El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 53 años, impulsada durante la presidencia del general Juan Velasco Alvarado, ésta se hará sin expropiaciones de tierras ni afectará derechos de propiedad a nadie.
Y ahí entra la duda. La reforma agraria consiste en la redistribución de la propiedad y tenencia de tierras complementada con políticas públicas (asistencia técnica, financiera, creación de mercados, etc.) que garanticen el “desarrollo” rural. Una reforma agraria, para ser tal, debe trastocar, modificar, la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Hoy, el acaparamiento inmoral de tierras por las agroindustrias de monocultivos, o las condiciones de sobreexplotación laboral agrícola son peores que las de 1969.
Castillo no indicó cuánta tierra disponible tenía el Estado peruano para distribuir a las familias campesinas sin tierra. Algunos analistas consideran que al excluir la redistribución o el acceso a tierra para campesinos, no es ninguna reforma agraria, sino quizás implementación con políticas públicas tardías de la reforma agraria de 1969.
No se dará tierra a campesinos del Perú, se dotará de asistencia técnica, financiera, educativa, caminera, comercial, a campesinos con tierra para que puedan producir y comercializar. El gobierno ayudará o privilegiará a la agricultura familiar campesina (de donde procede Castillo) para que pueda ingresar al mercado local y competir.
Estas políticas públicas, de llevarse a cabo, ayudarán a los cerca de dos millones de familias campesinas quienes con tierras insuficientes ya alimentan al país. Pero, ¿qué pasa con las familias campesinas sin tierra? ¿Dónde queda el sueño de la plurinacionalidad que aspira hacia un modo de vida diferente, más allá del desarrollismo o el mal vivir moderno?, pregunta Ollantay Itzamná, defensor de Derechos Humanos desde Abya Yala.
El anuncio
Ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco, señaló que uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores acceso más justo a los mercados, y afirmó que la reforma prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.
Asimismo, Castillo anunció la creación de un gabinete de desarrollo agrario, el cual presidirá y que estará conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social y con participación de representantes de los gobiernos regionales y locales, junto a un conjunto de acciones de apoyo directo para el agricultor familiar.
Observó que, a pesar de la capacidad y diversidad productiva, estos años de abandono han convertido al país en una nación muy dependiente de la importación de insumos y alimentos agropecuarios, e informó que en las próximas semanas se efectuarán ajustes a la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados, importados del extranjero.
Igualmente, dijo, se lanzará un programa de apoyo directo para la compra de fertilizantes para los pequeños agricultores debido al incremento de sus precios. Dijo que pese a ser el único país de la cuenca del Pacífico que tiene fosfatos, en lugar de producir fertilizantes, los exporta como materia prima para que otras naciones los produzcan.
“Por eso hemos iniciado los estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar que tenemos en Piura. En mi gobierno tendremos una planta de fertilizantes, incluso pasaremos a ser exportadores de fertilizantes fosfatos en la región”, expresó el mandatario.
La tercera línea de acción está orientada a dar un acceso más justo a los mercados, con mejores precios, impulsando un programa ambicioso de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar con los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Desarrollo Agropecuario y Riego.
Estimó que para los próximos 12 meses se estará ejecutando una compra de alimentos por 300 millones de soles para los programas sociales. “Igualmente invertiremos recursos públicos para la construcción de mercados de productos en todas las provincias del país articulando a una red de mercados modernos”, puntualizó.
El cuarto eje, añadió, es la protección y cuidado del agua, para lo cual se implementará un programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas y micro reservorios en las cuencas andinas. Asimismo, el Gobierno impulsará un fondo de la mujer rural, para apoyo técnico empresarial y social hacia las más de 700 mil productoras agropecuarias en el país.
“Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimento (…) el agua es escasa y tenemos que aprenden a usarla eficientemente (…) impulsaremos un programa masivo de tecnificación de riego a nivel nacional”, aseveró.
El presidente manifestó que los elementos centrales de transformación que llevarán a un cambio estructural a la agricultura serán más asociatividad y cooperativismo entre los productores, así como la industrialización y fomento rural. Al respecto, Castillo señaló que existe una ley de perfeccionamiento de las cooperativas agrarias ya firmada por su gobierno.
Unidad progresista
A dos meses de iniciado el gobierno popular, con la esperanza y convicción de que por fin los grandes y profundos cambios que necesita el Perú se hagan realidad, el conjunto de organizaciones políticas de izquierda apoyaron la tarea de forjar un nuevo pacto social y ciudadano a través de un proceso constituyente que culmine en una nueva constitución.
Perú Libre, Movimienjto Nuevo Pserú, Juntos por el Perú y el Frente Amplio se comprometieron a impulsar una gran movilización de debate y esclarecimiento sobre la necesidad de un cambio constitucional y de recolección de firmas para un referéndum de consulta a todos los peruanos y peruanas.
Es necesario que se redacte en una asamblea constituyente una Nueva constitución, acorde a los tiempos y en función de los intereses de la población, señalaron los firmantes, quien condenaron la persecución política, jurídica y mediática a los dirigentes de izquierda y que apunta a ilegalizar a los partidos y movimientos progresistas.
Este es un importante apoyo al gobierno, que estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar. La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan.
La segunda, 53 años después
La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre: Vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor, explicó Castillo.
En junio de 1969, Velasco Alvarado promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.
El ex canciller Héctor Béjar dijo que 53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país y anotó que parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales.
La vicepresidenta Dina Boluarte comentó que a Velasco no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen.
El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive un proceso en esencia similar, tras la elección de un maestro rural como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores.
Velasco Alvarado tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que ataba al Perú a Estados Unidos, siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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