La marcha del nuevo gobierno ha desencadenado algunos debates de interés. Persisten tensiones internas que, al no explicitarse, pueden generar confusión. Una primera pregunta que me haría es ¿qué se espera de un gobierno de izquierda? Quiero decir de un gobierno cuyo símbolo, entusiasta y unánimemente aceptado, es la bandera roja, azul y blanca de […]
La marcha del nuevo gobierno ha desencadenado algunos debates de interés. Persisten tensiones internas que, al no explicitarse, pueden generar confusión.
Una primera pregunta que me haría es ¿qué se espera de un gobierno de izquierda? Quiero decir de un gobierno cuyo símbolo, entusiasta y unánimemente aceptado, es la bandera roja, azul y blanca de la izquierda uruguaya. Mostrar con nuevos hechos que este gobierno no responde a los mismos intereses sociales que los anteriores, debería ser, a mi juicio, la primera prioridad.
¿Qué se espera de un gobierno de izquierda?
Creo que se espera un esfuerzo desde el gobierno por avanzar en una redistribución de la renta que permita devolver lo que se le ha expropiado a ese millón de nuevos pobres y a esos más de 270 mil indigentes que tiene el país como fruto de ‘la ley de la selva’ neoliberal que imperó hasta el 1º de marzo de este año.
Desde esa primera exigencia: menos pobreza, más igualdad, mejoras en la salud y la educación, mejores salarios, más oportunidades de empleo y vida digna, es que trato de ordenar una valoración de lo que está haciendo el gobierno.
Un segundo aspecto, tan importante como el anterior es la reparación de las deformaciones autoritarias que ha sufrido la democracia en el país.
La existencia de delitos impunes, de «pactos de silencio», la supervivencia de concepciones que le ponen límites, ilegales e inconstitucionales, al ejercicio de la soberanía del pueblo.
La existencia de una doctrina reproducida en los estamentos militares que se hace solidaria con lo actuado durante la dictadura militar. Solidaria con las torturas, las desapariciones y todas las demás violaciones a los derechos humanos. Reproductora también durante más de treinta años de una «historia oficial» imbuida de esa doctrina de justificación de las aberraciones perpetradas durante 13 años.
Finalmente, como tercer aspecto, hay también expectativa en que se sustancien todas, y en el menor tiempo posible, las auditorías administrativas que permitan determinar las responsabilidades de los ex gobernantes en el deterioro y la bancarrota de buena parte de las instituciones de nuestro Estado.
Hay otros aspectos, como el desarrollo de una integración latinoamericanista, en la senda de los excelentes acuerdos firmados con el Presidente Hugo Chávez, le agraden o no a la diplomacia estadounidense. Pero no quiero abrir demasiadas cuestiones a riesgo que se disperse lo principal.
Fuero sindical
En el Plenario Nacional del FA se abordó la cuestión del trámite de la ley de Fuero Sindical. Aprobada con el respaldo total de los legisladores de la mayoría, el trámite parlamentario fue suspendido ante algunas reclamaciones realizadas por los empresarios.
En el debate interno del FA se dijo, palabra más palabra menos, que la ley aprobada en diputados «golpeaba sobre una de las líneas maestras de la acción del Ministerio de Trabajo como lo era el tripartismo, el espacio desde donde se iba a diseñar una política de desarrollo nacional, elemento esencial que al país le estaba faltando».
Como es obvio creo que el tripartismo es un instrumento útil para abordar un sinnúmero de problemas laborales. De hecho en un régimen democrático toda huelga, todo conflicto termina con una instancia tripartita, es decir los representantes del capital, los trabajadores y el Estado.
El Derecho en lugar de la fuerza
En este caso no creo que este método (creo que, tal como se lo fundamenta, es más que eso, es una concepción) sea aplicable a la discusión de la ley de Fuero Sindical.
La necesidad de dar garantías a la organización obrera es previa a cualquier abordaje de otro tema.
La represión al sindicalismo por parte de las patronales, que empezó con Pacheco, tuvo su período de auge durante la dictadura y se prolongó durante los gobiernos neoliberales posteriores es una violación a los derechos humanos y a las libertades democráticas de los trabajadores.
