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El caso de Nicaragua

La hipocresía de los derechos humanos en la era del «poder inteligente»

Fuentes: Tortilla con Sal

Todavía falta mucha tinta que verter sobre el manejo hipócrita del tema de los derechos humanos a la hora de desestabilizar países incómodos a los intereses de las potencias atlánticas. Esto cobró especial relevancia a partir del último año, sobre todo a fines de 2009 cuando el presidente Barak Obama en su discurso de aceptación […]

Todavía falta mucha tinta que verter sobre el manejo hipócrita del tema de los derechos humanos a la hora de desestabilizar países incómodos a los intereses de las potencias atlánticas. Esto cobró especial relevancia a partir del último año, sobre todo a fines de 2009 cuando el presidente Barak Obama en su discurso de aceptación del premio nobel de la Paz en Oslo reeditaba la cruzada de «Occidente contra el resto» levantando el fardo del hombre blanco como pretexto para aprobar presupuestos de guerra que baten todos los récords históricos y aumentar el número de sus tropas en Afganistán.

En Oslo, el presidente Obama dijo, entre otras cosas, las siguientes:

«Que no quede la menor duda: la maldad sí existe en el mundo. Un movimiento no violento no podría haber detenido los ejércitos de Hitler. La negociación no puede convencer a los líderes de Al Qaida a deponer las armas. Decir que la fuerza es a veces necesaria no es un llamado al cinismo; es reconocer la historia, las imperfecciones del hombre y los límites de la razón

(…)

Creo que se puede justificar la fuerza por motivos humanitarios, como fue el caso en los países balcánicos o en otros lugares afectados por la guerra. La inacción carcome nuestra conciencia y puede resultar en una intervención posterior más costosa. Es por eso que todos los países responsables deben aceptar la noción de que las fuerzas armadas con un mandato claro pueden ejercer una función en el mantenimiento de la paz.

(…)

En algunos países, la excusa para no defender los derechos humanos es la falsa sugerencia de que éstos son principios occidentales, extraños a culturas locales o etapas de desarrollo de una nación. Y dentro de Estados Unidos, desde hace tiempo existe tensión entre quienes se describen como realistas o idealistas (…) Rechazo estas opciones. Creo que la paz es inestable cuando se les niega a los ciudadanos el derecho a hablar libremente o practicar su religión como deseen; escoger a sus propios líderes o congregarse sin temor…»

Como dijo el presidente, «que no quede la menor duda»: Estamos ante una nueva era de intervenciones humanitarias a todo lo ancho y largo del globo. Al aumento de tropas en Afganistán le siguieron la desestabilización de Yemen y la invasión de Haiti utilizando como pretexto el terremoto que asoló al país caribeño para inundar con 15 000 soldados y armas a una nación desesperada por alimentos, salud y viviendas.

El imperio está ávido y dispuesto a financiar a miles de almas nobles que le provean de nuevos pretextos para futuras invasiones. Una buena parte de la izquierda mundial fue aprendiendo esta verdad amarga durante los últimos 20 años de sucesivas intervenciones militares y hasta se llegó a acuñar conceptos como el de «imperialismo humanitario» de Jean Brickmont.

Sin embargo, el viejo espantapájaros del humanitarismo imperialista aún sigue haciendo estragos en amplios sectores de la izquierda. Esto es especialmente claro en el caso de la Nicaragua sandinista cuyo ejemplo estudiaremos con detenimiento en este texto. Amplios sectores de activistas fuera de América Latina, muchos de ellos solidarios con el proyecto del ALBA, aún no se percatan de que el país centroamericano esta siendo objeto de una operación de cambio de régimen planificada en Washington con los mismos objetivos de la que resultó en el golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras.

En vez de actuar contra esta peligrosa amenaza, a menudo repiten la caricatura dibujada por la Casa Blanca de un «Ortega» que casi con una sola mano (naturalmente «de hierro») oprime a todos los inocentes que se le oponen, desde intelectuales hasta indefensas mujeres.

Muchas de las voces cantantes tras esta campaña pertenecen a ex-miembros y participantes de la revolución sandinista durante la década de los 80s. Se trata de individuos con estrechos vínculos personales a intelectuales radicales de renombre mundial.

El uso de figuras de prestigio entre aquellos que podrían llegar a solidarizarse con el blanco de desestabilización no es un elemento nuevo en este tipo de campañas, pero el hecho de que medios tan respetados o difundidos entre las izquierdas norteamericana y europea como Znet, Le Monde Diplomatique o CounterPunch(i) durante mucho tiempo se hayan prestado a hacerle el juego a la propaganda estadounidense contra Nicaragua, muestra que hay más razones que nunca para profundizar sobre el tema.

IMPERIALISMO HUMANITARIO – LO BÁSICO

Repasemos un poco los fundamentos del tema. La operación ideológica de ocultación de los verdaderos intereses imperiales tras motivos de apariencia noble no es difícil de entender:

Primero, en las áreas en las que el propio accionar del imperio y sus fuerzas clientelares produce cantidades masivas de violaciones contra los derechos humanos, se normalizan las prácticas del terrorismo de estado desplazando su responsabilidad a algún actor local supuestamente fuera de la influencia de Washington o la potencia occidental de turno, al mismo tiempo que se construye a un oponente que, por haber sido previamente definido como portador del «virus del mal», está de antemano descalificado para cumplir con el más insignificante rol de interlocutor político.

Esto crea una estructura que permite la resignación total de la opinión pública y una aceptación de hecho, de la intervención en ciernes. Este es el caso, por ejemplo, con los paramilitares colombianos (y hasta con las «locuras de Uribe») y las Farc, o de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, las élites títeres locales y los temibles talibanes.

Segundo, en las áreas en las que la dominación imperial es contestada, o en las que existe un interés de parte de las potencias atlantistas en alcanzar lo que denominan un «cambio de régimen», se procede a construir o apoyar una quinta columna de actores internos que, denunciando violaciones reales o inventadas, den credibilidad a una imagen totalitaria de la sociedad en cuestión al mismo tiempo que se construye una «sociedad civil» víctima de los abusos del estado al que se pretende desestabilizar y conquistar.

