Silencio de las autoridades de turismo. Organizaciones sociales confirman su posición inicial: esta ley fue una falacia.
Según el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo de 2019 cinco de los seis países de Centroamérica retrocedieron en el ranking durante 2018. En el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial, Costa Rica se ubicó en la posición 41 de 140 países. Le sigue Panamá (47), que resultó ser el país con la mayor disminución (12 posiciones menos en el ranking), Nicaragua (91), Honduras (94), Guatemala (99) y El Salvador (108). En el pilar de Seguridad (Safety and Security), Honduras aparece en la posición 136 de 140 países (8 puestos menos respecto al 2017) y en el lugar 99 en cuanto a Salud e Higiene. Más preocupante aún es el hecho que ocupe el lugar 118, a penas arriba de Zambia, Bangladesh y eSwatini (ex Suazilandia), en el pilar de Recursos humanos y mercado del trabajo, bajando 27 posiciones en dos años.
En cuanto a la llegada de visitantes[1], los países que tuvieron el mayor crecimiento fueron Guatemala (+14%) con 2,4 millones de visitantes y la generación de US$1.230 millones en divisas y El Salvador (+12,7%) con más de 2,5 millones de visitantes y US$1.417 millones. Costa Rica registró un aumento del 2%, sobrepasando los 3 millones de visitantes y generando unos US$4.000 millones, mientras que Panamá captó a 2,4 millones de visitantes, experimentando una reducción aproximada del 1,4%, pero logrando un aumento en divisas del 3,3%. En Nicaragua, la crisis político-social que afectó al país el año pasado dejó como resultado una reducción drástica en el número de visitantes de entre el 22% (Banco Central de Nicaragua) y el 28% (Instituto Nicaragüense de Turismo) y una caída del 35% en captación de divisas (US$296 millones menos). A nivel regional se calcula una baja en promedio de casi el 2% (Organización Mundial del Turismo).
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2017 llegaron al país 2,3 millones de turistas que generaron unos US$715 millones en divisas. El año pasado, Honduras experimentó un aumento de apenas el 8% en el número de visitantes (2,5 millones) y del 2,7% (US$736 millones) en generación de divisas [2]. Más de la mitad de visitantes fueron cruceristas, el 17,1% más que el 2017. En todo el año pasado 393 barcos atracaron en Honduras, lo que supone un incremento del 11,9 %. En cuanto al flujo de inversión extranjera directa, el sector comercio, restaurantes y hoteles cayó un 22% en los últimos dos años.
El BCH aduce que la grave crisis post electoral que sacudió el país entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 afectó gravemente la economía nacional, en particular el sector turismo. Fue solo a partir de los meses de abril y mayo 2018 que la actividad turística comenzó a normalizarse. Para el 2019 las proyecciones señalan un crecimiento muy similar al del año pasado. Durante el primer semestre se reportaron ingresos por unos US$404 millones, es decir el 3% más que en el 2018. El objetivo del Instituto Hondureño de Turismo, que en marzo de 2018 fue elevado a rango de Secretaría de Estado (Ministerio), es alcanzar los 2,6 millones de visitantes y entre US$800 y US$900 millones en divisas.
El turismo en Honduras resulta ser la cuarta fuente de divisas después de las remesas familiares, las exportaciones de bienes y la maquila. Las actividades relacionadas con este sector aportan casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2018 generaron un poco más de 210 mil puestos de trabajo, es decir el 5,1% de la generación total de empleo [3].
Además, el turismo es visto como una de las oportunidades para generar inversión, trabajo e incidir en la disminución de los índices de pobreza que mantienen a Honduras como el segundo país más pobre de Centroamérica y el Caribe.
En 2015, el presidente Juan Orlando Hernández, decidió contratar a la consultora global McKinsey para elaborar estudios y formular estrategias que permitieran promover y generar inversiones en el país, desarrollando sectores y asegurando un crecimiento económico sostenible en el tiempo. De esta iniciativa surgió el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico «Honduras 20/20», una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de 5 años (2016-2020) tenía planeado invertir unos US$ 13.000 millones y generar 600 mil puestos de trabajo. Un tercio de ellos (255 mil) se generarían a través de la actividad turística, uno de los seis ejes del Programa [4].