Privar al obrero de instrumentos de organización y lucha está en el ABC de la doctrina neoliberal de Hayet y de la acción de la inmensa mayoría de los empresarios siempre que pueden.
El imposibilitar el desarrollo de los sindicatos y cercenar las reivindicaciones obreras ¿tuvo efectos pertinentes?
¡Vaya si los tuvo! Esa es una de las causas de la caída a pique del salario real y del empeoramiento de las condiciones de trabajo en los últimos decenios.
La ley de Fuero Sindical, al hacer cumplir con las leyes que protegen la sindicalización esta reponiendo una libertad avasallada. Está colocando la noción de derecho en lugar de la noción de fuerza, usada y abusada por el sector más poderoso en la relación laboral, que es el propietario del capital.
Cuando el proyecto se discutió en el Parlamento hubo dos informes lapidarios a favor de la ley aprobada en diputados. Desde la Cátedra de Derecho Laboral, Héctor Barbagelata y Oscar Ermida Uriarte ingresaron con gran nitidez conceptual en el debate. Rebatieron las tesis patronales, demostrando cómo, desde el punto de vista del derecho laboral, es siempre el empresario quien debe informar sobre las razones de los despidos.
Se preguntan los universitarios ¿qué trajo de bueno para el país la aplicación de las doctrinas neoliberales? Menos salario, más pobreza, más desigualdad social.
Significativamente las opiniones de los académicos fueron tan rotundas que en los debates que siguieron no hubo ninguna fundamentación contra sus argumentos. (Dicho sea de paso los términos de este debate están contenidos en un sitio frenteamplista en la red, www.pvp.org.uy )
La Ley de Fuero Sindical, entonces, está ligada a dos de las demandas esenciales que tienen derecho a hacerle al gobierno quienes el 31 de octubre votaron por Tabaré: el reestablecimiento de una libertad democrática avasallada y la lucha contra los bajos salarios y la pobreza, contra la distribución regresiva de la renta y la desigualdad creciente.
Reforma tributaria
En nuestro programa y uno de los tópicos más recurridos en la prédica que todos los frenteamplistas y aliados realizamos durante las campañas electorales, es la crítica al actual sistema impositivo que hace recaer el peso de los impuestos en los más pobres y el impulso a una reforma tributaria por la cual los que tienen más y ganan más, paguen más. Y los que tienen menos y ganan menos, paguen menos.
Esa reforma se está preparando en el ámbito del Ministerio de Economía. Algunas declaraciones recientes de sus titulares han puesto el acento en una reforma para reducir la evasión y asegurar la estabilidad económico-financiera del país.
Está faltando poner el énfasis en el papel que una reforma tributaria (expediente por demás seráfico que además se ha anunciado será «gradual» es decir parsimonioso y frugal) tendrá en el anhelado objetivo de una distribución más justa de la renta.
Dado que se trata de un tramado técnicamente complejo es importante que los soportes políticos e ideológicos de la reforma tributaria se conozcan con suficiente anticipación de manera que puedan ser examinadas detenidamente por todas las fuerzas progresistas, incluyendo a los organismos de base del FA… No sea cosa que aparezca, con plazos imperiosos y bajo la forma de un CD.
Cuestiones de estilo y de fondo.
En los debates del Plenario Nacional del FA, un compañero respondió a críticas que algunos habíamos formulado acerca de las concepciones defendidas por los actuales mandos militares sobre lo actuado por los mandos durante la dictadura.
Los tres jefes, con palabras y tonos distintos, han defendido a sus viejos compañeros de armas que llevaron adelante la represión. Definen a esta, aún hoy, como un ciclo que salvó a la patria del peligro de la subversión.
Ese pensamiento no puede producir informes creíbles sobre cementerios clandestinos ni guiar una acción democrática al frente de las FFAA, de ahí la conveniencia deponerlos del mando. Eso dijimos. Se nos respondió que hoy sólo se podrían ascender hombres que habían participado del proceso. Los otros, (los que no habían incurrido en esas aberraciones) no eran confiables por «pusilánimes», a lo que se agregó alguna otra sentencia no menos infeliz.
Lo curioso del asunto es que lo más señalable de esas expresiones no ha sido suficientemente observado: los militares merecedores de la desaprobación del dirigente frenteamplista lo serían… por no haber participado en los atropellos de la dictadura.