39 meses después de su asesinato aún no hay sentencia escrita y los autores intelectuales andan sueltos
Hace seis meses, siete personas fueron declaradas culpables del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y del intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro. Tanto la familia como el Copinh [1] y la Misión de Observación Calificada [2] expresaron preocupación porque, medio año después, el Tribunal aún no ha dictado sentencia condenatoria por escrito.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, por un comando que penetró en su vivienda en altas horas de la noche.
En un comunicado, la Misión recordó que la sentencia emitida en noviembre pasado reconoció que el asesinato de la coordinadora del Copinh fue planeado y llevado a cabo con el «pleno conocimiento y consentimiento» de los ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa titular de la concesión del río Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
También lamentó que en Honduras existan todavía «deficiencias estructurales en el sistema judicial» que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia.
«En Honduras la impunidad es la regla. No se trata solo de condenar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, sino que este caso sirva para que Honduras transite de un estado de impunidad a un estado de derecho», dijo Joseph Berra, representante de The Promise Institute for Human Rights y miembro de la Misión [3].
Isabel Solís, directora de Guatemala Human Rights Commission (GHRC/USA) y también integrante de la Misión, manifestó estar sumamente preocupada por la falta de una sentencia escrita, al tiempo que condenó la campaña lanzada a nivel nacional e internacional para desacreditar tanto a las víctimas como a la Misión de Observación
«Emitir un fallo por escrito es obligación del Estado hondureño. Es un paso necesario para continuar a investigar y llegar a sancionar a todas las personas involucradas en el crimen», añadió.
Para Víctor Fernández, del equipo legal de la familia de Berta Cáceres, si no hay sentencia no hay certeza de nada.
«Tenemos un fallo de culpabilidad, pero necesitamos de una sentencia que explique por escrito por qué son culpables y cómo se valoraron las pruebas. Hasta no tenerla (la sentencia) se corre el riesgo de que, en cualquier momento, tiren al traste todo lo que hemos venido haciendo», dijo preocupado el abogado.
Férnandez explicó a la LINyM que no hay motivos para atrasar más la publicación de la sentencia, y que le preocupa el hecho de que los jueces puedan estar tramando algo.
«La falta de una sentencia escrita, los retrasos que hay en el caso de Roberto David Castillo (presidente de Desa enjuiciado como autor intelectual del asesinato de la dirigente indígena) y la ausencia de acusación contra los dueños de Desa son las deudas pendientes de la causa Berta Cáceres», agregó.
Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del Copinh, aseguró que la «batalla contra la impunidad es el camino que vamos a recorrer».
También condenó la guerra mediática que la empresa Desa ha venido librando desde los medios corporativos de comunicación «para desprestigiarnos, desconocer nuestra lucha y recriminalizar a Berta».
Para Zúniga Cáceres, el verdadero objetivo de esta campaña es asegurar la impunidad para los autores intelectuales del asesinato de la lideresa indígena.
«Hemos avanzado y hemos logrado algo importante, pero falta mucho por hacer. No estamos dispuestos a retroceder. La lucha de Berta se encarna en todas las luchas en defensa de los territorios y los bienes comunes», concluyó.
Fuente: LINyM
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