La aceptación de esa versión por parte del público, en especial en los propios países de la OTAN, neutraliza toda oposición eficaz a las intervenciones político-militares aún cuando sus objetivos sean aparentes para millones de ciudadanos, ya que «si el río suena piedras trae» y algo de la propaganda sobre los supuestos abusos del enemigo debe al fin y al cabo ser cierto como para que éste merezca cualquier tipo de solidaridad eficaz.

La «teoría de los dos demonios» («Sí, nuestros muchachos o sus aliados cometen atrocidades, pero el enemigo es también sórdido y malo» o «sólo porque detestas al imperialismo no te vas a ir a abrazar al gobierno x o y») ha sido siempre un efectivo método para neutralizar la oposición doméstica a los crímenes cometidos en nombre del colonialismo y el imperialismo. Tiene la ventaja de construir relatos de apariencia realista sobre el mundo y además ofrece fuertes incentivos morales para que la opinión de occidente apoye, tolere o no se oponga con mayor tenacidad a las intervenciones y al mismo tiempo mantenga vivas las ilusiones acerca de la superioridad moral «en ‘ultima instancia» de la propia sociedad («Al menos en Occidente somos libres de protestar», etcétera).

EL CASO DE NICARAGUA – UNA INTRODUCCIÓN

El viajero que haya tenido la oportunidad de visitar el país centroamericano en la época de los gobiernos neoliberales y haya luego regresado en los últimos años no podrá menos que constatar que en el país las cosas están cambiando.

Algunos ejemplos: Se ven muchos menos niños deambulando por los semáforos de la capital pidiendo limosna, prácticamente han desaparecido. Ya no hay cortes de luz o son muy pero muy escasos, al contrario de hace apenas unos tres años. Los viejos buses de transporte colectivo, verdaderos cócteles molotov sobre ruedas, han ido siendo desplazados por nuevas unidades, algunas modernas y otras menos antiguas, y el precio de la tarifa en la capital no ha aumentado desde que el presidente Daniel Ortega tomó el poder.

Es cierto que Nicaragua es un país pobre, que el desempleo es muy alto, que hay criminalidad, etcétera. Pero también es innegable que por fin, luego de casi 20 años de neoliberalismo, muchos nicaragüenses están empezando a tener un respiro en sus vidas.

Todo esto es producto de políticas gubernamentales muy concretas, como una campaña de alfabetización que redujo el analfabetismo a menos del 3 por ciento, un programa social que sacó a 12.000 niños de los semáforos y los puso en la escuela, el programa «Hambre Cero» que, según la FAO, coloca a Nicaragua entre los más probables candidatos a reducir el numero de hambrientos antes de 2015, la construcción de más de cinco veces más sistemas de agua potable al año que durante los gobiernos neoliberales, la construcción de miles de viviendas, y una larga lista de etcéteras.

No hace falta ser admirador de Daniel Ortega para afirmar que el país está experimentando una serie de cambios positivos y que esto marca un importante giro con respecto a sus predecesores.

Este cambio fue reconocido por la gran mayoría de los países miembros que en febrero de este año asistieron en Ginebra al Examen Periódico Universal del estado de los derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, lo que circuló en los medios internacionales fueron las críticas de unos pocos países y ONGs aineados con el reporte presentado por Washington ante el mismo con la broma obscena de criticar a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los países más violadores de los Derechos Humanos en América Latina(ii).

Ya esto debería dar a las personas medianamente informadas una clave de lo que se esconde tras las críticas al gobierno sandinista, más allá de su supuesta credibilidad.

En un contexto precedido por un golpe de estado contra uno de los países miembros del ALBA en la región, de amenazas explícitas de parte de la Secretaria de Estado Hillary Clnton hacia aquellos países que mantengan buenas relaciones con Irán, y de la invasión por marines estadounidenses de la república de Haití, esto debería ser más que obvio, y la excusa de que el gobierno sandinista no goza de suficiente legitimidad «revolucionaria» como para ameritar una solidaridad activa contra los intentos desestabilizadores de los Estados Unidos debería ser arrojada al cesto del oprobio.

¿Acaso hace más fuerte a la izquierda en América Latina el no ayudar a la Nicaragua miembro del ALBA a tener éxito con sus programas y resistir las maniobras de los Estados Unidos?

Esta verdad tan evidente, no ha sido comprendida fuera de América Latina, y más de un intelectual de prestigio a ambos lados del Atlántico se ha enredado en lo que respecta a Nicaragua: ¿Por qué? Para responder a esta pregunta debemos ir por partes.

¿INTELECTUALES COMPROMETIDOS, ENGAÑADOS, CONFUNDIDOS O QUÉ?

En octubre de 2008 circuló una carta abierta, respaldada por decenas de firmas, protestando contra una supuesta campaña de difamación contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, ex-redactor del diario sandinista Barricada en la década de los 80s e hijo del famoso periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el dictador Anastasio Somoza.

La carta denunciaba una serie de arbitrariedades atribuidas al presidente Daniel Ortega, desde la prohibición de partidos políticos hasta la persecución de organizaciones de mujeres y concluía constatando que «estos hechos que sólo demuestran el camino que Nicaragua lleva hacia la dictadura bajo el régimen de Ortega».

Sorprende encontrar un amplísimo abanico de disposiciones entre los firmantes no-nicaragüenses de la carta: desde nombres como los de los uruguayos Eduardo Galeano, Raúl Zibechi y el difunto Mario Benedetti, de consecuentes defensoras de Cuba, Venezuela y Bolivia como Rosa Regás, hasta celebridades como la feminista nica-estadounidensde Bianca Jagger, ex-guerrilleros convertidos en derechistas como el salvadoreño Salvador Samayoa y liberales bienpensantes como Joaquín Estefanía del diario El País de España y ex-director de publicaciones del Grupo Prisa.

El abanico de pluralismo en la lista de firmantes se tensa hasta los límites de lo soportable cuando encontramos nombres como los del profesor venezolano Alexis Márquez, un ex-comunista desencantado del bolivarianismo desde que en 2003 perdió su puesto al frente de Monte Ávila Editores, y que dice celebrar «todo lo malo que le pase a Venezuela» en los canales de derecha, o el de su compatriota Caros Figueredo Planchart, ardiente defensor de la «libre determinación» de las provincias separatistas de la media luna de Bolivia, así como de la inocencia del corrupto y genocida Carlos Andrés Pérez.

