Los pobres latinoamericanos y caribeños son ahora 209 millones, 22 millones más que antes de la pandemia covid-19, mientras empeoran los índices de desigualdad y desempleo, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al presentar este jueves 4 el panorama social de la región.
La pandemia “ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región, y en la actualidad se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, desde la sede del organismo en Santiago.
La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres.
El informe “Panorama Social de América Latina 2020” destaca la irrupción de la covid “en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales” y desnuda “desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas”, según la Cepal.
Como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registra una caída del producto bruto de -7,7 por ciento, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema alcanzó 12,5 por ciento y la pobreza general 33,7 por ciento de la población.
Esos porcentajes traducen que uno de cada tres latinoamericanos o caribeños es pobre, y que, de los 209 millones en la pobreza, 78 millones son pobres extremos, ocho millones más que al cierre de 2019.
El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales; entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos.
Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares.
Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia, que alcanzaron a 49,4 por ciento de la población, unos 84 millones de hogares con 326 millones de personas.
Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado 15,8 y la pobreza general a 37,2 por ciento de la población.
El reporte advierte también los fuertes impactos de la crisis de la covid sobre el mercado laboral, pues la tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7 por ciento al cierre de 2020, un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del 8,1 por ciento registrado en 2019.
Hasta 2020 unos 491 millones de latinoamericanos y caribeños vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza, pero alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendente durante el año de pandemia.
La caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado más a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.
Los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, atentan contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres, ha sostenido la Cepal.
Para garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar, la Cepal recomienda, en el corto plazo, sostener para los pobres un ingreso básico de emergencia y avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a las familias con niñas, niños y adolescentes.
El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad. Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad.
Por ello, advierte que “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.
“El llamado de la Cepal a un nuevo pacto social está más vigente que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, concluyó Bárcena.