El gobierno derechista de Otto Pérez Molina cumple con su promesa de responder con mano dura a la criminalidad que azota a Guatemala, y deja de lado las medidas de prevención. Analistas advierten que esa estrategia y las reformas legales que asoman ponen en jaque la vigencia de los derechos humanos. Entre las primeras medidas […]
El gobierno derechista de Otto Pérez Molina cumple con su promesa de responder con mano dura a la criminalidad que azota a Guatemala, y deja de lado las medidas de prevención. Analistas advierten que esa estrategia y las reformas legales que asoman ponen en jaque la vigencia de los derechos humanos.
Entre las primeras medidas ordenadas por el general retirado Pérez Molina, tras asumir el cargo por cuatro años el 14 de enero, fue poner a efectivos del ejército a patrullar las calles junto con la Policía Nacional Civil.
También creó fuerzas de tarea especiales contra robos y asaltos, extorsiones, homicidios, secuestros y feminicidios.
Además está prevista para julio la aparición de una sexta unidad militar para cuidar la frontera, que comenzará a funcionar en el noroccidental departamento de San Marcos, limítrofe con México. Su misión, según dijeron las autoridades, será combatir el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas y de armas.
En abril se creó, además, una nueva repartición en el Ministerio del Interior que se encargará de todo lo relacionado con el narcotráfico, mientras la policía capacita agentes en tácticas rápidas y uso de armas.
De este modo, Pérez Molina puso en marcha en los primeros 100 días de gestión su principal oferta electoral: combatir la delincuencia con «mano dura». ¿Pero qué hay de las medidas preventivas que contribuyan a reducir la criminalidad?
«En este país se carece de una política criminal democrática que plantee asuntos básicos y elementales, considerando que la intervención punitiva es el último grado a utilizar», dijo Marco Canteo, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Canteo indicó a IPS que toda política criminal en un país democrático debe basarse sobre la prevención del delito y en garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Pero la estrategia del nuevo gobierno se fundamenta en medidas ejecutivas de fuerza y en propuestas legislativas que las sustenten, apuntó.
En esa línea, el diputado Fernando García, del gobernante Partido Patriota, presentó en marzo un proyecto de ley para castrar químicamente a los condenados por delitos sexuales.
También el presidente Pérez Molina analiza reformar el artículo 8 del Código Civil para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 12 años y busca retomar la iniciativa de ley antipandillas propuesta por su partido, pero estancada en el Congreso legislativo.
«Este conjunto de iniciativas son medidas en esencia represivas y no cumplen con los mínimos estándares en materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho», dijo Canteo.
Estudios internacionales ubican a este país de 14 millones de habitantes entre los 14 más violentos del mundo. El año pasado fueron asesinadas 6.187 personas, 706 de ellas mujeres, según el gubernamental Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Pero las medidas reactivas y represivas contra la violencia por sí solas no llevarán a buen puerto, aseguran expertos.
«Hay que apostar a la prevención en las escuelas, un lugar donde el Estado debería invertir más y no verlo como un gasto», explicó a IPS el activista Nicolás Pacheco, del no gubernamental Movimiento Social Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala.
«Lo que estos adolescentes hacen ahora que tienen 17 años es porque hace 10 o 15 años no se trabajó con ellos en asuntos como valores humanos y ciudadanía, y ahora vemos las consecuencias», lamentó.
Por ello, Pacheco consideró «preocupante» pretender criminalizar a los niños y adolescentes.
En el caso de la ley antipandillas, dijo, se «estigmatiza a los jóvenes por su forma de hablar, vestir y corte de cabello». En el caso de los delitos cometidos por menores de edad «debería procesarse a los adultos que son responsables de esos niños», indicó.
El anterior gobierno, del socialdemócrata Álvaro Colom, implementó la iniciativa «Escuelas Abiertas», que permitía el uso de centros educativos públicos los fines de semana para actividades formativas, lúdicas y artísticas, como una forma de prevenir la violencia.
Verónica Godoy, de la no gubernamental Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, comentó a IPS que proyectos como ese, actualmente en suspenso, «deberían continuar pero de forma integral».
Como ejemplo positivo, Godoy citó el caso de Brasil, donde la sociedad, instituciones del Estado, privados y autoridades locales atienden a diferentes grupos sociales como madres solteras y pandillas con programas de recreación, campañas antidrogas y prevención situacional.
La experta consideró de mucha importancia el abordaje de programas de prevención cuyo impacto «no se mira de manera rápida, sino en el mediano y largo plazo».
La educación también es un asunto a atender, según la maestra Janet Possié. «Si todos los gobiernos le apuntaran a la enseñanza, bajaría la delincuencia, pero este país es uno de los que menos invierte en esta área en América Latina», dijo a IPS.
Possié añadió que no conoce ninguna iniciativa para prevenir la violencia impulsada por este gobierno, aunque admitió que «sería injusto criticarlo por las acciones que está tomando, porque el pueblo urge medidas contra la delincuencia».