Así, la lista va degenerando hacia lo grotesco al llegar al nombre de Danilo Arbilla, ex-presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y ex-secretario de prensa de la dictadura de José María Bordaberry en Uruguay, un individuo que comparte responsabilidades por el cierre de incontables medios de comunicación de izquierdas en los 70s, por el asesinato de periodistas y por el exilio forzado de cientos de intelectuales. No hace falta decir que probablemente, mucho antes de llegar al nombre de Arbilla, una buena parte de los firmantes habría retirado su respaldo al pronunciamiento de haber sabido en qué compañía acabarían.

Aún más sorprendente es el hecho de que los firmantes de izquierda no supiesen lo que media Nicaragua conoce, es decir, que la familia Chamorro, a la que pertenece Carlos Fernando y con la que goza de muy buenas relaciones, posee un poder monopólico sobre los grandes medios de comunicación del país: La Prensa (desde hace 89 años) el Nuevo Diario (desde hace 30 años), el periódico Hoy, la revistas Magazine y Confidencial, y varios programas televisivos – todos ellos de tendencia antisandinista.

Otra cosa que sorprendentemente ignoraban muchos de los signatarios es el hecho de que Carlos F. Chamorro es vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una beneficiaria rutinaria de fondos de la USAID para «promover la transparencia» según los criterios de Washington y que además es presidente de la ONG CINCO, otra importante receptora de fondos del organismo estadounidense(iii) para la desestabilización de los países del ALBA.

En realidad, esa no fue la primera vez que voces de renombre dentro de la izquierda fueron utilizadas en una campaña contra el gobierno sandinista.

El 4 de junio de 2008, la ex-comandante Dora María Téllez, pesidente del partido MRS, inició una huelga de hambre contra lo que su partido consideraba como «la dictadura de Daniel Ortega». Una semana más tarde, 11 intelectuales y activistas firmaron una carta en la que demandaban al gobierno a hacerse eco de la demanda de Téllez cuyo partido, en alianza con otros movimientos, apenas logró un 7 por ciento de los votos en las últimas elecciones, de llevar adelante un diálogo nacional para resolver la situación económica de la población.

Los 11 firmantes de la carta eran Noam Chomsky, Susan Meiselas, Ariel Dorfman, Salman Rushdie, Eduardo Galeano, Hermann Schulz, Juan Gelman, Brian Willson, Tom Hayden, Bianca Jagger y Mario Benedetti. Otra carta en respuesta a la anterior, firmada por 1.400 personas de 53 países, entre ellas la hija de Augusto César Sandino Blaca Segovia, el hijo del fundador del FSLN Carlos Fonseca Terán e intelectuales como Pascual Serrano, Eva Gollinger, Heinz Dieterich, Michel Collon y Theotonio Dos Santos recibió una cobertura mediática incomparablemente menor.

UNA SOCIEDAD CIVIL A LA MEDIDA

Si la lista de firmantes extranjeros del pronunciamiento de defensa de Carlos F. Chamorro resulta sorprendente, la de los firmantes nicaragüenses produce, entre aquellos familiarizados con la política vernácula, menos sorpresas:

Además de los familiares de Carlos Fernando (Violeta, madre y ex-presidenta de la república, su tío Jaime, presidente del diario La Prensa, Francisco, su primo y director de El Nuevo Diario, etcétera) la del político de derecha Eduardo Montealegre, el mismo que defalcó al estado por cientos de millones de dólares durante la quiebra bancaria a inicios de la década y que el año pasado corrió a Tegucigalpa a felicitar a Roberto Micheletti por su golpe de estado contra Manuel Zelaya, encontramos una larga lista de personas con un pasado sandinista en la revolución de los 80s como ministros, embajadores, dirigentes históricos, intelectuales, etcétera.

Nombres como los de Henry Ruiz, Víctor Tirado López, Luis Carrión Cruz, Dora María Téllez, Mónica Baltodano, Hugo Torres, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, Gioconda Belli, Fernando Cardenal Martínez S.J., y muchos otros forman una impresionante galería de celebridades que da legitimidad de izquierdas al discurso sobre el desarrollo de una supuesta dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Usando un discurso de principios éticos y derechos humanos, estos nombres, nucleados en torno al partido opositor MRS han impulsado políticas como las siguientes:

Recibir, a instancias de la ex-secretaria de Estado Jeanne Kirkpatrick, miles de dólares del International Republican Institute para la «capacitación» de sus cuadros electorales.

Votar, junto con los partidos liberales, por una moción de censura contra la no-renovación de la licencia de transmisión de Radio Caracas Televisión en Venezuela en 2007.

Oponerse, junto con la patronal y los partidos liberales, a la introducción de impuestos progresivos por primera vez desde 1990.

Participar, a mediados de 2008, en la Convención del Partido Demócrata y en reuniones internacionales organizadas por el partido de los Clinton y del futuro presidente Obama.

Una especie de «derecha postmoderna»(iv) con una variedad de discursos a la carta, dependiendo de la audiencia, que pueden decantarse básicamente en dos: uno para el consumo interno y otro para el consumo internacional manteniendo una unidad en la acción con los partidos de la ultraderecha opuestos al gobierno. El analista tony solo lo resume de la siguiente manera:

«Adentro de Nicaragua, sus argumentos políticos y económicos promueven las políticas económicas neoliberales conforme con la práctica de sus apoyos tipo Tercera Vía, New Labour, socialdemócrata que además son aceptables a sus patrocinadores en el gobierno estadounidense. Afuera de Nicaragua, tienden a dejar caer esos argumentos y traen al frente supuestas inquietudes sobre la democracia y la libertad de expresión.»(v)

A través de sus contactos con grandes casas editoriales y con el jet-set de la cultura mundial, estas personas contribuyen a fabricar una Nicaragua virtual a la medida de los planes agresivos de Washington. A su vez, a través de sus contactos con la denominada «comunidad donante» de los países afines a la OTAN, reciben abundante ayuda internacional de fondos estadounidenses y europeos para la fabricación de una «sociedad civil» ad-hoc.

