Soberanía plena sin subordinación a EE.UU. u otros imperios.
2. Servicios públicos esenciales (salud, educación, agua) como derechos, no mercancías.
3. Una economía planificada basada en cooperativas y empresas estatales, con justa distribución de riquezas.
4. Derechos laborales amplios, incluyendo reconocimiento del trabajo doméstico.
5. Educación pública accesible y libre de corrupción colonial.
6. Equidad de género y derechos LGBTQ+, combatiendo el patriarcado.
7. Vivienda como derecho, no sometida al mercado.
8. Soberanía alimentaria mediante agricultura científica y solidaria.
9. Democracia participativa en todas las esferas.
10. Solidaridad internacional antimperialista, incluyendo la “Confederación Antillana de Betances”.
11. Reparaciones históricas para la población negra, afectada por el legado esclavista.
12. Colaboración social frente al individualismo y las jerarquías opresivas.
La declaración concluye rechazando cualquier forma de colonialismo o neocolonialismo, afirmando que la libertad se alcanzará mediante la lucha organizada. Las organizaciones firmantes —como el Frente Independentista Boricua, la Colectiva Feminista en Construcción y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores— claman: “¡VIVA PUERTO RICO LIBRE!” y expresan solidaridad con otros pueblos oprimidos.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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