Plan Mérida, Plan Colombia, bases navales y radares, por un lado; crisis económica, violencia y criminalidad social, por el otro. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros Estados, y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas, esta tensa ecuación geopolítica y socioeconómica?
Plan Mérida, Plan Colombia, bases navales y radares, por un lado; crisis económica, violencia y criminalidad social, por el otro. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros Estados, y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas, esta tensa ecuación geopolítica y socioeconómica? Una doble tenaza empieza a cerrarse, de Sur a Norte, sobre el espacio político, social y cultural mesoamericano.
Uno de sus brazos es visible en las diversas maniobras estratégicas de la geopolítica estadounidense sobre los territorios que se extienden de México a Colombia; y el otro, en la progresiva descomposición de las condiciones de vida de una región amenazada por el narcotráfico, la violencia social y la criminalidad, y los problemas estructurales que se traducen en magros avances en materia de desarrollo humano. Distintos acontecimientos de las últimas semanas refuerzan esta tesis. Veamos.
Por el eje Sur, al acuerdo Wáshington-Bogotá para el uso de siete bases militares colombianas por parte del ejército de Estados Unidos, se suma ahora el acuerdo Wáshington-Panamá, que se firmará en los próximos días y permitirá la instalación de dos bases navales estadounidenses en Bahía Piña, provincia del Darién, en lo que constituye un agravio al espíritu de los tratados Torrijos-Carter (1977) y, especialmente, a la lucha histórica del pueblo panameño contra la ocupación militar norteamericana.
Aunado a esto, la reactivación de dos radares de alta tecnología del Comando Sur en la costa del pacífico norte de Costa Rica y la dotación de $15 millones dólares para los cuerpos policiales de este país [1], señalan el protagonismo que, en el diseño de su estrategia geopolítica, le asigna Wáshington a tres aliados de esta zona: los presidentes Álvaro Uribe, Ricardo Martinelli y Oscar Arias.
Por el eje Norte, el Plan Mérida -hermano menor del Plan Colombia- encuentra el clima adecuado para su avance, a horcajadas entre la doctrina de seguridad nacional y la guerra -¿infinita?- contra el narcotráfico, en la misma medida en que Centroamérica se convierte, según lo asegura un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2], en la región más violenta del mundo: una condición que bien podría invitar a los gobiernos del área a seguir el mal ejemplo del gobierno de México, al enviar las fuerzas armadas a combatir la delincuencia en estados (provincias) y ciudades -posibilidad que actualmente analiza el presidente de El Salvador, Mauricio Funes-, o bien, para retomar las nefastas e ineficaces políticas de seguridad de mano dura.
En el plano político, a la inestabilidad que ha socavado a los gobiernos de Guatemala y Nicaragua en los últimos años, le siguió el golpe de Estado en Honduras -apoyado por la derecha estadounidense y centroamericana-, que no solo derrocó a un presidente legítimamente electo, sino que asestó un duro golpe a las expectativas populares de cambio social y al proyecto de integración de la Alianza Bolivariana de las Américas.
Temerosas de ser sobrepasadas por la ola progresista y nacional-popular latinoamericana, las oligarquías y grupos empresariales centroamericanos han desatado una furiosa reacción antipopular disfrazada de un antichavismo paranoico que, como sucede en Costa Rica con la persecución política de las Bases de Paz venezolanas (alentada desde la Embajada de Estados Unidos en San José), intenta coartar los espacios de organización, pensamiento y acción política de movimientos sociales, organizaciones y partidos con posturas críticas frente a la dominación neoliberal.
Desde el punto de vista económico, diversas informaciones sugieren que lo peor de la crisis financiera mundial apenas estaría por llegar a Centroamérica, donde se espera un dramático aumento del desempleo en los próximos meses (hasta cerrar en 470.000 puestos de trabajo perdidos en 2009, según la OIT[3]) y una importante reducción de las remesas, estimada en 1.000 millones de dólares por la Secretaría de Integración Centroamericana[4].
Súmense a lo anterior los negocios transnacionales que se enmarcan en los tratados de libre comercio y el desarrollo del Proyecto Mesoamérica (antiguo Plan Puebla Panamá, ahora ampliado hasta Bogotá), y se completará el cuadro de la condición neocolonial y de dependencia económica que caracteriza, hoy, a un arco de países donde abundan dos tipos de recursos esenciales para el capitalismo global neoliberal: mano de obra abundante, barata, en algunos casos bastante especializada, y sometida por necesidad a los dictados del mercado; y valiosísimas fuentes de recursos estratégicos (Mesoamérica alberga el 7% de la biodiversidad total del planeta, y dispone de petróleo y otras fuentes de energía sumamente apetecidas, como el agua).
Como puede apreciarse, se trata de un escenario complejo en el que, a la par de las iniciativas del poder imperial estadounidense para reforzar su dominio en la región, dada la pérdida de hegemonía en América Latina frente a Brasil y Venezuela, se multiplican de modo incontrolable los síntomas de una de potencial ruptura sistémica: por ejemplo, en las cada vez mayores dificultades que enfrenta el modelo neoliberal mesoamericano para contener el descontento social, reproducir su base de apoyo popular y satisfacer las necesidades más elementales de la población, como trabajo, educación, salud y comida.
¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros Estados, y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas, esta tensa y conflictiva ecuación geopolítica y socioeconómica?
Creemos que a partir del desenlace de la crisis en Honduras, por su efecto didáctico para el conjunto de la región, podrían empezar a perfilarse las posibles respuestas a estas interrogantes: o los brazos de la tenaza del neoliberalismo oligárquico-imperial se cierran definitivamente para afirmar sus privilegios y sujetar a los de abajo, o el protagonismo de los pueblos y movimientos en lucha logra, por fin, abrir caminos de esperanza para una región que sobrevive en medio de promesas y cientos de miles de vidas rotas.
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Notas
[1] Véase: «EE.UU reactivará radar antinarco en Guanacaste», La Nación (Costa Rica), 07-10-2009, disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/07/sucesos2115424.html; «Los radares y las mentiras», Fuchs, Gustavo, en NuestraAmérica.info, 14-10-2009, disponible en: http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/5533
[2] Así lo establece el informe «Abrir espacio a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano», presentado por el PNUD en distintas ciudades centroamericanas la semana anterior. El documento en formato PDF puede descargarse en la siguiente dirección: http://www.pnud.org.sv/2007/
[3] «Remesas a Centroamérica caerán este año en más de $1,000 millones», La Prensa Gráfica (El Salvador), 21-10-2009, disponible en: http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67678-remesas-a-centroa…
[4] «Centroamérica perderá al cierre del año 470.000 empleos», El Nuevo Diario (Nicaragua), 16-10-2009, disponible en: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/59533
* Andrés Mora Ramírez pertenece a La Asociación por la Unidad de Nuestra América, AUNA – Costa Rica.
Fuente: http://alainet.org/active/33973