Un estudio de la Fundación FRIDE, cercana al socialdemócrata Grupo de Madrid y a fundaciones como el Open Society Institute del magnate George Soros, constataba en enero de 2008(vi) la preocupación de las élites atlantistas ante la itnegración de Nicaragua al ALBA y un rompimiento con la política del gobierno neoliberal de Bolaños durante el cual el país se había sometido a las condiciones del Grupo de París basadas en el establecimiento de una alianza entre donantes, gobierno y ONGs domésticas bajo conceptos tales como los de «armonización, apropiación y alineamiento» a las condicionalidades impuestas al país.

Uno de los principales programas conjuntos del proceso promovido por el Grupo de París en Nicaragua son el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil cuyo objetivo es el de «apoyar a la Sociedad Civil nicaragüense en sus esfuerzos por contribuir a la Gobernabilidad Democrática en el país»(vii) El fondo, con un monto inicial de unos 5.5 millones e dolares, fue creado a iniciativa de las embajadas de Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y Finlandia y además cuenta con el apoyo de ASDI (Suecia) y grandes ONGs como Trocaire (Irlanda), Oxfam (Gran Bretaña), y SNV (Holanda).

Con el financiamiento de estados europeos, se promueve la independencia de la «sociedad civil» nicaragüense con respecto al estado. La inmensa mayoría de las organizaciones que reciben ayuda del Fondo son críticas o abiertamente opositoras al gobierno. Entre ellas no están representadas grandes organizaciones de masas sandinistas como los sindicatos, las organizaciones juveniles, etcétera. Con esos fondos se financian talleres de capacitación, estudios, reuniones, materiales de propaganda, etcétera. ¿Es esta ayuda desinteresada? Evidentemente que no.

El 21 de noviembre de 2009 se enfrentaron en Managua dos sociedades civiles.

Una de ellas movilizó a unos 7.000 simpatizantes, la otra, a 370.000. Una de ellas protestaba contra la «dictadura sandinista», la otra celebraba una victora aplastante en las elecciones municipales del año anterior. En una de ellas, Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, responsables del robo de unos 900 millones de dólares del pueblo nicaragüense a lo largo de los años, marchaban al lado de los Cardenales, de los Chamorros, y de una parafernalia de políticos ex-sandinistas convertidos en neoderechistas.

El baño de sangre que desde hacía semanas pronosticaban los medios de la derecha no se produjo. Tampoco la represión policial que habían buscado. Sin embargo, el día se saldó con un muerto, el mlitante sandinista Rafael Aníbal Luna Ruiz, mecánico y padre de cuatro hijos, asesinado en Ciudad Darío cunado un grupo de liberales atacó a los sandinistas del lugar. Los grandes medios internacionales no se hicieron eco de este hecho. Sin embargo, los cables de la AP, la UPI y la EFE unánimemente alabaron la capacidad de convocatoria de los oligarcas y la «sociedad civil» prefabricada.

UNOS DERECHOS HUMANOS A LA MEDIDA

Si a fines de 2009 se enfrentaron en Managua dos sociedades civiles, a inicios de 2010 en Ginebra se enfrentaron dos concepciones de los derechos humanos. La primera, de raíces populares, trataba acerca de los esfuerzos hechos para restituir derechos negados a los nicaragüenses, sobre todo los más pobres, por casi 20 años de neoliberalismo. La segunda, de raíces imperiales, trataba la cita como una oportunidad privilegiada para denostar al país ante la opinión internacional.

El gobierno de Nicaragua, luego de consultas con varias instancias y con organismos de la sociedad civil, presentó un informe(viii) con las medidas adoptadas en el terreno de los derechos humanos, entre ellas:

  • Aumento en doce nuevas sucursales de la comisaría de la mujer y la niñez para apoyar a las víctimas en casos de violencia de género.

  • Mapeo de las rutas más comunes de tráfico sexual y cuatro campañas para elevar la conciencia sobre la violencia contra las mujeres.

  • Creación de una unidad especial de la fiscalía de la república para iniciar procesos en todos los casos de violencia contra las mujeres, ampliando el número de fiscales para ese fin, manteniendo el principio del derecho a la representación legal gratuita y dándole seguimiento a aquellas víctimas que descontinúen la querella contra el agresor.

  • Creación de una unidad de la fiscalía encargada de llevar adelante casos contra padres que deliberadamente dejan de pagar pensiones de mantenimiento a los hijos.

  • La aplicación «en su totalidad» de la Convención de los Derechos del Niño ha sido inscrita en la Constitución de la República.

  • Entre 2007 y 2008 se diseñó un nuevo sistema de justicia para jóvenes transgresores cambiando el foco del castigo a la integración a la sociedad y a la familia.

  • El plan global de la Corte Suprema de Justicia prioriza la atención de los jóvenes asignando fondos para mejorar las instalaciones de detención de los jóvenes transgresores antes del juicio, formando y ampliando su personal de acuerdo a las nuevas directrices.

  • El instituto de medicina forense retomó las visitas a los centros de detención, así como la realización de cientos de charlas socio-educativas.

  • El ejército de Nicaragua participó activamente en la asistencia a los sectores de la población afectados por catástrofes naturales y otras, en especial el Huracán Félix. El sistema nacional de prevención de desastres naturales fue fortalecido, capacitándose brigadas a nivel local y municipal.

  • El programa de desactivación de minas producto de la guerra de los 80s ha logrado cubrir un 90 por ciento de las áreas contempladas desde el inicio del programa.

  • Nicaragua ratificó el segundo protocolo opcional de la ONU sobre la prohibición de la pena de muerte.

  • Las desapariciones forzosas son declaradas «crimen contra la humanidad» en la ley nicaragüense que contempla penas de entre 6 y 10 años para todo funcionario que no dé cuenta del paradero de un ciudadano detenido «legal o ilegalmente».

  • Prohibición a nivel constitucional de toda tortura o tratamiento vejatorio, en los mismos términos de la convención de las Naciones Unidas contra la tortura.

  • Prácticamente irrestricta libertad de expresión y ausencia de todo tipo de censura, así como una ley de acceso a la información que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información de los entes estatales a todos los niveles.

  • Garantía de la protección de los datos sobre las personas privadas existentes en las instituciones del Estado.

  • Regularización y otorgamiento de 47.106 títulos de propiedad a campesinos y pobladores del campo y la ciudad. Los tres gobiernos anteriores sólo habían otorgado 58.654 títulos en un período de 16 años.

