La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) presentó el informe “La normalidad siempre ha sido el problema”[1], donde quedó reflejada una preocupante escalada de los ataques contra defensoras de derechos humanos durante la primera mitad del año.
Entre enero y julio de 2020, la RNDDH registró al menos 530 agresiones, de las cuales 425 fueron colectivas, otras 100 fueron agresiones personales y 5 fueron ataques contra organizaciones a las que pertenecen las activistas. También se lanzaron 20 Alertas Defensoras[2].
Las defensoras que sufrieron más agresiones fueron las que defienden tierra, territorios y bienes comunes contra proyectos extractivos, seguidas por aquellas que defienden los derechos relacionados con el cuerpo y autonomía de las mujeres.
Eso incluye los derechos sexuales y reproductivos y el de una vida libre de violencia.
Intimidaciones, hostigamiento psicológico, amenazas y ultimátum constituyeron más de dos tercios de las agresiones registradas.
También se señalaron varios casos de restricción a la libertad de expresión, movimiento y reunión, calumnias y campañas de desprestigio, expresiones de odio, homofobia y racismo.
Asimismo, se lograron comprobar al menos 4 casos de violencia sexual, 3 detenciones y arrestos ilegales. El personal sanitario fue otro blanco de discriminación, hostigamiento y amenazas durante los meses de la pandemia.
Entre los autores de las agresiones figuran policías, militares, actores relacionados a empresas, agentes de seguridad privada, hombres con relaciones de poder vinculados a terratenientes y funcionarios públicos.
Muchos perpetradores de agresiones quedaron desconocidos. También se registraron varios casos donde el agresor está vinculado con el movimiento social o partido político al que pertenecen las víctimas.
Asesinato de defensoras
En los primeros siete meses del año, cuatro defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Ignacia Piota Martínez, activista de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), falleció en enero tras haber sufrido un atentado en la comunidad garífuna Masca. Era hermana de Mirna Suazo Martínez, presidenta del patronato, también asesinada unos meses antes.
En abril, en el marco de un desalojo violento e ilegal en el municipio de Marcovia (Choluteca), agentes de la seguridad privada de la empresa azucarera La Grecia asesinaron a la defensora de la tierra Iris Argentina Álvarez.
Un mes después fue asesinada Luz Clarita Zúniga, joven trans de 23 años y activista de la Organización Pro Unión Ceibeña (Oprouce), quien fue lapidada en la ciudad de La Ceiba.
En julio, en un sector de la capital, desconocidos ultimaron de varios balazos a Scarleth Cáceres, mujer trans, activista de la Asociación Arcoíris e integrante del grupo Muñecas de Arcoíris.
“La militarización de la sociedad y los territorios, la corrupción pública y privada, la impunidad y la violencia del despojo patriarcal, capitalista y racista han marcado la historia de nuestro país.
Los impulsores de este modelo siempre quisieron hacernos creer que, para las mujeres, vivir es un privilegio y no un derecho.
La
pandemia, lo que vino a hacer fue poner de manifiesto una crisis
histórica y estructural, agudizando la condición de vulnerabilidad de la
población y la de indefensión de las defensoras de derechos humanos”,
dijo Ninoska Alonzo, de la RNDDH.
Personas LGBTI bajo ataque
En especial, el informe hizo énfasis en la situación de zozobra en que viven aquellas defensoras que sufren agresiones de odio por ser disidentes de la heteronormatividad[3].
“Se presenta la heterosexualidad como algo necesario para el funcionamiento de la sociedad, y como el único modelo válido de relación sexo-afectiva y de parentesco.
Quien es disidente de la heteronormatividad se convierte en blanco de agresiones y manifestaciones de odio.
Scarleth y Luz Clarita fueron asesinadas a mansalva y de manera brutal, casi como a querer desaparecer su identidad y lo que representan”, advirtió Melissa Cardoza, escritora y miembro de la RNDDH.
Mujeres feministas y de los pueblos indígenas y negros de Honduras son otros de los blancos de ataques de odio y con fuerte sesgo racista.
Notas:
[2] mecanismo de denuncia nacional e internacional para casos graves.
[3] sistema de creencias o suposiciones de que todas las personas son heterosexuales o que la heterosexualidad es el estado predeterminado o “normal” del ser humano.
Fuente: Rel UITA