Cuando en octubre de 2017 Alba Sud fue a entrevistar al entonces director del IHT, Emilio Silvestri, el titular de la cartera de turismo dijo que, a través de este programa, se iba a convertir a Honduras en un centro logístico tanto para el país, como para Centroamérica y el mundo. «Honduras es el único país de la región centroamericana que cuenta con los seis productos turísticos tradicionales: sol y playa, turismo aventura, naturaleza, turismo cultural y colonial, buceo y culturas vivas. El gobierno ha convertido al turismo en una prioridad nacional y en un eje transversal en la planificación de todas las instituciones del Estado. Autopistas, carreteras, aeropuertos nos darán un impulso importante para sacar la transformación de nuestro producto. Acá tendrá oportunidad el turismo, la cultura, la arqueología. Seremos el país de Centroamérica número uno en visitas de turistas», vaticinaba Silvestri [lea aquí el reportaje completo de Alba Sud].
En este contexto de euforia se llevó a cabo la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo (Decreto 68-2017), algo que, en otros sectores de la sociedad hondureña,despertó muchas preocupaciones. En especial el apartado 3 del artículo 3 de la ley establecía entre las «inversiones puntuales en turismo» las áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional -incluyendo los parques arqueológicos-, conjuntos de preservación históricas, sitios y zonas especiales de interés turístico.
En el artículo 5, la ley definía, entre otros beneficios, las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas, la exoneración de los derechos aduaneros de importación, del impuesto selectivo al consumo y demás tributos aduaneros para proyectos turísticos. También incluía beneficios en la importación de maquinarias y equipos necesarios para la construcción y mantenimientos de proyectos.
De igual manera se creaba el Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo (FITUR), cuyo objetivo era brindar financiamiento para el fomento y desarrollo del turismo, que iba a funcionar como un ente de derecho privado con personalidad jurídica propia.
Fuertes presiones de parte de un amplio abanico de organizaciones nacionales y legisladores lograron que se retirara el artículo 17, que además de otorgar al gobierno el poder de declarar de utilidad pública aquellas «tierras aptas para un desarrollo turístico», determinaba de manera unilateral su justiprecio y las pasaba a formar parte del patrimonio del FITUR.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía el proyecto de ley y se buscaba una rápida aprobación, tanto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) como el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) publicaron comunicados y enviaron cartas a los diputados, recomendando no aprobar la nueva legislación.
El ICEFI aseguraba que no había razón para incrementar beneficios y privilegios fiscales, ya que este sector no mostraba ser una fuente real de generación de empleo, ni tenía la capacidad de generar inversiones de calidad que pudiesen impactar en los altos índices de pobreza y pobreza extrema que tiene Honduras.
En octubre de este año, Alba Sud se trasladó a Honduras para investigar y analizar los impactos de la Ley de Fomento al Turismo dos años después de su aprobación. Contrariamente a nuestras expectativas nos enfrentamos al rechazo absoluto de las autoridades de turismo en brindar informaciones y detalles sobre el tema. Pese a los reiterados intentos de comunicarnos, tanto telefónicamente como por correo electrónico, nunca recibimos una respuesta de la ministra de Turismo, Nicole Marrder.
Marrder asumió la cartera de Turismo en agosto de 2019. Empresaria hotelera durante muchos años, fue vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), presidenta de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH), delegada principal por Hondurasy presidenta de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles (FECAPH). También ocupó el cargo de presidenta de la Red Interamericana de Pequeños Hoteles (INCAPH).
Según datos recabados mediante el monitoreo de medios nacionales, hasta el momento 34empresas se acogieron a la Ley de Fomento al Turismo para impulsar nuevos proyectos, entre otros dos hoteles en San Pedro Sula, uno en Choluteca y otros en Roatán y Trujillo. Por lo que concierne el Programa Honduras 20/20, su nuevo director ejecutivo, Peter Fleming, proporcionó a Dinero & Negocios, sección de noticias de economía, finanzas, comercio e indicadores económicos del periódico La Prensa, los resultados de los primeros dos años (2017-2018), donde se evidencian inversiones por US$1.150 millones, de los cuales unos US$60 millones en turismo.