  • Implementación de un modelo de desarrollo más equitativo y una estructura de poder más democrática a través de los concejos del poder ciudadano.

  • Con el fin de garantizar la ingestión de un mínimo de calorías que le permita a los sectores más pobres salir de la pobreza, se lleva adelante el programa Hambre Cero con la meta de cubrir 75.000 familias en los primeros cinco años. Otros programas como Libra por Libra y Usura Cero persiguen el mismo fin. En todos ellos, los fondos son manejados por mujeres.

  • El derecho a la alimentación está consignado en la constitución. Para hacerlo realidad, el gobierno implementa una serie de programas, entre ellos el Hambre Cero, el Bono Productivo-Alimentario, y programas de alimentación infantil y de merienda escolar.

  • Se han logrado grandes avances para garantizar el derecho a la educación, bajándose la tasa de analfabetismo del 22 al 3,8 por ciento a través de la campaña «De Martí a Fidel» así como el establecimiento de cinco nuevos planes que abarcan todo el sistema educativo del país.

  • El Programa Integral de Nutrición Escolar ha sido señalado como programa modelo por la FAO.

  • El Programa Amor, impulsado por el ministerio de la familia junto con otras instituciones del Estado, ha sacado a 12.000 niños de la calle, asegurando atención profesional a sus familias y garantizando su derecho a ir a la escuela, entre otras cosas.

  • En cuanto al derecho a la salud, desde 2007 se ha prohibido cobrar todo tipo de tarifas en los hospitales y centros de salud públicos del país, poniendo un centro de alta tecnología al servicio de la población para la realización de exámenes, y el sistema nacional de salud ha sido cambiado por un modelo basado en la comunidad y la familia, haciendo énfasis en la prevención.

  • Entre 2007 y 2009 se administraron más de 5 millones de vacunas, se han realizado campañas masivas de higiene y limpieza y se ha logrado contener con éxito el virus H1N1.

  • La mortalidad materna se redujo de 98 a 64 por cada 100.000 nacidos entre 2006 y 2008. La mortalidad infantil por diarrea se redujo de 82 a 50 en el mismo período mientras que la debida a infecciones respiratorias bajó de 35 a 23. Nicaragua tiene la mitad de los niveles de tuberculosis que tenía en la década de los 90s excediendo la Meta del Milenio, y en cuanto a la malaria, el país es considerado como de bajo riesgo desde 2007. En 2008 se garantizó tratamiento retroviral a 734 portadores del virus VIH, entre ellos 54 mujeres embarazadas.

  • En cuanto al derecho al trabajo, Nicaragua ha cumplido con sus obligaciones como miembro de la OIT, que entre otras cosas establece el derecho a la organización sindical, la protección de los niños trabajadores, la no-discriminación de la mujer y de las minorías.

  • Se entregaron títulos de propiedad a 121 comunidades de la Costa Atlántica con un total de 53.580 habitantes.

  • El gobierno ha fortalecido los derechos de los trabajadores en la legislación laboral, desde la formación de sindicatos hasta los procedimientos para los convenios colectivos y la lucha contra la discriminación de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo tiene en marcha tres programas para facilitar el acceso al mercado laboral.

  • El derecho a una vivienda digna ha sido una de las prioridades del actual gobierno, ya sea construyendo nuevas viviendas a créditos accesibles o dotando a pobladores de los sectores más pobres de materiales de construcción para mejorar sus casas, capacitando a las comunidades en técnicas de construcción y garantizando títulos de propiedad a los habitantes de los asentamientos.

  • Actualmente se está revisando el sistema de seguridad social de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano, pero el gobierno trabaja en una propuesta que asegure que los pensionistas actuales no tendrán que cargar con el coste de futuras reformas.

  • En cuanto a los derechos de las personas a un medio ambiente saludable, se lleva adelante un plan nacional de reforestación en coordinación con los planes de protección del medio ambiente, seguridad y soberanía alimentaria, y de planificación del uso de la tierra. Además, se impulsa un Programa Sectorial para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales con metas específicas sobre el uso, la preservación y el tratamiento del agua.

  • El actual Código Penal, por primera vez da una definición de discriminación y la trata como un delito penable por ley.

  • Por primera vez Nicaragua tiene una política de género implementada a través del Instituto Nicaragüense de la Mujer.

  • La Autonomía de la Costa Atlántica fue integrada a la constitución reformada de los 90s y ha sido completada con un estatuto que garantiza el derecho de las comunidades a la tierra. El desarrollo de la Costa Atlántica es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Humano del país. El actual gobierno ha instituído una Secretaría para el Desarrollo de la Costa Atlántica con la responsabilidad de funcionar como enlace entre las instituciones del estado y los gobiernos regionales autónomos de la Costa Atlántica.

  • En cuanto a los derechos de los migrantes, recientemente se ha implementado un Estatuto de Protección de los Refugiados que ha sido considerado por ACNUR como el más avanzado de la región y actualmente se discute en la Asamblea Nacional una nueva ley de migración que consolidará todas las leyes particulares en dicho campo.

  • En cuanto a los derechos de las personas con discapacitación, actualmente se discute en la Asamblea Nacional una reforma de ley que ajuste la legislación nacional a los principios a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Nicaragua ha ratificado. Además, en 2008 Nicargua aprobó la ley 650 sobre la protección de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.

  • El nuevo código penal establece la libertad de orientación sexual al descriminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. (Durante la redacción del informe, a fines de 2009, Nicaragua designó a su primera Defensora del Pueblo para los derechos de los homo-, bi- y trans sexuales).

47 estados, 20 de ellos miembros y otros 27 observadores del organismo, participaron en el debate del informe, la mayoría de ellos elogiando los esfuerzos del país centroamericano para restituir los derechos humanos de las grandes mayorías postergadas por casi dos décadas de neoliberalismo. De esas voces, ninguna fue registrada por los grandes medios.

Los grandes medios internacionales callan sobre los evidentes avances del país en términos de derechos humanos políticos, económicos y sociales, en especial de las mujeres, y de manera totalmente hipócrita absolutizan una cara de la crítica: la prohibición del aborto terapéutico (aborto cuando la vida de la madre esta en peligro), el aumento de la violencia contra las mujeres (cuando Nicaragua es uno de los países con menores niveles de violencia de género en la región), así como la supuesta persecución de opositores políticos.

