La paciencia se agota con Roberto Micheletti. La inflexible posición del Gobierno golpista de Honduras para devolver a Manuel Zelaya al poder, ha empujado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a consensuar unas drásticas sanciones contra el régimen hondureño si el diálogo fijado para el sábado vuelve a fracasar. Fuentes cercanas a la […]
La paciencia se agota con Roberto Micheletti. La inflexible posición del Gobierno golpista de Honduras para devolver a Manuel Zelaya al poder, ha empujado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a consensuar unas drásticas sanciones contra el régimen hondureño si el diálogo fijado para el sábado vuelve a fracasar.
Fuentes cercanas a la organismo interamericano aseguraron ayer a Público que entre las medidas barajadas se encuentra el corte de comunicaciones y trasmisiones del país centroamericano, y la creación de un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por los golpistas desde que revirtieron el orden constitucional el 28 de junio.
«Ha sido expulsado de la OEA, se ha intentado abrir una vía pacífica pero por el momento sólo hemos recibido negativas por parte del Gobierno de facto. El siguiente paso será estrangular económicamente al país mediante un boicot general. Estamos a punto de alcanzar un consenso general», señalaron estas fuentes.
La aplicación de estas sanciones comenzarían a aplicarse el mismo sábado, día que concluye el ultimátum anunciado ayer por Manuel Zelaya para que los golpistas le repongan en el poder.
«Si la próxima reunión no se aceptan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y la constitución de Honduras se considerará fracasada la mediación y se procederá a aplicar otras medidas», indicó ayer el presidente derrocado, de viaje en Guatemala.
Por su parte, Roberto Micheletti continuó ayer intentando maquillar de normalidad una realidad convulsa. Ayer cesó amigablemente a su controvertido canciller, Enrique Ortez, que amargó los frustrados intentos de los golpistas por endulzar su imagen internacional al calificar a Barack Obama de «negrito que no sabe nada». Su puesto será ocupado por Carlos López, un adinerado abogado que ya ocupó este cargo durante el gobierno de José Azcona, entre 1986 y 1990.
Para evitar que la próxima ronda concluya con un peligroso fracaso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon mantuvo ayer una reunión telefónica con el mediador de la crisis, Óscar Arias, para ofrecerle asistencia técnica. «Esperamos que entre todos logremos el acuerdo», según el portavoz del organismo, Michele Montas. Estados Unidos, a través del departamento de Estado, reiteró por enésima vez su exigencia a restablecer el orden democrático finiquitado el 28 de junio.
Exigencia a EEUU
La ministra de Exteriores del Gobierno depuesto, Patricia Rodas, apeló en una entrevista a la cadena venezolana Telesur que la condena del Gobierno estadounidense al golpe de Estado debe pasar «a la acción» con sanciones económicas y políticas. «Solicitamos que las sanciones en contra del régimen de facto sean efectivas en términos económicos, en términos de reservas internacionales, en términos de transferencias y desembolsos», explicó la canciller.
Antes partir desde Managua hacia Guatemala donde mantuvo una reunión con el mandatario Álvaro Colom, Manuel Zelaya difundió un comunicado donde indica su convencimiento de que los retrasos e incumplimientos por parte del Gobierno de facto «sólo pretenden ganar tiempo para llevar a cabo un proceso electoral bajo sus condiciones ilegales».
Zelaya considera «ofensiva» la pretensión del régimen de Roberto Micheletti de dar largas a la mediación de Óscar Arias, cuyo único objetivo es el de «cumplir la resoluciones de la OEA y de la ONU, que rechazaron el golpe de Estado y exigen mi restitución». El interior del país, los principales sindicatos anunciaron la convocatoria de una huelga general indefinida si el diálogo fracasa.