El objetivo durante la vigencia del programa, que fue extendida hasta el año 2023 y más allá, es el mismo: generar inversiones de unos US$13.000 millones y 600 mil empleos. Los escasos avances reportados, la grave crisis político-social que sigue afectando al país tras el fraudulento proceso electoral que aseguró un segundo mandato a Juan Orlando Hernández, unido a los altos índices de inseguridad ciudadana y jurídica desdibujan el futuro del sector turismo y de la economía de Honduras en general.
Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) manifestó a medios nacionales que la Ley de Fomento al Turismo «no ha dado los resultados esperados» y que por eso «debería ser reformada».
«Hay un gobierno temeroso de cualquier persona que escudriñe programas y proyectos. No están atendiendo entrevistas, ni brindando informaciones, ni datos estadísticos. Hay una restricción casi absoluta del acceso a informaciones. Todo el marco jurídico que montaron en los últimos 5 años y que incluye la Ley de Fomento al Turismo, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [5], la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) y la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública [6], era demasiado ambicioso. Si a esto le agregamos la situación de inestabilidad política, económica y social que vive el país a raíz de la crisis post-electoral, casos sonados de corrupción y los vínculos entre política, narcotráfico y crimen organizado, es fácil entender porque nada avanza y la sociedad está en zozobra», dijo Ismael Zepeda, economista del FOSDEH, a Alba Sud.
«Ahora tenemos dos instituciones para turismo: el IHT y la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR). Más presupuesto para un sector que no está llenando las expectativas que llevaron a la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo. Hasta la generación de puestos de trabajo se ha mantenido estancada y no ha mejorada la calidad del empleo. En definitiva, es algo que tiene que ver con la situación del país y que forma parte de un cuadro más complejo de desaceleración económica, que hasta podría desembocar en una situación de recesión», explicó Zepeda. ¿Quién va a venir a Honduras?
Entre las organizaciones que más habían expresado su preocupación ante la aprobación de la nueva ley estaba la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En aquella ocasión, su coordinadora, Miriam Miranda había explicado por qué la organización garífuna consideraba la nueva ley una falacia. «Quieren vender la imagen de que Honduras es un país con potencial turístico, cuando tenemos altos niveles de criminalidad, violencia, inseguridad y la población sigue viviendo con terribles condiciones», decía.
Desde hace varios años, como se ha documentado detalladamente en el informe Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística (Alba Sud, 2017), la proliferación de proyectos turísticos y turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo y la Bahía de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, ha venido generando fuertes tensiones entre empresarios turísticos nacionales y extranjeros y sectores de las comunidades garífunas de la zona, que denuncian el despojo de tierras comunitarias y una creciente criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.
En los últimos meses, el pueblo garífuna ha sufrido severos ataques con un saldo de 16 personas asesinadas, muchas de ellas defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. «La expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo por los ‘empresarios (turísticos) canadienses’, asociados al ‘rey del porno’ Randy Jorgensen y al puertorriqueño Santiago Mario, y al mismo tiempo la expansión de las plantaciones de palma africana y la instalación de proyectos energéticos, muestran que existe un plan muy claro para desaparecer las comunidades y el pueblo garífuna», se lee en la nota «Basta ya de asesinatos contra el pueblo garífuna«.
Dos años después, Miriam Miranda asegura que la Ley de Fomento al Turismo ha sido un fracaso rotundo. «La Ley de Fomento al Turismo fue un adefesio jurídico que abría las puertas de parques naturales y áreas protegidas a la inversión turística. Una locura total. En su momento, como Ofraneh, denunciamos lo que considerábamos un atentado contra los derechos de los pueblos indígenas y negros, y contra el pueblo hondureño en general», dijo Miranda a Alba Sud.
La lideresa garífuna explicó que, si bien no hay información cierta acerca de los proyectos turísticos que se pretenden implementar en la costa caribe, las condiciones en que se encuentra Honduras no son las más propicias para pensar en turismo. «En un país en crisis como el nuestro, con una institucionalidad quebrantada, con sus territorios militarizados, con altos niveles de inseguridad y sin garantías ¿de qué turismo estamos hablando y quién va a venir a invertir? Todo esto es una falacia».
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Campaña internacional de visibilización de las vulneraciones de derechos humanos para la inversión turística en América Central» desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.