Un ejemplo de esta cobertura sesgada es el cable de la agencia IPS del 12 de febrero con el título «Nicaragua se niega a discutir aborto terapéutico»(ix) que dio la vuelta al mundo: Según la agencia noticiosa, Nicaragua fue criticada por países como Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Suecia, México, Finlandia, Holanda, Francia, España, Chile, Canadá y los Estados Unidos. Mientras que los estados europeos y norteamericanos que critican a Nicaragua son, como hemos visto, los mismos que financian a la oposición política al gobierno. Es interesante notar cómo a la crítica se suman dos estados latinoamericanos que prohíben el aborto y, en el caso de México, que se caracterizan por sus altísimos índices de violencia de género.

En un abierto abuso del concepto de tortura, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, censura a Nicaragua por la prohibición del aborto terapéutico. Además el comité, partiendo de las afirmaciones de las organizaciones y los medios de la sociedad civil ad-hoc financiada por los Estados Unidos y los países europeos, afirma que la ausencia de juicios y condenas por abusos y malos tratos por parte de las autoridades sería, según el comité, una prueba de la «impunidad» de la que goza la tortura en Nicaragua.

Esta toma de posición política abiertamente antinicaragüense de parte del comité a favor de potencias mundiales líderes en la implementación de técnicas de tortura a escala global y líderes internacionales en la exportación de instrumentos para su práctica pone en entredicho su indepedencia para investigar los crímenes cometidos por éstas en Irak, Afganistán, Colombia, Palestina y muchos otros lugares del globo.

En cuanto al aborto terapéutico, la ministra de gobernación Ana Isabel Morales explicó que «las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país, no se trata de un asunto de carácter religioso.»

Una opinión mayoritaria de los nicaragüenses esta en contra del aborto, el actual gobierno sandinista no tiene ni el mandato electoral ni el poder para anularlo. Paradójicamente, los países poderosos exigen al gobierno ejercer presiones sobre la Corte Suprema de Justicia al mismo tiempo que claman en defensa de supuestas violaciones contra la división de poderes cuando el gobierno adopta decisiones de su legítima competencia cuando estas van en contra de los intereses de sus multinacionales o de sus élites clientes locales.

DERECHOS HUMANOS, INC.

¿Cuáles son las fuentes que alimentan estas críticas contra Nicaragua? Una industria mundial para la manipulación de los derechos humanos bajo la hegemonía ideológica de sectores de las capas medias de los países imperiales occidentales, penetrada y dirigida en base a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y Eruopa y a menudo alimentada «desde abajo» por organizaciones ad-hoc financiadas por esos países.

Este complejo «humanitario-propagandístico» critica algunos de los peores excesos del imperio y sus aliados, pero en temas vitales como el Medio Oriente, América Latina, etcétera, a menudo olvida detalles importantes y, sobre todo, concentra todo su fuego sobre los movimientos y gobiernos que ofrecen una resistencia efectiva.

¿Qué decir de Human Rights Watch(x), una organización financiada por las grandes corporaciones y fundaciones privadas de los EE.UU, cuyo actual jefe, James F. Hoge, Jr. pertenece al Council on Foreign Relations, un influyente tanque de ideas para la política exterior estadounidense y entre cuyos directivos existen ardientes derechistas como el mexicano Jorge Castañeda y el chileno Jorge Vivanco?(xi) ¿Qué decir de la obsesión de esta organización contra los gobiernos del ALBA, y de sus relaciones con lo más rancio de la mafia anticubana de Miami?

¿Qué decir de Amnesty International(xii), una organización financiada por las capas medias de los países ricos, que se dice independiente políticamente pero que en la práctica, cuando el imperio realmente lo necesita, está dispuesta a proveerle de los alibis necesarios? ¿Qúe decir, por ejemplo, del eco que esta organización prestó a la gran mentira de los bebés de las incubadoras de Kuwait allá por 1990, que justificó la primera guerra del Golfo? ¿Qué decir de su apoyo al «bombardeo humanitario de Serbia»? ¿Qué decir de la censura en 2003, durante un festival de cine sobre los derechos humanos, del documental «La Revolución no será Televisada» sobre el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002?

El complejo humanitario-propagandístico de los derechos humanos depende de la creación de «sociedades civiles» artificiales hechas a su medida.

Por ejemplo, uno de los reportes presentados a la Comisión de las Naciones Unidas por las ONGs Article 19, CENIDH, CINCO y Violeta Barrios de Chamorro.xiii Como lo vimos anteriormente, tanto CINCO como Violeta Barrios de Chamorro están controladas por Carlos F. Chamorro y reciben dinero de la USAID. El CENIDH es otra organización financiada desde Europa bajo la dirección de la ex-sandinista (ahora «renovadora» «sandinista») Vilma Núñez de Escorcia, mientras que Article 19(xiv) es una organización especializada en convencer a los grandes capitales latinoamericanos de lo rentable que es el apostar por los discursos sobre los derechos humanos.

La directora del CENIDH es a su vez vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos(xv), órgano consultor de las Naciones Unidas y cuyo capítulo latinoamericano sigue la línea oficial imperial de ataques contra Cuba, Venezuela y Nicaragua como grandes violadores de los derechos humanos.

Núñez, que en la década de los 70s fue electa por unanimidad (según sus proprias palabras) como miembro del tribunal de apelaciones de la cuidad de León, lo hizo gracias al sistema de cuotas dentro del esquema de modus vivendi pactado entre los conservadores y el Partido Liberal del dictador Anastasio Somoza que consistía en elegir a un conservador por cada tres liberales. Más tarde la doctora pasaría a convertirse en valiosa y valiente abogada defensora de los guerrilleros sandinistas, compromiso que llevó al sistema judicial somocista a mandarla a la cárcel. La Revolución la libera y luego la nombra magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Citada por el diario La Prensa el 7 de febrero de 2010(xvi) Núñez se queja de entonces haber sido objeto de presiones políticas a causa de su independencia y rectitud. Para Núñez, en el somocismo prevalecía el profesionalismo de los jueces, mientras que durante la Revolución Popular Sandinista, a los jueces que eran independientes se les llamaba «legalistas, reaccionarios y conservadores».

