El 25 de enero varios medios de prensa anunciaron el apoyo de la Conferencia Episcopal al antipopular plan fiscal que impulsan el PLN y el PAC; un día después, a toda velocidad, el presbítero Javier Román Arias, vocero de dicha organización en Costa Rica aclaró que «la Conferencia Episcopal en pleno no ha emitido criterio […]
El 25 de enero varios medios de prensa anunciaron el apoyo de la Conferencia Episcopal al antipopular plan fiscal que impulsan el PLN y el PAC; un día después, a toda velocidad, el presbítero Javier Román Arias, vocero de dicha organización en Costa Rica aclaró que «la Conferencia Episcopal en pleno no ha emitido criterio alguno en relación al Plan Fiscal».
La velocidad con la que la jerarquía católica salió a responder este error no puede ser explicada más que con el viejo adagio: «no hay que tirar piedras, si se tiene techo de vidrio».
Y es que justamente, un punto que ha estado ausente del debate sobre quién debe pagar la «cuenta» del déficit fiscal es la siguiente reflexión: ¿Cuánto cuesta fiscalmente la confesionalidad del Estado? Queremos hacer algunos señalamientos al respecto.
Lo primero que queremos señalar es que los privilegios materiales y jurídicos de la iglesia católica costarricense son notorios y notables: «Costa Rica, como único Estado confesional de América Latina, tiene la obligación constitucional de destinar parte de su presupuesto gubernamental a la Iglesia católica. Para el 2010, por ejemplo, el Gobierno tiene planeado girar a la Iglesia unos 560.000 dólares, cifra un 36 por ciento mayor al aporte de este año (411.000 dólares)» (Acan-efe. 17/09/2009).
Según La Nación (06/09/2009) el Estado costarricense le entregó, vía presupuesto nacional a la iglesia católica, 59 millones de colones en el 2008, 244 millones en el 2009 y 322 millones en el 2010.
Pero los privilegios son de varios tipos; a los datos del subsidio habría que sumarle lo siguiente:
1) Los subsidios que reciben los colegios católicos cuyos docentes son pagados por el Estado, pero seleccionados por las órdenes religiosas dueñas del colegio. Recordemos que en marzo de 2007 hubo un conflicto entre la Asociación Nacional de Educación Católica (Anadec) y el Ministerio de Educación Pública; este, a través del decreto 33550-MEP, pretendía regular el dinero que el Estado otorga a los centros de estudios subsidiados, los cuales hasta el 2006 habían recibido subsidios sin ningún tipo de regulación. El decreto pretendía algunas regulaciones mínimas, pero esta pretensión estatal fue contestada con la movilización callejera de los colegios católicos y la acusación del irrespeto estatal a la libertad de credo y libertad de elección educativa. Según la Contraloría General de la República, el MEP destinaba ¢5.000 millones para 70 colegios subvencionados, de estos 19 están afiliados a Anadec.
2) El dinero que reciben las órdenes católicas y sus instituciones de caridad para administrar de manera tercerizada el dinero estatal destinado a la ayuda social. En el año 2007 el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Arquidiócesis de San José firmaron un convenio marco de cooperación que le permitía a la iglesia católica «ejecutar programas y proyectos orientados hacia la atención de adultos mayores, indigentes, niños y niñas en situación de riesgo, así como estrategias de apoyo a los productores rurales» (El Financiero. 09/02/2007). Solo para señalar un ejemplo: en diciembre del 2007, el IMAS le otorgó a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José ¢50 millones para la construcción de «un comedor infantil que brindará almuerzos a una población de 200 niñas y niños» (La Nación 18/12/2007). Este es un mecanismo donde no solo el Estado subsidia a la iglesia, sino que precariza el trabajo de los profesionales en Trabajo Social.
3) El dinero que el Ministerio de Cultura aporta en la restauración de templos y demás terrenalidades desde la iglesia católica. La Nación, en su segmento Aldea Global del 25 de enero de 2012, informa que a través del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura se invirtieron 40 millones de colones en la restauración de la iglesia de Orosi; después de 35 días de trabajo las obras fueron entregadas a Jorge López, cura párroco de la iglesia. Así vemos como son los fondos públicos los que garantizan la restauración de un patrimonio cultural nacional, pero la titularidad de la misma es privada.
4) Al igual que la mayoría de los grupos empresariales de este país, la iglesia católica cuenta con exenciones fiscales; por ejemplo está exenta del pago de bienes inmuebles de «los inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas pero sólo los que se dediquen al culto; además, los bienes correspondientes a las temporalidades de la Iglesia Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del país.» (LEY 7509, Art. 4.g.).
5) Según un informe especial de El Financiero (22/03/2002): «Las ofrendas que los feligreses dan durante las misas llegan a convertirse en inversiones financieras que suman al menos ¢10.000 millones. Estos recursos son administrados de forma centralizada por la Iglesia y se invierten en títulos valores tales como acciones de empresas nacionales y extranjeras, así como bonos de deuda externa de países latinoamericanos». Estos datos son viejos y aún no habían llegado los años (2004-2007) en que los grupos financieros tuvieron las ganancias más elevadas; ante esto no cabe más que preguntarse: ¿cuántos impuestos paga la riqueza financiera de estos santos hombres?
Después de ver estos fríos datos podemos concluir lo siguiente: la iglesia católica no solo es subsidiada por el Estado, sino que tiene empresas tercerizadas que usurpan funciones del Estado, tiene sus propios colegios, le arreglan gratis sus inmuebles, hace negocios bancarios, tiene exenciones fiscales; es decir, es la UCCAEP* con sotana.
* UCCAEP son las siglas de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado entidad cúpula de las organizaciones empresariales costarricenses.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.