La falta de inversión o la inversión insuficiente de las empresas multinacionales españolas en América Latina, son una de las causas en las decisiones de su nacionalización y expropiación. La mayoría de estas empresas (REPSOL, BBVA, REE, Inditex, Aguas de Barcelona, BSCH, Unión Fenosa, Santillana/PRISA, Calvo, Pescanova, etc.), no se distinguen por su generosidad en […]
La falta de inversión o la inversión insuficiente de las empresas multinacionales españolas en América Latina, son una de las causas en las decisiones de su nacionalización y expropiación.
La mayoría de estas empresas (REPSOL, BBVA, REE, Inditex, Aguas de Barcelona, BSCH, Unión Fenosa, Santillana/PRISA, Calvo, Pescanova, etc.), no se distinguen por su generosidad en reinvertir parte de sus beneficios en los países donde tienen la actividad, ni siquiera para garantizar un mínimo de funcionamiento y mantenimiento técnico de sus sistemas para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios que proporcionan. Prácticamente todo su beneficio se destina al reparto de dividendos anuales entre sus accionistas.
Mencionaré nuestra experiencia en este asunto, que se centra sobre todo en Nicaragua, pero que es muy similar al resto de países latinoamericanos, que durante los años 90 y por imposición del FMI y los países más industrializados, tuvieron que liberalizar los servicios en sectores estratégicos, como es el caso de la energía eléctrica, en el marco de los ajustes estructurales exigidos.
Tras un proceso complejo, la empresa pública ENEL (Empresa Nicaragüense de Electricidad) se deshizo de una cantidad importante de sus activos, incluyendo miles de kilómetros del tendido eléctrico, que pasó a manos de la española UNIÓN FENOSA. Sin embargo, el estado (mucho menos la población) no obtuvo grandes beneficios de esta venta, ya que tan sólo sirvió para reducir un poco la enorme deuda externa que había contraído injustamente con distintos países europeos y con Estados Unidos durante los diez años que duró la guerra civil a lo largo de la década de los 80, una guerra cruenta y costosísima, precisamente alentada y financiada por Estados Unidos.
Desde 1992, Unión Fenosa es propietaria casi en exclusiva de la distribución de la energía eléctrica en todo el país, a través de sus filiales (constituidas expresamente) Disnorte y Dissur. Y lógicamente, su función, tratándose de una empresa privada y extranjera, es obtener el máximo de beneficios, antes que proporcionar un servicio público a la población.
Las inversiones de actualización y mantenimiento fueron reduciéndose, al tiempo que se iban aumentando los cortes de suministro, cada vez eran más numerosos y prolongados. El sistema de producción de energía eléctrica en Nicaragua, lógicamente, en un país pobre, y azotado por la guerra, no era muy desarrollado en el momento de la privatización, razón por la cual el precio de venta fue bastante generoso para Unión Fenosa. El compromiso de ésta era aportar no sólo la inversión financiera, sino la tecnología para actualizar los sistemas. Sin embargo, esto no fue así nunca, y la situación se prolongó durante más de 16 años. Más de una década y media de cortes, abusos, y encarecimiento de un servicio que la población en muchas ocasiones ni siquiera llegaba a recibir, y que aún en la actualidad sigue siendo muy deficiente.
En nuestro trabajo nos encontramos muy a menudo con casos de comunidades, aldeas, caseríos, pueblos enteros, y barrios o sectores urbanos, con apagones de luz que duran días y hasta semanas. Muy a menudo, los operarios de Unión Fenosa tardan días en acudir a la estación donde se haya producido la incidencia, para repararla, y en más de una ocasión argumentan que no tienen vehículo para acudir, lo cual es ya el colmo. Escuchando cualquier emisora de radio local o comunitaria de Nicaragua, nos encontramos con muchísimos casos de denuncias por interrupciones de servicio en cualquier parte. La empresa aduce razones relativas a los sistemas de producción de la energía en origen, ya que su único cometido es la distribución de la energía, no la producción, con lo cual Unión Fenosa se libra de toda responsabilidad, y únicamente obtiene beneficios.
Por supuesto, estas situaciones se dan también en España, aunque en menor medida, y de menor gravedad. Nuestra organización tiene contratado el servicio de energía eléctrica con la misma empresa, Unión Fenosa, porque a pesar de existir supuestamente una liberalización del mercado, en una gran parte del territorio tan sólo existe una empresa, que monopoliza todo el servicio, con lo que no es posible contratar con quien se desee. Cuando se produce una incidencia, pueden tardar hasta 15 horas en repararla, porque las estaciones están obsoletas y presentan grandes deficiencias, mientras la empresa se niega a realizar las inversiones necesarias para actualizar los equipos y sistemas para mejorar el servicio.
Pero, de regreso a las comunidades de Nicaragua, nos encontramos con otros abusos por parte de esta compañía eléctrica, que nuestra organización ha denunciado en muchas ocasiones. Los proyectos de cooperación al desarrollo que consisten en el tendido de líneas de distribución eléctrica, para las comunidades y pueblos donde no hay energía, la nueva infraestructura pasa a ser propiedad de Unión Fenosa.
Recuerdo que uno de esos proyectos, cofinanciado por un ayuntamiento español con más de 60.000 euros, consistía en llevar la energía eléctrica a varias comunidades del municipio de Puerto Morazán, cerca de Tonalá, en departamento de Chinandega, al noroeste del país. Unas comunidades con muchas dificultades de acceso. Pensábamos que debíamos transferir la propiedad a la alcaldía municipal, pero finalmente, en cumplimiento de la nueva legislación de industria en aquel momento (en 1998) tuvimos que firmar un documento de transferencia a Unión Fenosa, que se quedaba con la propiedad del cableado, postes y todo el derecho de explotación.
Y recuerdo también cómo antes de iniciarse el servicio, antes de que las familias tuvieran por primera vez en su vida, energía eléctrica en sus viviendas, muchos beneficiarios acudieron a la alcaldía para presentar una reclamación, porque Unión Fenosa les había enviado ya una factura de «conexión», cuando aún no habían recibido ningún servicio.
Algunas de estas empresas españolas en América Latina, han recibido multitud de denuncias por su actitud mafiosa, presionando a los gobiernos locales y centrales para beneficiar sus intereses, pasando por encima de los derechos de los pueblos para instalar o desarrollar sus proyectos, como los casos de Endesa en Chile que obligan al desplazamiento de la población mapuche, o en Colombia con la propia Unión Fenosa, que obligan a la retirada de poblaciones indígenas de su territorio, que son acosados por sicarios y paramiltares.
No os extrañe en absoluto que cuando se presenta la primera ocasión, los gobiernos de estos países decidan quitárselos del medio, y afortunadamente se están presentando estas ocasiones, gracias al crecimiento que están experimentando sus economías y al fortalecimiento de sus instituciones y sus democracias participativas.
La soberanía sobre los recursos propios, es libertad, es auténtica liberación, frente a la liberalización de su explotación. No vale apelar a la «seguridad jurídica», cuando ésta se basa en unos contratos hechos de forma absolutamente desventajosa, injusta y bajo presión, que consagra el sistema de expolio neocolonial de las metrópolis norteamericanas y europeas que por lo demás no dejan realmente beneficios ni en sus países de origen, ni mucho menos en aquellos que explotan, si acaso más miseria, violación de derechos sociales, laborales y humanos, y destrucción del medio ambiente.
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