Con esto le limpia la cara a una de las dictaduras más oprobiosas de América Latina y ensucia a la revolución a la que en el pasado dijo servir, una revolución que destruyó el estado somocista y sentó, por primera vez en la historia, las bases para un desarrollo democrático en el país. Es difícil encontrar un caso más patente de fanatismo antisandinista que el de la doctora.(xvii)

¿Son creíbles las afirmaciones de «renovadores» «sandinistas» como Núñez, Mónica Baltodano, Carlos F. Chamorro y muchos otros de que el gobierno actural del FSLN estaría camino de instaurar una dictadura como la de Somoza?

Tal vez para aquellos que no conozcan la historia del país, pero la dictadura somocista se instauró para constituir un protectorado de los EE.UU al precio de la vida de decenas de miles de nicaragüenses, robando al pueblo cientos de millones de dólares, produciendo cientos de miles de refugiados y endeudando al propio pueblo en unos 1.600 millones de dólares invertidos solamente en el uso de armas de destrucción masiva contra la propia población y el mantenimiento de un ejército de 14.000 soldados que se describían a sí mismos como tigres sedientos de sangre.

La revolución sandinista del 19 de julio de 1979 trinfó para que ese pasado oprobioso no regresase, y a pesar de la derrota electoral de 1990, los Estados Unidos jamás volvieron a tener el protectorado que tanto anhelaban. De hecho, los que reciben dinero de los Estados Unidos hoy en día son los viejos «revolucionarios» que se dicen «traicionados» como la propia doctora Vilma Núñez, miembro del partido MRS, una secta que, con mínimo respaldo popular, insiste en que se le trate como si fuese un partido mayoritario y califica de dictadura todo aquello que no le gusta.

EL IMPERIALISMO HUMANITARIO Y LA NICARAGUA REAL

Caminando por las calles de la Nicaragua real, volvemos a respirar. A pesar del calor tremendo del trópico, ya no sentimos esa sensación de opresión en el pecho que nos dejan esos relatos de tanta sociedad civil prefabricada por dueños de periódicos y agencias occidentales para la penetración política.

En una esquina, una policía habla con unos jóvenes. Va desarmada, como por lo general se ve a los policías en Nicaragua. No lleva encima la parafernalia de reglamento habitual en la mayoría de las democracias occidentales que tanto dicen preocuparse por promover los derechos humanos fuera de sus fronteras: la lata de spray de pimienta, la pistola, el walkie-talkie, el bastón telescópico de titanio…

Por la acera de enfrente va una jóven de unos 16 años. Está embarazada y contenta de que va a tener a su bebé. De haber querido podría haber encontrado un doctor que le practicase un aborto a escondidas y sin cobrarle un peso en un centro de salud público. Pero Dios dice que eso es pecado. En todo caso, está segura de que va a poder parir a su hijo sin que le cueste un centavo y en condiciones seguras e higiénicas. Esto no era así hace apenas tres años.

Hace poco aprendió a leer y escribir, y ha conseguido un crédito rotativo con otras compañeras para montar una venta de comida. Antes de recibir el dinero, estuvo en un seminario donde hablaron acerca de los derechos de la mujer. Jamás en su vida había oído hablar de eso.

Uno de los hermanos de la joven era pandillero, ahora está dejando esa vida. Participa en un proyecto cultural en su comunidad y por primera vez siente que alguien lo toma en cuenta. El otro hermano está desempleado, buscando hacer lo que sea para ganar un peso. Va a la letrina. Como no hay plata para el papel higiénico, en la casa usan trozos de La Prensa o El Nuevo Diario.

La Nicaragua real está compuesta por millones de historias, y nadie dice que es el paraíso terrenal. Pero la construcción propagandístico-humanitaria de las élites no tiene contacto alguno con la vida de los sectores populares. En todo caso, para aquellos que desprecian a esos sectores, el Frente Sandinista siempre ha sido sinónimo de dictadura.

Porque el «problema democrático» de Nicaragua es que existe un partido como el FSLN que refleja los intereses de los más pobres. Si esa fuerza no existiese, o si fuese marginal, entonces Nicaragua no tendría problemas, ni de «derechos humanos», ni de «democracia». Sería un país del tercer mundo como la mayoría de los otros.

La ofensiva propagandístico-humanitaria de los países de la OTAN contra Nicaragua no va a tener el menor efecto a lo interno del país. De no ocurrir hechos catastróficos extraordinarios, o errores garrafales de parte de los revolucionarios, Nicaragua se encamina hacia una cómoda victoria electoral del Frente Sandinista en las próximas elecciones y a una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que le dará espacio para realizar las reformas profundas que el país necesita.

Pero los efectos de esta campaña a nivel internacional, sobre todo en los países de la órbita de la OTAN, son devastadores. Anulan y neutralizan todo intento de construir un movimiento efectivo de solidaridad, que no sólo tiene que ver con Nicaragua, sino con el proyecto del ALBA en su conjunto.

El ALBA, un proyecto de unidad continental anticapitalista, no tiene nada que ganar de una solidaridad que distinga entre países «buenos» y países «malos».

Depender de una solidaridad así significaría aceptar un status quo colonial según el cual, con las palabras de la socióloga Diana Mulinari,(xviii) la «mirada etnocéntrica» de la «solidaridad gringa» tiende a «dejar solas a las gentes y los lugares permaneciendo intacta, entera, impasible ante las derrotas y los sueños rotos. Esta brújula política enferma reparte estrellitas europeas a los movimientos de resistencia que en un momento dado están en onda, toma distancia civilizatoria de aquellos que pasaron de moda, tiene el poder de definir si la lucha es llevada adelante de una manera ‘digna’ y suspira ante el primitivismo emocional que se apodera de hasta el más posmoderno de los cabezas negras latinoamericanos cada vez que Fidel o Chávez [o Daniel Ortega] aparecen en la televisión sueca [o europea, estadounidense, etcétera]»

Es esta «mirada etnocéntrica» la que se aprecia cuando amplios sectores del feminismo norteamericano y europeo participan en la cruzada propagandístico-humanitaria contra Nicaragua. No es la primera vez, ni será la última, que el tema de «salvar a las mujeres» se convierte en el leitmotiv de las campañas imperialistas y racistas:

Todas las variantes del velo musulman, desde el burkha hasta el hijab, han sido utilizadas en un momento u otro para justificar invasiones imperiales desde Argelia hasta Afganistán, así como la islamofobia que agresiva y cotidianamente se practica en nuestros días en Europa y Norteamérica. Las violaciones masivas (siemre las de «ellos», nunca la de «nuestros muchachos») fueron uno de los temas centrales de la campaña de odio antiserbio que se apoderó de Occidente cuando había que destruir Yugoslavia, así como las campañas sobre los supuestos «valores patriarcales» de los inmigrantes del tercer mundo en los países de la OTAN que justifican el racismo cada vez más generalizado, etcétera.

Se trata de un feminismo sectario y dogmático, incapaz de comprender que las grandes mayorías de las y los oprimidos del planeta pueden tener prioridades que no coinciden exactamente con las de sus movimientos. A menudo, pregonan un ateísmo militante que los aliena de un proletariado mundial en su enorme mayoría creyente. Hijos de las postmodernas «políticas de identidad», sus movimientos a menudo tienen un profundo miedo al poder político que las masas oprimidas del planeta puedan conquistar. Por eso necesitan a cada instante dispensar «estrellitas europeas» de legitimidad y certificados de autenticidad a los movimientos con los que se dicen solidarizar.

IMPERIALISMO HUMANITARIO EN LA ERA DEL «PODER INTELIGENTE»

¿Qué podemos aprender de este largo recorrido por la campaña difamante de la que es objeto la Nicaragua sandinista de hoy? En primer lugar, que el mundo no ha cambiado tanto como parece a lo largo de las décadas. La solidaridad entre los pueblos oprimidos del planeta y las clases trabajadoras de los países opresores sigue siendo difícil, esporádica y falta de consecuencia, es decir, ineficiente.

El llamamiento del presidente venezolano Hugo Chávez a la formación de una nueva internacional, que el presidente Daniel Ortega ha dado en llamar «internacional de los pueblos» es más pertinente que nunca. Sólo un instrumento político global salido de los pueblos que luchan por su liberación podrá romper con la hegemonía ideológica del imperialismo y sus aparatos mediático-militares.

El fortalecimiento y desarrollo del ALBA y su(s) socialismo(s) del siglo XXI son la lucha real de nuestros pueblos por la realización de sus derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales. Por eso, toda discusión de los derechos humanos no puede ir desligada de un conocimiento de las alternativas políticas, de sus contextos concretos y de los sujetos sociales históricos que las impulsan.

Tan fundamental como la crítica de la concepción liberal de los derechos humanos lo es el conocimiento de las economías que la sostienen y de las estrategias político-militares que esconde. Es fundamental que todos aquellos compañeros activos en la solidaridad antiimperialista conozcan y denuncien el uso que se hace de los derechos humanos y de las «sociedades civiles» hechas a la medida de los estados de la OTAN.

Las élites intelectuales profesionales, no importa cuán progresistas sean en determinados momentos, no pueden romper por sí solas con el orden ideológico impuesto por las potencias imperiales. Son demasiado fuertes los vínculos personales y profesionales, las lealtades forjadas a lo largo de los años y a menudo, las presiones de los mecanismos de producción intelectual, como para no dejarse influenciar en momentos críticos.

Se hace imprescindible democratizar las relaciones de producción y circulación intelectual defendiendo espacios alternativos de comunicación y debate entre las izquierdas del tercer mundo y los países atlánticos como Rebelion.org y otros. Sobre todo, se hace imprescindible fortalecer las voces de los pueblos que luchan por su liberación.

NOTAS

i Nicaragua: consentimiento fabricado e Izquierda Neo-colonial, toni solo, Revista Correo, http://tortillaconsal.com, mayo de 2009

ii EE.UU. critica situación de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, EFE, 25 de febrero de 2009 y Universal Periodic Review of Nicaragua – Statement by the United States, US Mission to the UN and other organizations in Geneva, 2010

iii La embajada de Estados Unidos en Nicaragua, en un comunicado fechado el 27 de mayo de 2008, da a conocer que CINCO es una de las beneficiarias de ayudas de entre 13.000 y 25.000 dólares para proyectos para «promover la participación ciudadana» en las elecciones municipales de ese año, elecciones que más tarde serían calificadas de «fiasco» por esa misma oposición y los países donantes de la órbita de la OTAN. Fuente: http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/np_27_de_mayo_2008.html

iv MRS, ¿derecha posmoderna?, por Francois Houtart, Radio La Primerísima 25 de julio 2007

v Lo que olvidaron o jamás supieron Chomsky, Galeano, Gelman, Benedetti… por Toni Solo, Radio La Primerísima 25 de junio de 2008

vi El reto nicaragüense Armonización de los donantes: Entre la eficacia y la democratización. Estudio de caso II, de Claudia Pineda y Nils-Sjard Schulz, FRIDE, enero de 2008

vii http://www.fondogobernabilidad.org.ni

viii National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1* Nicaragua, Naciones Unidas, 2010

ix NACIONES UNIDAS: Nicaragua se niega a discutir aborto terapéutico, José Adán Silva, IPS Noticias 12 de febrero de 2010

x ¿Es creíble Human Rights Watch cuando habla de Cuba? Tim Andersson, Monthly Review, Rebelión.org 21 de febrero de 2010

xi El agente Vivanco, Jean Guy Allard, Granma (Publicvado por Rebelión.org) 22 de septiembre de 2008

xii SourceWatch.org, Amnesty International

xiii ARTICLE 19, CENIDH, FVBCh and CINCO Submission to the UN Universal Periodic Review, Seventh Session of the UPR Working Group, February 2010, UN

xiv http://www.article19.org/work/regions/latin-america/activities.html

xv http://www.fidh.org

xvi Suplemento dominical de La Prensa, domingo 7 de febrero de 2010.

xvii El somocismo de los probos, Jorge Capelán, http://tortillaconsal.com febrero de 2010.

xviii Kolonial Solidaritet, Diana Mulinari, MANA 2007 #4 (la cita traducida del sueco por Jorge Capelán)

Fuente: http://tortillaconsal.com/tortilla/node/5359

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